Al igual que decenas de miles de mexicanos que han firmado esa demanda, estamos a la espera de lo que determine la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Es muy posible que antes de que concluya su administración, Felipe Calderón conozca si la Fiscalía de la Corte Penal Internacional acepta abrir el juicio en su contra por los crímenes de guerra y lessa humanidad cometidos a lo largo de su sexenio en el marco de la “guerra” contra los cárteles de la droga. Antes de concluir este año, la Corte Penal Internacional resolverá si acepta la petición de enjuiciar al todavía inquilino de Los Pinos y a los integrantes de su gabinete de seguridad.
Hace casi un año, el jurista mexicano Netzaí Sandoval entregó al fiscal de la CPI, Luis Moreno, un expediente en el que se acusa los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante el último sexenio, con la intención de que se abra una línea de investigación. En el mes de marzo de este año, la CPI difundió que no se declaró improcedente dicha solicitud y que analizaba el documento que respaldan un grupo de abogados, activistas y periodistas, quienes piden un juicio penal internacional contra Calderón; Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública; Guillermo Galván Galván, secretario de Defensa; Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina, y contra el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, entre otros.
Sólo con abrir el análisis preliminar sobre el caso mexicano, la Fiscalía señalaría la responsabilidad de la administración calderonista respecto a los más de 70 mil civiles asesinados –otros datos arrojan más de 90 mil-, 13 mil desaparecidos, 250 mil desplazados, 30 mil infantes enrolados en los cárteles de la droga, decenas de torturados en cuarteles militares y de “falsos positivos”, que son inocentes asesinados por militares y policías federales presentados como delincuentes.
Felipe Calderón, cuya posición es más frágil ahora porque va a dejar el poder, no podrá alegar inmunidad presidencial por los que denomina “daños colaterales” de su guerra contra los narcos, toda vez que el artículo 27 del Estatuto de Roma –que rige la actuación de la Corte Penal Internacional- prevé la improcedencia (por fuero) del cargo oficial para evitar el proceso.
Será en el mes de diciembre cuando la Fiscal Fatou Bensuda decida el rumbo de la denuncia. Las preocupaciones de Calderón sobre el caso no son menores: en su oportunidad, la revista “Proceso” dio a conocer que el michoacano movilizó a elementos del cuerpo diplomático para “disolver la demanda”. Para eso se designó en la Embajada de México en los Países Bajos a dos de sus más fieles amigos para que lo protejan de “los golpes jurídicos que están por llegar”. Entre ellos se encuentra Eduardo Ibarrola Nicolin, abogado penalista egresado también de la Escuela Libre de Derecha, perdón, de Derecho.
Al igual que decenas de miles de mexicanos que han firmado esa demanda, estamos a la espera de lo que determine la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Lilia Arellano - Revista EMET
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