MÉXICO, DF, 19 de octubre (apro).- Para el gobierno de Felipe Calderón, la forma en que se atendió la tragedia minera en la mina Pasta de Conchos tiene satisfechos a los deudos de los 65 trabajadores que perdieron la vida el 19 de febrero de 2006.
Como parte del caso P-178-10, a través del que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desahoga el reclamo de los deudos de las víctimas del siniestro, el 28 de septiembre anterior se notificó que el embajador del Estado mexicano ante el organismo, Joel Hernández, expuso que los deudos están satisfechos.
“Las diversas autoridades involucradas han sido altamente sensibles y han proporcionado un seguimiento adecuado, constante y diligente al lamentable accidente”, aseguró el representante mexicano.
La organización Familia de Pasta de Conchos (FPC) y el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) dieron a conocer lo anterior para denunciar que las expresiones del emisario de Calderón Hinojosa han indignado a la mayoría de los familiares de los mineros muertos.
“La respuesta sólo busca darle un respiro a Calderón y librarlo de la declaración de admisibilidad del caso y apertura de juicio al Estado mexicano por su irresponsabilidad, pues de ninguna manera se ha reparado el daño en cuanto a lo más sensible y doloroso que representa no tener aún los restos de nuestros seres queridos luego de 80 meses de la tragedia”, expusieron las organizaciones a través de un comunicado.
El pronunciamiento del Cereal y la FPC añade que tampoco se sabe la verdad de lo ocurrido y tampoco se deslindaron responsabilidades mediante el debido proceso, por lo que calificaron la respuesta de Calderón como un despropósito.
Y es que la postura expuesta por Joel Hernández abunda en la existencia de “resultados positivos” que han “beneficiado” a las familias, por lo que éstas se encuentran preparando la respuesta pertinente a las expresiones del embajador.
La intención de las organizaciones radica en “profundizar la convicción de que la vida vale más que el carbón”.
El Cereal y la FPC recordaron que el caso se ventila en otros organismos mundiales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Ginebra, Suiza, así como en el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), con sede en Bolonia, Italia, que celebró la Primera Audiencia Temática: Violencia contra los Trabajadores.
“Un caso emblemático por su dramatismo es el de los trabajadores de la mina de carbón denominada Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México, SAB de CV (IMMSA), de Grupo México en el estado de Coahuila, quienes vieron afectados su derecho a la vida, a la seguridad laboral, a la protección judicial y al acceso a la justicia por parte de los familiares de las víctimas”, proclamó el TPP.
A lo anterior se agrega que el rescate de los cuerpos se ha negado, lo cual es imputable al Estado mexicano por no haber tomado las acciones adecuadas para proteger la vida de los mineros que trabajaban en condiciones de riesgo elevadas.
El jurado del TPP decidió condenar al Estado mexicano en sus tres niveles de organización política, federal, estatal y local, en particular a quienes han ocupado la Presidencia y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en los últimos 30 años, por haber diseñado y aplicado el modelo de relaciones laborales que motivaron la tragedia, así como a las empresas públicas y privadas y a las entidades mencionadas, responsables de las vulneraciones de los derechos, tal como se prueba en los hechos denunciados”, entre ellas a IMMSA.
El Cereal y la FPC reiteraron su llamado a la CIDH para que declare la admisibilidad del caso por la violación a los derechos humanos de los 65 mineros fallecidos y sus familias.
Como parte del caso P-178-10, a través del que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desahoga el reclamo de los deudos de las víctimas del siniestro, el 28 de septiembre anterior se notificó que el embajador del Estado mexicano ante el organismo, Joel Hernández, expuso que los deudos están satisfechos.
“Las diversas autoridades involucradas han sido altamente sensibles y han proporcionado un seguimiento adecuado, constante y diligente al lamentable accidente”, aseguró el representante mexicano.
La organización Familia de Pasta de Conchos (FPC) y el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) dieron a conocer lo anterior para denunciar que las expresiones del emisario de Calderón Hinojosa han indignado a la mayoría de los familiares de los mineros muertos.
“La respuesta sólo busca darle un respiro a Calderón y librarlo de la declaración de admisibilidad del caso y apertura de juicio al Estado mexicano por su irresponsabilidad, pues de ninguna manera se ha reparado el daño en cuanto a lo más sensible y doloroso que representa no tener aún los restos de nuestros seres queridos luego de 80 meses de la tragedia”, expusieron las organizaciones a través de un comunicado.
El pronunciamiento del Cereal y la FPC añade que tampoco se sabe la verdad de lo ocurrido y tampoco se deslindaron responsabilidades mediante el debido proceso, por lo que calificaron la respuesta de Calderón como un despropósito.
Y es que la postura expuesta por Joel Hernández abunda en la existencia de “resultados positivos” que han “beneficiado” a las familias, por lo que éstas se encuentran preparando la respuesta pertinente a las expresiones del embajador.
La intención de las organizaciones radica en “profundizar la convicción de que la vida vale más que el carbón”.
El Cereal y la FPC recordaron que el caso se ventila en otros organismos mundiales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Ginebra, Suiza, así como en el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), con sede en Bolonia, Italia, que celebró la Primera Audiencia Temática: Violencia contra los Trabajadores.
“Un caso emblemático por su dramatismo es el de los trabajadores de la mina de carbón denominada Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México, SAB de CV (IMMSA), de Grupo México en el estado de Coahuila, quienes vieron afectados su derecho a la vida, a la seguridad laboral, a la protección judicial y al acceso a la justicia por parte de los familiares de las víctimas”, proclamó el TPP.
A lo anterior se agrega que el rescate de los cuerpos se ha negado, lo cual es imputable al Estado mexicano por no haber tomado las acciones adecuadas para proteger la vida de los mineros que trabajaban en condiciones de riesgo elevadas.
El jurado del TPP decidió condenar al Estado mexicano en sus tres niveles de organización política, federal, estatal y local, en particular a quienes han ocupado la Presidencia y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en los últimos 30 años, por haber diseñado y aplicado el modelo de relaciones laborales que motivaron la tragedia, así como a las empresas públicas y privadas y a las entidades mencionadas, responsables de las vulneraciones de los derechos, tal como se prueba en los hechos denunciados”, entre ellas a IMMSA.
El Cereal y la FPC reiteraron su llamado a la CIDH para que declare la admisibilidad del caso por la violación a los derechos humanos de los 65 mineros fallecidos y sus familias.
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