MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, descartó que los resultados difundidos por las casas encuestadoras durante el proceso electoral hayan influido en la decisión de los ciudadanos que adoptaron al momento de ejercer su derecho al voto.
En sesión del Consejo General del IFE, Valdés Zurita dijo tener “la convicción de que los ciudadanos mexicanos difícilmente se dejan influir por las encuestas que se publican en los medios de comunicación, y sobre todo en materia electoral”.En el debate, que duró casi ocho horas, el Consejo General del IFE también conoció y discutió los informes sobre los avances de la investigación del caso Monex, denunciado por PAN y PRD, y el de las asociaciones civiles que presuntamente financiaron ilegalmente a Andrés Manuel López Obrador, como acusó el PRI.
En la misma sesión ordinaria se conoció también el informe de la Secretaría Ejecutiva sobre las encuestas realizadas a lo largo del proceso electoral.
En este tema se expuso que en la recta final de las campañas presidenciales, de un total de 574 encuestas publicadas, sólo en 17 casos no se reportó al IFE la metodología empleada y, en nueve casos más, se dio vista a las autoridades por la probable violación a la ley por difundir resultados en periodo de veda o minutos antes de lo permitido.
Sin embargo, el debate más agudo se produjo alrededor del informe sobre los avances de la investigación relacionada con el supuesto financiamiento ilegal del PRI a través de las tarjetas emitidas por el Grupo Financiero Monex.
Los representantes de los partidos que integran el Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento ciudadano), junto con el PAN, insistieron en que el caso se resuelva antes de la calificación de la elección presidencial por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Ante la postura del Movimiento Progresista y del PAN, cuyos representantes destacaron las contradicciones del PRI para justificar la existencia de esas tarjetas, los priistas respondieron que todo está explicado en el informe que remitieron a las autoridades electorales.
Sebastián Lerdo de Tejada, representante del PRI ante el IFE, expuso que en el escrito que presentaron como parte tercera interesada en el juicio de inconformidad impulsado por el Movimiento Progresista para demandar la invalidez de la elección se da respuesta puntual a todos los señalamientos de los partidos que lo acusan de financiamiento ilegal.
Mientras la izquierda y el PAN advertían de la gravedad de sancionar una elección presidencial sin antes dilucidar el origen de los recursos, PRI y PVEM descalificaron esos señalamientos afirmando que no son más que recursos mediáticos para presionar y chantajear a las autoridades electorales.
El diputado perredista Guadalupe Acosta reprodujo declaraciones de los priistas Luis Videgaray y de Jesús Murillo Karam, el primero negando la existencia de las tarjetas y el segundo reconociendo su uso para pagar a sus representantes de casillas el día de la jornada electoral.
Enseguida los priistas afirmaron que en realidad esos gastos fueron para la operación ordinaria del partido y no se pueden acreditar como gastos de campaña.
Por su parte, los consejeros electorales Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova y el consejero presidente Leonardo Valdés defendieron la actuación del IFE, y reiteraron que debido a la reserva que impone la ley no se puede adelantar más sobre el resultado de las investigaciones.
Agregaron que la Unidad de Fiscalización trabaja intensamente, de manera seria y profesional, y todos los resultados que va obteniendo los está compartiendo con el TEPJF.
Ante la insistencia de que las investigaciones concluyan antes de la calificación, los consejeros señalaron que sería más grave apresurarse, no llegar al fondo del asunto y agotar todas las líneas de investigación en el principio de exhaustividad, por lo cual rechazaron fijar una fecha para concluir las investigaciones.
Previamente se debatió el informe sobre el avance de las investigaciones de la queja presentada por el PRI en contra de las asociaciones civiles que supuestamente financiaron de manera ilegal las aspiraciones presidenciales de Andrés Manuel López Obrador.
En este punto, los priistas insistieron en demandar que la autoridad sea exhaustiva y recurra a las autoridades bancarias y fiscales para determinar si hay algún delito que perseguir.
La respuesta de los perredistas fue que han entregado y están dispuestos a dar toda la información que les soliciten, incluyendo las declaraciones fiscales de López Obrador, y conminaron a Enrique Peña Nieto a hacer lo propio.
También consideraron que es un asunto viejo que ya ha sido tratado reiteradamente en el IFE y que los priistas lo pusieron sobre la mesa para tratar de responder ante el caso Monex.
Sobre las encuestas publicadas durante el proceso electoral el debate se centró en la influencia que tuvieron en los resultados y en la necesidad de regularlas para el futuro.
Mientras los representantes del Movimiento Progresista reiteraron que fueron determinantes, tanto como para ser uno de los agravios centrales en el juicio de inconformidad, Valdés Zurita participó directamente en el debate y dijo tener la convicción de que los ciudadanos mexicanos difícilmente se dejan influir por las encuestas.
No obstante, el diputado perredista Guadalupe Acosta Naranjo recordó que los propios encuestadores han reconocido que se equivocaron y ante ello no es válida una simple disculpa ya que, en su opinión, se utilizaron como propaganda electoral.
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