El Ejército prefiere a los criminales muertos que encarcelados: periodista

La experiencia de ejercer por años el periodismo permite a Abisaí Jasiel Rubio Curiel afirmar que escribir las palabras tráfico o “narco” puede costar la vida a comunicadores. A la izquierda, un militar vigila los alrededores de un narcorancho, cerca de Monterrey Foto Reuters

Hay testimonios de que en ocasiones dan el tiro de gracia a los presuntos delincuentes
Los comunicadores se encuentran entre dos fuegos por el combate gubernamental a los narcotraficantes y la violencia del narco

Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada
Viernes 30 de diciembre de 2011, p. 2
Nuevo Laredo, Tamps., 29 de diciembre. Es difícil ser periodista en México y cubrir la guerra contra el narco, particularmente en la zona fronteriza. Abisaí Jasiel Rubio y Antonio Neftalí Gómez, agredidos por elementos del Ejército, lo saben y sufren los estragos de estar situados entre dos fuegos: la violencia del Estado y la del crimen organizado.

Hace año y medio acudieron a cubrir una movilización militar relacionada con la narcoguerra en la autopista. Fueron los primeros en llegar, se situaron en la vía pública, pero tres soldados se abalanzaron sobre ellos, los agredieron física y verbalmente, y les rompieron la cámara fotográfica. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la entidad con más demandas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con más de 20 mil expedientes de queja durante 2011.

El ataque a los periodistas fue documentado gráficamente y eso ayudó para que la CNDH asumiera el caso, aunque tardó 18 meses en emitir la recomendación 60/2011, dirigida a la Sedena, por agravio y violación a los derechos humanos: “Hemos sentado un precedente. Afortunadamente lo podemos contar. Los soldados que nos golpearon y encañonaron en ningún momento mediaron palabra”, dice Abisaí Jasiel Rubio Curiel, director de la empresa de medios Rubios News.

Por segundo año consecutivo, México fue señalado como el país más peligroso para ejercer el periodismo, según el reciente informe de Campaña Emblema de Prensa (CEP), organización no gubernamental con estatuto consultivo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que sitúa en 12 los periodistas asesinados en este país durante 2011.

Sangre, plumas y grabadoras

En Nuevo Laredo reina la paz del narco con decenas de muertos. El silencio y la autocensura son la constante. Los asesinatos de periodistas tienen imágenes de barbarie, como la decapitación de María Elizabeth Macías, cuyo cuerpo fue dejado en el Monumento a Colón y su cabeza encima de una esfera de cemento junto a un teclado de computadora con el mensaje: “Esto me pasó por mis acciones, por informar a Sedena y Marina... Zzzzz”.

La historia de atrás del asesinato de La Nena de Nuevo Laredo, seudónimo que utilizaba Elizabeth Macías Castro, no fue publicada en los medios locales. El miedo y las amenazas han provocado silencio y autocensura: “Fue una intimidación para todos. Nosotros usamos nuestro nombre y apellido, tenemos familia, hijos, esposa y nos tienen plenamente identificados. Nos ubican. Saben a qué colegio van nuestros hijos, saben dónde vivimos... Si eso les pasa a los que escriben con seudónimo, nosotros somos un blanco más vulnerable”, dice Rubio Curiel.

Elizabeth Macías Castro tenía 39 años, madre de un pequeño. Había trabajado en El Mañana de Nuevo Laredo y posteriormente se incorporó como jefa de redacción del diario Primera Hora, propiedad del alcalde Benjamín Galván Gómez, y era administradora del portal Nuevo Laredo en vivo. El periódico era utilizado para dar “pitazos” a los militares, policías y marinos sobre acontecimientos relacionados con la lucha por la plaza, actualmente en poder de Los Zetas.

Trece días antes aparecieron un hombre y una mujer de 28 y 25 años, respectivamente, colgados de un puente peatonal ubicado en la carretera al aeropuerto y Los Mayas. Ambos escribían en blogs sobre actividades del crimen organizado, concretamente en las páginas web Al rojo vivo y El Blog del narco.

“Es muy difícil la cobertura de la guerra contra el narco, porque los periodistas no tenemos garantías. Por un lado estamos a merced del crimen organizado y por el otro lado de la violencia del Estado. Quedamos en medio de un fuego cruzado”, comenta Rubio Curiel y afirma que los criminales tiene sus propios métodos para identificar a los periodistas, aunque usen seudónimo.

Añade: “Ellos tienen un equipo de contrainteligencia, así como el gobierno lo tiene. Ellos investigan e identifican los IP que toda computadora tiene y de allí ubican a los periodistas. También van metiendo infiltrados en el gremio, que después delatan a los compañeros”.

El pasado 9 de noviembre apareció muerto otro bloguero a quien se identificó únicamente como El rascatripas. Los “tuiteros de los hashtags del noreste de México” se pronunciaron en un manifiesto contra los asesinatos: “Somos un grupo de ciudadanos de buena fe que pretendemos hacer algo para protegernos y proteger nuestra comunidad ante tanta violencia y que, ante la nula comunicación que hay por parte de las autoridades, municipales, estatales y federales respecto a informarnos de actos violentos, en el momento oportuno, nosotros nos vemos precisados a cubrir ese vacío, ese silencio”.
Durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón han sido asesinados 87 periodistas, 17 permanecen desaparecidos y una veintena ha decidido exiliarse en los dos meses recientes. Organizaciones de protección a los informadores, como Artículo 21, han señalado que 60 por ciento de las agresiones contra los comunicadores provienen del Estado. Reporteros Sin Fronteras ha advertido en su último informe la situación límite que vive esta actividad profesional en México: “Son crímenes cada vez más abominables. No se vislumbra ninguna salida al terror, mientras el país se hunde en una guerra total, en la que tan sólo escribir las palabras ‘tráfico’ o ‘narcos’ puede costar la vida. ¿Qué quedará de la libertad de información mientras duren la barbarie y la impunidad?”

En el caso de Tamaulipas, dice Rubio Curiel, es peor, porque, según los informes de organismos como la ONU, es el único estado de América Latina donde no hay oportunidad de ejercer el periodismo libre: “Así lo estamos viviendo todos los periodistas y todos los medios. Se reportea con la autocensura y autoprotección. Tenemos nuestros limitantes, sabemos qué podemos hacer y qué no, para no poner en riesgo nuestra vida, pero hay que autocensurarse para sobrevivir. No hay otra forma. Es autoprotección. ¿A quién recurrimos? ¿Al Ejército? Son ellos los que nos agreden. ¿La policía? No hay policía municipal, no tenemos quien pueda garantizar mis derechos constitucionales para ejercer la libertad de expresión”.

Más de 90 por ciento de los asesinatos de periodistas en México no son resueltos, y añade: “No hay voluntad política para resolver los casos. Cuando matan un periodista dicen que fue porque tenía un amante, era homosexual, usaba drogas o debía dinero. Enlodan a los compañeros para evadir la responsabilidad del Estado”.

“Nos ven como enemigos”

La agresión contra los periodistas de Nuevo Laredo documentada por la CNDH fue aceptada gracias a la existencia de tres videos que ofrecen de manera detallada la violencia de los soldados. Rubio Curiel los va mostrando uno por uno y advierte: “Nos ven como enemigos y se van sobre nosotros. Aquí ha sido recurrente agravio hacia los reporteros: no nos permiten grabar. Los militares no está preparados para tratar a los periodistas. No ponen un acordonamiento en las escenas del crimen. Por un lado existen las amenazas y por el otro las agresiones, y no podemos ejercer un periodismo real en estos tiempos, porque ni un bando ni otro en esta guerra nos permite actuar o realizar nuestra función”.

Y hay algo más, comenta: “El Ejército prefiere a los delincuentes muertos, antes que mantenerlos en la cárcel. Ahorita están disparando a matar, los acribillan e incluso hay testimonios de cómo les dan el tiro de gracia”.

Añade: “El otro día un vehículo que era perseguido por soldados donde iban cinco personas se impactó en una casa del Infonavit; entraron por una ventana y las paredes les impedían salir, no podían abrir las puertas. Entrevistamos a la señora de la casa y nos dijo que los jóvenes gritaban: “nos rendimos, nos rendimos”, pero los soldados les dispararon hasta que acribillaron a los cinco dentro de la camioneta. Los mataron. Actualmente la ley de los militares es clara: si es delincuente, mátalo. Cuesta menos muerto que vivo. Primero matan, luego averiguan. Y no quieren que informemos eso”.

La relación entre los periodistas que cubren la narcoguerra y el Ejército esta llena de roces, agresiones y amenazas: “El hecho de que lleguemos los limita”.

El otro periodista agredido por los militares hace año y medio, Neftalí Antonio Gómez, de Radio Voz, cuenta que tras los golpes llegó una frase contundente de uno de los soldados sin identificar: “Ya valiste madre”, me dijo y me encañonó. Me temblaron las piernas y las manos. Sentí miedo, de hecho pensé que iba a morir. Me sometieron y me tiraron al piso, me quitaron la grabadora y la lanzaron contra el pavimento. La quebraron. No se por qué me agredieron. Los periodistas sólo tenemos cámaras, grabadoras, plumas y micrófonos, no vamos armados”.

Tiene 23 años y cuestiona el hecho de que las fuerzas de seguridad del Estado se nieguen a identificarse y anden con capucha: “Antes veía al Ejército y me sentía seguro. Ahora los ves y no sabes si te van a cuidar o agredir. Nosotros los respetamos, pero ellos no respetan a los periodistas. Lo único que pedimos es que nos dejen trabajar, que haya libertad de expresión, de información, de prensa. Nosotros sí andamos identificados, ¿cuál es el problema?”