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Humberto Moreira, actual presidente nacional del PRI. Foto: Octavio Gómez |
MÉXICO, D.F. (apro).- A propuesta del legislador panista y excandidato a gobernador, Guillermo Anaya, el Senado aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue y consigne a los responsables de la ‘megadeuda’ de Coahuila, alentada durante la gestión de Humberto Moreira, actual presidente nacional del PRI.
La propuesta, considerada de “urgente resolución”, contó con el apoyo de las bancadas de PAN y PRD, y una tibia defensa de los legisladores priistas.
También aprobaron que la Auditoría Superior de la Federación realice una investigación sobre los 33 mil 867 millones de pesos asumidos como deuda pública estatal y que deberán ser pagados con recursos provenientes de las aportaciones federales.
El Senado también solicitó a la PGR que informe si ejerció en tiempo y forma la acción de anticonstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de la Ley de Deuda Pública de Coahuila, publicada el 7 de agosto de 2011.
“Los montos de la deuda autorizados por el Congreso del estado fueron mucho menores al monto de la deuda contraída por Moreira, lo que implica una clara violación a las normas constitucionales y legales que nos rigen en materia de empréstitos”, afirmó Anaya Llamas.
Al enterarse de la discusión sobre este punto, el dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, afirmó que “es un asunto de quien perdió en Coahuila, del senador Anaya, el cuñado del hermano de Sergio Guerrero, El Grande, el narcotraficante. ¿Saben la historia?”.
En improvisada rueda de prensa, Moreira afirmó que, además del presunto vínculo de Anaya con El Grande, existe “un resentimiento por parte de él por la derrota penosa que sufrió en el estado de Coahuila; ahí se vivió una campaña negra muy intensa y, a pesar de eso, quedó en la lona, no ganaron un solo distrito local. Y es parte de esa campaña. Yo no tengo mayor comentario”.
Durante el debate en el Senado, el perredista Pablo Gómez consideró que “mal haría” la Cámara alta si no se ocupaba del caso y señaló que es necesario agilizar las averiguaciones, “porque aquí los escándalos duran mucho y las autoridades no responden con la velocidad que se requiere”.
El petista Ricardo Monreal aseguró que en este caso se configuran varios delitos, como peculado, enriquecimiento ilícito y ejercicio indebido de funciones, pero “nada se hará” porque está de por medio la negociación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, entre el gobierno de Felipe Calderón y el PRI.
“Si hubiera justicia y rendición de cuentas, se procesaría a Moreira y los responsables, ya que no debieron haber presentado documentos falsificados para documentar la deuda reconocida de 7 mil millones de pesos a 33 mil millones de pesos”, afirmó Monreal.
Al argumentar en contra, el priista Francisco Arroyo Vieyra dijo que algunos planteamientos del punto de acuerdo son “ociosos”, porque ya se venció el plazo para interponer una controversia constitucional, se han abierto averiguaciones y el Congreso de Coahuila avaló las autorizaciones sobre la deuda estatal.
Arroyo argumentó que no le corresponde al Senado “linchar a nadie”, por lo que convocó a no hacer de esta discusión una “venganza política”.
También aprobaron que la Auditoría Superior de la Federación realice una investigación sobre los 33 mil 867 millones de pesos asumidos como deuda pública estatal y que deberán ser pagados con recursos provenientes de las aportaciones federales.
El Senado también solicitó a la PGR que informe si ejerció en tiempo y forma la acción de anticonstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de la Ley de Deuda Pública de Coahuila, publicada el 7 de agosto de 2011.
“Los montos de la deuda autorizados por el Congreso del estado fueron mucho menores al monto de la deuda contraída por Moreira, lo que implica una clara violación a las normas constitucionales y legales que nos rigen en materia de empréstitos”, afirmó Anaya Llamas.
Al enterarse de la discusión sobre este punto, el dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, afirmó que “es un asunto de quien perdió en Coahuila, del senador Anaya, el cuñado del hermano de Sergio Guerrero, El Grande, el narcotraficante. ¿Saben la historia?”.
En improvisada rueda de prensa, Moreira afirmó que, además del presunto vínculo de Anaya con El Grande, existe “un resentimiento por parte de él por la derrota penosa que sufrió en el estado de Coahuila; ahí se vivió una campaña negra muy intensa y, a pesar de eso, quedó en la lona, no ganaron un solo distrito local. Y es parte de esa campaña. Yo no tengo mayor comentario”.
Durante el debate en el Senado, el perredista Pablo Gómez consideró que “mal haría” la Cámara alta si no se ocupaba del caso y señaló que es necesario agilizar las averiguaciones, “porque aquí los escándalos duran mucho y las autoridades no responden con la velocidad que se requiere”.
El petista Ricardo Monreal aseguró que en este caso se configuran varios delitos, como peculado, enriquecimiento ilícito y ejercicio indebido de funciones, pero “nada se hará” porque está de por medio la negociación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, entre el gobierno de Felipe Calderón y el PRI.
“Si hubiera justicia y rendición de cuentas, se procesaría a Moreira y los responsables, ya que no debieron haber presentado documentos falsificados para documentar la deuda reconocida de 7 mil millones de pesos a 33 mil millones de pesos”, afirmó Monreal.
Al argumentar en contra, el priista Francisco Arroyo Vieyra dijo que algunos planteamientos del punto de acuerdo son “ociosos”, porque ya se venció el plazo para interponer una controversia constitucional, se han abierto averiguaciones y el Congreso de Coahuila avaló las autorizaciones sobre la deuda estatal.
Arroyo argumentó que no le corresponde al Senado “linchar a nadie”, por lo que convocó a no hacer de esta discusión una “venganza política”.
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