José Antonio Román
Periódico La Jornada
Martes 6 de septiembre de 2011, p. 9
Al menos 75 mil jóvenes están enrolados en las filas del narcotráfico y forman su “brazo armado”. No hay políticas públicas integrales para atenderlos, lo cual debiera ser considerado “estratégico” en el desarrollo del país. Son un sector excluido y marginado. Están en un “marasmo”, en parte porque desconocen sus derechos y, así, no pueden reclamarlos.
Lo anterior fue señalado en el encuentro Los derechos humanos de las juventudes actuales, en el que intervinieron especialistas en esas materias, representantes de organismos no gubernamentales y el ombudsman del Distrito Federal, Luis González Placencia.
Se afirmó también que ante el descrédito y la carencia de ética en la política, así como por la enorme impunidad existente en el país, los jóvenes han perdido interés en los asuntos públicos.
Carlos Alberto Cruz Santiago, de Cauce Ciudadano, señaló que del total de jóvenes enrolados en el narcotráfico, 24 mil son “milicianos” del cártel de Sinaloa, 17 mil están en Los Zetas y 7 mil 500 en La Familia Michoacana. Los demás están en otros grupos.
En el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Cruz Santiago agregó que esas cifras fueron obtenidas en el trabajo de campo que Cauce Ciudadano y otras ONG realizan permanentemente en las calles. “Esa es la realidad que vemos en cada región, y también en el país”.
Por ejemplo, agregó, los cinco presuntos responsables del incendio del casino Royale son jóvenes. La sociedad excluye y margina a ese sector de la población, no le da opciones.
Las maquiladoras y empresas de outsurcing “son sistemas de explotación” a los que se pretende integrar a algunos jóvenes, además de que no hay espacios en el sistema educativo.
“Estamos asesinando a la juventud”, en medio de la guerra que el gobierno federal ha declarado al narcotráfico y el crimen organizado, afirmó, y propuso crear juzgados especializados en la atención de jóvenes.
Patricia Galeana, historiadora e investigadora de la UNAM, cuestionó la falta de políticas públicas integrales para atender a ese sector de la población, identificado en documentos de Naciones Unidas como “estratégico” para el desarrollo nacional.
México, apuntó, está perdiendo el llamado bono demográfico, que llegó a su clímax, ya que en este momento tiene el mayor número de jóvenes en toda su historia. Actualmente 37 por ciento de la población tiene entre 15 y 29 años de edad.
Se refirió a encuestas de la UNAM y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revelan, por un lado, que muchos jóvenes no están dispuestos a trabajar toda su vida para vivir en la pobreza, por lo que observan otras opciones y actividades, incluso ilegales; por otro, que un grupo también grande acepta la tortura y la pena de muerte en contra de los delincuentes, o prefieren la seguridad a la libertad. En ningún caso hay interés por asuntos públicos.
González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), sostuvo que hoy la sociedad no genera condiciones ni opciones viables para los jóvenes.
Nashieli Ramírez Hernández, consejera de la CDHDF, señaló que ante la falta de oportunidades, entre muchos jóvenes se hace cada vez más fuerte la idea de que “lo importante es lo que puedo tener aquí y ahora, cómo puedo vivir bien, aunque sea temporalmente”.
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