Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Viernes 30 de septiembre de 2011, p. 43
Lizbeth Escandón está entre los trabajadores públicos que fueron víctimas del fraude de una empresa constructora y ahora es acusada y perseguida por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) por haber obtenido un “crédito en demasía” que el mismo organismo le autorizó; gana mil 500 pesos a la quincena y le descuentan 50 por ciento de su salario por el crédito
Raymundo está en igualdad de condiciones sólo que es discapacitado. Los funcionarios que lo atendieron cuando acudió a denunciar su caso le dijeron: “pues vende chicles o a tus familiares, porque tienes que pagar”. Ellos son dos entre los 4 mil 500 casos de defraudados que marcharon ayer al Fovissste en busca de una solución.
Tras varias horas de mitin, los atendió Ernesto Ampudia, subdirector jurídico del Fovissste, pero en la reunión no se lograron acuerdos, lo único que se les ofreció a los trabajadores es que se establecería una “mesa de trabajo” para revisar el asunto.
Los afectados demandan un acuerdo para que les descuenten 30 por ciento de su salario, y no 50, como viene haciendo el Fondo; que sus deudas se vayan a 30 años y que paren los encarcelamientos de estos trabajadores que, por tanto, pasaron de víctimas a indiciados.
Además, varios de ellos han denunciado que les han hecho perdedizos uno o dos años de sus pagos; que sus deudas no corresponden al valor de los inmuebles que les vendieron y que van a continuar movilizados.
Ayer por la tarde acudieron a la Cámara de Diputados a entrevistarse con legisladores y la próxima semana van a marchar a la residencia oficial de Los Pinos para pedir audiencia con el Presidente.
De la reunión de ayer en el Fovissste, Mario Sánchez indicó que los funcionarios no plantearon ninguna solución, debido a que hay fraude en algunos casos, pero continuarán descontándoles el equivalente a 50 por ciento. Al respecto, los trabajadores argumentaron que hubo fraude, pero contra ellos, ya que “las constructoras los engancharon en la compra de los inmuebles, y el Fovissste aprobó los créditos”.
Sánchez explicó que los trabajadores no aceptaron la revisión caso por caso, porque así los van a dividir y desmovilizar, y quieren una solución integral, nombrando una comisión investigadora para que con base en avalúos se revise la situación de estos créditos.
El pliego petitorio que entregaron al Fovissste y que llevarán hoy a Los Pinos, es para que se detengan las denuncias y procesos jurídicos, y no se criminalice más a los trabajadores al servicio del Estado, porque “no somos delincuentes”.
También exigen respeto a las condiciones crediticias que estipulan las escrituras públicas, y que se les descuente 30 por ciento de su salario con un plazo de 30 años; y auditoría externa e imparcial para que pague y se castigue a quien se llevó el dinero.
Se niegan a la restructuración unilateral de los préstamos, piden que se investiguen las constructoras y solofes que participaron en estos créditos, se hagan públicos los nombres de las mismas y que el trámite para obtener un crédito sea directo entre el derechohabiente y el Fovissste.
Las historias son muchas, entre los casos está el de una empleada a quien le quitan 50 por ciento de su salario. Si bien es un caso extremo, su hija padece hidrocefalia por lo que prácticamente no le queda en la quincena más que para los pasajes y “medio comer”, según expuso.
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