Por Lilia Arellano
El mejor posicionado será candidato
Morena, única esperanza para México
Urge desmantelar a Estado policíaco
Analizan restringir el ”fuero militar”
Ejecutan en Texas a Humberto Leal
“El que renuncia a un derecho, solamente se quita de en medio para poder gozar del mismo sin impedimento de su parte”.-
Thomas Hobbes
Pasado y futuro se fundieron en el último día de gira de Andrés Manuel López Obrador por municipios de Tabasco. El principal líder opositor del país desmintió a Felipe Calderón quien sostuvo que fue después de la votación presidencial del 2006 cuando dialogó con Elba Esther Gordillo y negoció cederles posiciones en la administración federal. El tabasqueño aseguró que la dirigente vitalicia del SNTE y el entonces candidato presidencial panista pactaron un fraude electoral días antes de las elecciones federales. También el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) confirmó que respetará el acuerdo con Marcelo Ebrard para que quien esté “mejor posicionado” será el candidato de las fuerzas progresistas” para la elección presidencial del 2012, y rechazó que se vaya a encaprichar con la candidatura presidencial.
La guerra de lodo entre la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, y su antiguo colaborador Miguel Ángel Yunes Linares, ex director general del ISSSTE y ex candidato del Panal —la patente de corso política de la chiapaneca— al gobierno de Veracruz, fue tema principal durante los recorridos de López Obrador por la geografía tabasqueña. Durante una conferencia de prensa en Villahermosa, señaló que el acuerdo entre Calderón y Gordillo no fue después de los comicios presidenciales sino “fue unos días antes y el acuerdo tuvo que ver con el fraude electoral. Calderón está mintiendo como siempre”. Explicó que “ese arreglo fue el fraude electoral, pero no fue para que Elba llamara a votar a sus simpatizantes por Calderón, sino fue para que le ayudara en el fraude electoral, porque Elba Esther tenía el control del IFE, del área en donde se podían cambiar a los representantes de casillas, como lo hicieron”.
Antes de iniciar su recorrido por los municipios de Comalcalco y Paraíso, el aspirante presidencial de izquierda recordó que el actual inquilino de Los Pinos y Elba Esther armaron la estrategia de fraude a través del relevo previo de los funcionarios de casilla por maestros, los cuales recibieron la instrucción de favorecer a Calderón. Eso en cuanto a la pasada elección presidencial, y en cuanto a la próxima López Obrador reiteró que si no está bien posicionado rumbo a la elección de 2012 “no me voy a encaprichar porque yo no lucho por cargos, lucho por ideales, lucho por principios”.
El dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) recalcó que respetará el acuerdo existente entre Marcelo Ebrard y él, de que el candidato de las fuerzas progresistas “será el que esté mejor posicionado”. López Obrador sostuvo que busca la transformación del país y anunció que pretende encabezar la cuarta transformación de la vida pública de México, después de la Independencia, la Reforma y la Revolución. Durante un mitin que encabezó en Macuspana, confirmó que el Morena será formalizado como asociación civil a fin de transformarla en una organización “más amplia e incluyente”. Aseguró que “vamos a terminar de constituir este movimiento, que es la única esperanza y lo digo sin temor a equivocarme, convencido que es la única esperanza para millones de mexicanos, sobre todo para la gente humilde y pobre de nuestro país”.
Sobre su principal adversario, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, dijo que es evidente que Televisa quiere dejarlo en la Presidencia de la República. Explicó que “han venido introduciendo a Peña Nieto al mercado como se introduce un producto chatarra, ellos son los que lo inflaron. La campaña publicitaria de Peña Nieto la diseñan los técnicos de Televisa”. Por su parte, Enrique Peña Nieto, después de los pasados comicios en cuatro entidades donde su partido barrió a sus adversarios, se siente en caballo de hacienda rumbo a Los Pinos. Este jueves se reunió con su ejercito político, 150 diputados federales y locales y ediles priístas de todo el país. Desde la Casa de Gobierno, en Toluca, el mandatario mexiquense pidió a los cuadros priístas construir un pacto interno para evitar la ruptura en la elección del candidato a la Presidencia, realizar alianzas con la sociedad civil y ganar las elecciones en 2012.
Entre los asistentes a este cónclave destacaron el coordinador de la mayoría priista en la Cámara baja, Francisco Rojas, los senadores Jesús Murillo Karam, Pedro Joaquín Coldwell, Francisco Arroyo, Carlos Jiménez Macías, Ramiro Hernández, Alejandro Moreno, Adolfo Toledo, Socorro García y Norma Esparza. También estuvieron legisladores del PVEM. La mayoría de los presentes portaban un gafete y una credencial que les acreditaba como integrantes de una asociación civil denominada Expresión Política Nacional, cuyas siglas coinciden con las del Enrique Peña Nieto, y que coordina el diputado federal mexiquense Jesús Alcántara.
ALTO A ESTADO POLICIACO
Todo parece indicar que están dadas las condiciones para detener la construcción del Estado policíaco que con tanto esmero ha ido fabricando el calderonato en el país. El respaldo popular a la administración federal que encabeza Felipe Calderón está en su mínima expresión, como lo demostraron los comicios locales pasados en cuatro entidades. El calderonato está en retirada y alista no sólo maletas sino tiende puentes para garantizar impunidad a sus principales miembros, quienes de aplicarse la ley deberían estar tras las rejas. El cambio está a la vista y la única duda es si se tratará de una regresión o de la inauguración de una nueva etapa histórica para el país. Sea como fuere, condición básica para asegurar la transformación y el progreso del país será la reinstauración del Estado de derecho, quebrado, violado y destruido por el segundo gobierno surgido de las filas de Acción Nacional.
Importantes batallas se han librado en las últimas semanas en ese sentido, que se han pretendido acallar con escándalos mediáticos en donde ha abundado el lodo lanzado por antiguos cómplices y hoy enfrentados por la defensa de sus intereses y sus patentes de corso. Con todo, prevalece la instrucción al interior de los partidos de legalizar lo ilegal en la estúpida e irregular guerra contra los cárteles del narcotráfico declarada por el inquilino de Los Pinos, luego de la firma del “Plan México” o “Iniciativa Mérida”, que ha bañado de sangre al país y regado decenas de miles de muertos, de los cuales hasta su identidad se desconoce en la mayoría de los casos. El respeto a los derechos humanos en este proceso se desconoce y los ejemplares de la Constitución que los garantiza han sido utilizados sólo como combustible en las hogueras militares y policiales.
Y aunque el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, sostenga que la protección de los derechos humanos “es una prioridad” para el Poder Judicial Federal, al reunirse con Navi Pillahy, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la realidad es que esa es una tarea aún pendiente para las autoridades judiciales del país. Todo mundo tiene conocimiento de la impunidad que caracteriza hasta ahora los delitos cometidos por elementos de las fuerzas armadas, por lo que es indispensable que los casos sean investigados fuera de la justicia castrense. En el Congreso de la Unión, en la Cámara baja, se encuentra a revisión el proyecto de predictamen de la Minuta de Reformas a la Ley de Seguridad Nacional, en el que se precisa que los delitos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas en contra de algún civil, serán sancionados por los tribunales civiles.
Al mismo tiempo, al cierre de estas líneas, el Pleno de la Corte analizaba y discutía sobre las obligaciones que generó para el Poder Judicial la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Rosendo Radilla. Sobre el particular, la organización Human Rights Watch (HRW) llamó a los ministros de la Corte para que en ese debate sobre el “fuero militar” se resuelva conforme a la sentencia de la CIDH, que pidió una reforma la Código de Justicia Militar y que los casos de violaciones de derechos humanos, sin excepción, sean juzgados en los tribunales civiles, lo que todavía está por verse en los próximos días.
La resolución a la que lleguen los togados no es de importancia menor, pues tendrán que determinar si se debe restringir el “fuero militar” como parte de las obligaciones que le impone la sentencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida en noviembre de 2008 por la desaparición forzada de Rosendo Radilla. No hay que pasar por alto que la CIDH ordenó a México modificar su Código de Justicia Militar a fin de “compatibilizar con los estándares internacionales”, tras sostener que “frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar”. En síntesis, la SCJN debe determinar sobre la relevancia de las obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos en relación con la Constitución, ese documento histórico que le es tan incómodo a la actual administración federal.
Sobre el particular, HRW instó a la SCJN a “hacer cumplir la reciente reforma constitucional aprobada por el Congreso, que reconoce a los derechos consagrados en los tratados internacionales suscritos por México la misma jerarquía que a los derechos garantizados por la Constitución”. No obstante, señala que es insuficiente la reforma propuesta por Calderón, de octubre de 2010, para modificar el sistema de justicia militar, pues sólo contempla que tres tipos de violaciones de derechos humanos —desaparición forzada, violación y tortura— sean juzgados ante autoridades civiles, mientras que la investigación y el juzgamientos de otras violaciones graves continuarían estando a cargo del sistema judicial militar. Cabe destacar que HRW ha documentado que en nuestro país, el Secretario de la Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas, por lo que “los jueces militares no gozan de la garantía de permanecer en el cargo, y podrían razonablemente temer que el Secretario los aparte de su cargo u obstaculice de otro modo su carrera profesional si emiten decisiones que éste no comparte”.
En la esfera legislativa aún no está listo el dictamen de la Minuta de Reformas a la Ley de Seguridad nacional, que comenzará a ser revisado la próxima semana, en el que se establece que los miembros de las fuerzas armadas cuyas conductas puedan ser constitutivas de delito que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales ordinarios. “Esto con estricta observancia a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad y de conformidad con los dispuesto por los artículos 13 y 133 de la Constitución”. Cabe resaltar que el artículo 13 señala que nadie debe ser juzgado por leyes privativas o tribunales especiales. “cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”. El predictamen también señala que en la intervención de las autoridades en una afectación a la seguridad interior, se establece que en toda operación de este tipo, las autoridades participantes actuarán de conformidad con las atribuciones que legalmente les corresponda, con la atención de las directrices establecidas.
VIOLACIONES, CADA VEZ MAS FRECUENTES
El nivel alcanzado por la violación a los derechos humanos trascendió las fronteras; es reprobado y recriminado por organismos y cortes internacionales, cuyos resolutivos han sido olímpicamente ignorados por el calderonato, quien una y otra vez ha recurrido a la mentira para eludirlos. La violencia ha alcanzado y arrasado hasta a los defensores de derechos humanos, 27 de los cuales fueron asesinados en el país entre enero de 2005 y mayo de 2011, como lo documentó y difundió este jueves la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Su análisis revela que ante la propia CNDH y otros organismos no jurisdiccionales se presentaron 523 denuncias por amenazas, hostigamiento y ataques contra activistas que trabajan en México, de las cuales sólo 103 llegaron a instancias judiciales, es decir, el 19.7 por ciento del total.
El reporte presentado ante la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, comprueba que las violaciones a los derechos de los activistas “son cada vez más frecuentes” y precisa que los estados donde salieron más expedientes sobre violaciones a derechos humanos fueron Jalisco, con 97 casos; el Distrito Federal, con 46; Chiapas, con 44; Oaxaca 36, y Chihuahua con 28 casos, entre un total de 523 abiertos. Las quejas van desde “amenazas, abusos, actos de hostigamiento e intimidación, y ataques a sus libertades fundamentales por parte de autoridades o agentes no gubernamentales”. Los derechos más vulnerados de los activistas que han sido puestos en situación de “vulnerabilidad”, son el de la vida, la integridad, seguridad y libertad personales, el del debido proceso, los de libertad de expresión e información, el derecho de reunión, así como la libertad de asociación, la honra y la privacidad.
Por el reporte, la CNDH pidió a la administración federal que ponga en marcha un mecanismo especial de protección a los activistas, mismo que está en construcción, y que colabore con instancias internacionales de protección. También que instruya a sus policías a que permitan a los defensores realizar sus actividades
DE LOS PASILLOS
En la prisión de Huntsville, Texas, fue ejecutado el mexicano Humberto Leal García, sentenciado a la pena capital por el asesinato de la joven Adria Sauceda en agosto de 1994. De nada valieron la cascada de apelaciones en su favor por parte de varios países, incluyendo una inusual petición por parte de la Casa Blanca por lo que podría representar para los extranjeros arrestados en Estados Unidos y los estadounidenses detenidos en el extranjero. De nada sirvieron los argumentos de las autoridades mexicanas, en el sentido de que se violaron los acuerdos internacionales sobre asistencia consular a extranjeros detenidos. El embajador de México en EU, Arturo Sarukhan, advirtió que la “ejecución viola el fallo Avena de la CIJ en 2008 y peticiones de México, organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional para detenerla y revisar el veredicto”.
El ex policía municipal Aldo Flavio Hernández Lozano y José Dolores Arroyo Chavarría, Juan Alfredo Soto Arias, alias “El Arnold” y Heriberto Martínez fueron encontrados culpables de cometer 16 homicidios y lesionar a nueve personas más en la colonia Villas de Salvárcar, el 30 de enero de 2010. Un tribunal de juicio oral, compuesto por tres jueces, determinó que “los cuatro imputados fueron coparticipes del homicidio múltiple como demostró el Ministerio Público”, por lo que ordenaron que los trasladaran al Cereso estatal en Ciudad Juárez. La jueza Catalina Ruiz Pacheco dio a conocer que el 11 de julo será dictada la sentencia e informó que se solicitaron ordenes de aprehensión contra otros participantes en la masacre. Los acusados son integrantes de la organización criminal “La Línea”, brazo armado y operativo del cártel de Juárez.
La sangre sigue corriendo a raudales en el país: en Acapulco, Guerrero, cuatro personas fueron ejecutadas, entre ellas una mujer, en diferentes hechos… En Monterrey, dos hombres fueron asesinados en una colonia al sur de la ciudad y tres más fueron detenidos en el sector Cumbres, luego de que agredieron a efectivos de la Policía Federal… En el municipio de Sabines, de esa misma entidad, policías federales detuvieron a nueve “policías-zetas”, quienes brindaban información al grupo delictivo de “Los Zetas” sobre la ubicación de autoridades e integrantes de grupos antagónicos… En la ciudad de Chihuahua, un comando armado incendió 3 tráileres, una camioneta y golpeó al velador de un patio de almacenamiento de vehículos de carga de la empresa Líneas Leos… En el Centro de Readaptación Social Varonil (ceresova) de Santa Martha Acatitla, un grupo de reos tomó el control del mismo por más de media hora, en demanda de mejores condiciones. Elementos del Agrupamiento de Granaderos de la policía capitalina ingresaron a la cárcel y sometieron a los inconformes. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reportó 46 lesionados por el motín… El Informe de Armas Ligeras 2011, elaborado por el Instituto de Estudios Internacionales y de Desarrollo de Suiza, confirma que México es uno de los principales importadores del mundo de lanzagranadas y morteros… En un spot televisivo, la administración calderonista presumió la falsa captura de Heriberto Lazcano Lazcano, alias “El Lazca”; de Ismael Zambada García, alias “El Mayo Zambada”; y de Luis Fernando Sánchez Arellano, alias “El Ingeniero”, líderes de los cárteles criminales de “Los Zetas”, de Sinaloa y de Tijuana, respectivamente. El error se difundió durante 48 horas y apenas este jueves fue corregido el material.
(lilia_arellano@yahoo.com; www.fuego-cruzado.tv; www.estadodelosestados.com.mx)
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