1. El riesgo de que a espaldas y en contra de los mexicanos se aprueben algunas de las contrarreformas urdidas por la derecha yunquista es muy grande, pues a pesar de que hay de continuo declaraciones en el sentido de que no habrá en agosto un periodo extraordinario para ello, las filtraciones de Los Pinos pretenden que ya tienen el consenso del PRI para algunas de ellas y se habla de la contrarreforma laboral y de la relativa a seguridad nacional.
2. La nueva “legislación” en materia de seguridad nacional que Calderón pretende le apruebe el Congreso abriría, como se ha señalado, la vía para crear en México el Estado policiaco de carácter totalitario en el que sueñan los panistas en previsión de la crisis social que los tecnócratas neoliberales advierten como consecuencia del colapso de la economía mexicana, uncida al desastre que se ve venir de las finanzas internacionales a consecuencia de la imposición del modelo neoliberal.
3. La contrarreforma calderonista de supuesta “seguridad nacional” no es otra cosa que un nuevo blindaje a los actos ilegales del Ejecutivo, pues supone aberraciones inaceptables en un régimen constitucional de derecho, que han sido descalificadas tanto por juristas como por agrupaciones defensoras de derechos humanos, y es poco probable que la mayoría de los legisladores del PRI y del PRD autoricen dicha pretensión, por la regresión histórica que significaría. Calderón demanda el establecimiento de un régimen en el cual exista una discrecionalidad absoluta del Ejecutivo para suspender de hecho las garantías individuales y una plena libertad del gobierno federal para violentar la autonomía de los estados y los municipios, la actuación del Ejército y la Marina como fuerzas policiales en un marco absoluto de impunidad y la prerrogativa presidencial de determinar cuándo se violan las garantías constitucionales.
4. El Ejército y la Marina, como todas las fuerzas policiales del gobierno calderonista, han actuado estos cuatro años en abierta violación al orden constitucional de México y violentando múltiples pactos y tratados internacionales, y lo que Felipe Calderón plantea es que se modifiquen la Constitución y las leyes de la nación nada menos que para adecuarlas al estado de ilegalidad y de violencia impune en el que han venido manifestándose marinos y militares. En otras palabras, para que las leyes se adecuen a la realidad, y se dé una apariencia de “legalidad” a la violencia criminal del gobierno.
5. Una de las mayores perversiones del actual gobierno panista, que ha depredado no sólo la vida social y la economía del país sino las instituciones de la República, la ha constituido la subordinación que ha logrado de los ministros de la Suprema Corte de Justicia no nada más en función de sus pretensiones políticas (lo que era ya un rasgo del régimen del PRI) sino llevándolos a actuar en contra de la Constitución en función de los intereses de la derecha trasnacional, lo mismo en materia de energía que de los derechos fundamentales de los mexicanos, todo con el objetivo de acelerar el desmantelamiento del Estado nacional, avalando así la legalidad prevaleciente, y eso se ve sobre todo en materia de “seguridad nacional”, en donde la Corte no actúa como una instancia de control de la constitucionalidad ni de las leyes ni de los actos del gobierno. Calderón critica todo el tiempo a los jueces de primera instancia acusándolos de corruptos, pero no se da cuenta de que los mexicanos ven sobre todo la corrupción de arriba: la que vincula a la Corte con Los Pinos.
6. El fallo impreciso y ambiguo de la Suprema Corte del 12 de julio determinando que los militares deben ser juzgados en los tribunales civiles “si violan garantías” pretende ser una respuesta a la exigencia nacional e internacional de que se termine en México la prerrogativa aberrante, que se ha ampliado de hecho, del fuero castrense, y los marinos y militares sean sometidos en todos los casos a los tribunales ordinarios, pero no lo es, como muchos han supuesto, pues busca tergiversar lo establecido en el artículo 13 constitucional, que niega la existencia del fuero en los delitos de militares contra civiles. Al no fallar con claridad la cuestión, los ministros no hicieron más que abrir la vía para que se pueda legislar en el sentido que pretende el gobierno panista: estableciendo una discrecionalidad absoluta de las autoridades para que ellas mismas puedan determinar en qué casos, durante las supuestas acciones de la “guerra contra el narco”, los militares violaron las garantías individuales.
7. La resolución busca dar respuesta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a México en 2009 tras el caso Radilla, pretendiendo que la cuestión ha sido resuelta y las normas y prácticas mexicanas son ya conformes al derecho internacional, aunque no se haya cancelado por completo la pretensión de las fuerzas armadas mexicanas de conservar todo tipo de fuero de hecho y de derecho. De ahí otro motivo más de urgencia que tiene Felipe Calderón para que el Congreso expida la nueva legislación en materia de seguridad nacional, que él exige a fin de poder hacer del “nuevo Estado” panista un Estado policial.
8. La respuesta de las fuerzas armadas ante la gravísima situación institucional creada por el inepto gobierno panista, que con sus políticas de violencia las ha llevado a actuar de manera ilegal e inconstitucional para servir a intereses extranjeros, no podía ser otra. Un grupo de altos mandos militares demandaron el miércoles 13 ante la Comisión bicameral de Seguridad Nacional del Congreso que se apruebe un marco jurídico que legalice la lucha anticonstitucional que dicen librar “contra el narcotráfico”, y que sea mucho más amplio que el de la contrarreforma calderonista que queda “muy corta” para ellos (La Jornada del 14 de julio), sin entender que amplios sectores de mexicanos se han dado ya cuenta de que lo que están haciendo es otra cosa, y fundamentalmente el crear un clima de terror en el país para someter a los mexicanos al proyecto trasnacional y para reordenar al narco en función de los intereses estadunidenses.
9. Esos militares se equivocan, pues ni soldados ni marinos deben actuar en un régimen democrático como cuerpos policiales, y mucho menos impunemente como ellos siguen pretendiendo hacerlo. El marco jurídico en materia de seguridad nacional ya existe en México y está claramente determinado por la Constitución, pisoteada en este sexenio, y basta con respetarlo, por lo que ellos deben regresar a sus cuarteles conforme al marco constitucional actual.
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