Esta ofensiva del PRI contra el gobierno se produce en medio del escándalo de supuesta corrupción de allegados al presidente de ese partido, Humberto Moreira, quien se ha mantenido oculto y ha guardado silencio sobre la súbita riqueza de sus colaboradores destapada por el Partido Acción Nacional (PAN).
La queja que el PRI presentó hoy obedece a que Calderón, el secretario de Gobernación, Francisco Blake, y el director general de Radio Televisión y Cinematografía (RTC), Álvaro Lozano, violan el artículo 41 constitucional por difundir propaganda gubernamental en el Estado de México, donde está en curso el proceso electoral.
Según la queja del PRI, presentada por su representante ante el IFE, Sebastián Lerdo de Tejada, sólo entre el 16 de mayo –cuando legalmente inició la campaña en el Estado de México– y el 2 de junio detectó la transmisión de 60 mil spots, lo que representa una difusión “desproporcionada”.
Por ello, ese partido solicitó a la Comisión de Quejas dictar medidas cautelares para que sean retirados los promocionales de las secretarías de Economía, Gobernación, Hacienda, Medio Ambiente y Seguridad Pública, así como del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y de la Presidencia de la República.
En la queja, el PRI aduce que Calderón, Blake y Lozano son “los responsables de salvaguardar el exacto cumplimiento legal en materia de radio y televisión, habida cuenta que la propaganda gubernamental que se reclama corresponde, en su mayoría, a promocionales difundidos en esos medios, relacionados con dependencias federales”.
El PRI afirma que, desde el inicio de la campaña en esa entidad, el gobierno federal difundió spots transmitidos en radio y televisión, “en un número desproporcionado, con el ánimo de comunicar logros y programas del gobierno federal en mensajes que no eran indispensables o necesarios para orientar a la ciudadanía”.
Con esto, se viola el artículo 41 de la Constitución, “pues de su contenido se desprende que difundieron logros y programas de gobierno con un afán persuasivo y de manipulación, no con fines institucionales o informativos”.
Pero, además, los funcionarios aludidos también violan el artículo 134 constitucional, que establece que los servidores públicos deben aplicar con imparcialidad los recursos públicos sin influir en la equidad de la competencia entre partidos políticos.
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