Las víctimas de la violencia generada por la guerra contra el narcotráfico tomaron la palabra en el Palacio de Chapultepec. Le reclamaron al gobierno la “falta de respeto” a las víctimas, el incumplimiento de las promesas de investigación, la corrupción en los cuerpos policiacos y ministeriales, así como un urgente cambio de estrategia, mientras el presidente Felipe Calderón expresó una larga justificación, responsabilizó a los jueces por la liberación de delincuentes y aceptó formar una comisión de seguimiento que se reunirá en tres meses.
Atenazado frente a los testimonios constantes de los familiares de las víctimas y el rosario de desaparecidos, secuestrados y asesinados, incluso por las mismas fuerzas de seguridad, Calderón en su última intervención tuvo que admitir que su gobierno “probablemente será recordado por este tema (la guerra contra el crimen organizado) y probablemente seré recordado injustamente”.
En el diálogo estuvieron presentes también la procuradora general Marisela Morales, el secretario de Gobernación, Francisco Blake, el titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quienes intervinieron para explicar y justificar los errores cometidos en las investigaciones y en la falta de respuestas.
También asistió la primera dama, Margarita Zavala, quien le escribió varias notas a Felipe Calderón. Poco después de que su esposa le pasara una nota, Calderón se levantó para abrazar a la señora María Elena Herrera, quien se quebró en el momento de relatar la desaparición de cuatro de sus hijos y le reclamó al primer mandatario la falta de atención de sus casos. Fue uno de los momentos climáticos del encuentro.
Encabezados por el poeta Javier Sicilia, quien organizó la Marcha por la Dignidad y la Justicia y le propuso este diálogo a Calderón, las víctimas que más insistieron en denunciar los errores fueron Julián Le Barón, de la comunidad menonita de Chihuahua, cuyo hermano fue asesinado; Norma Ledezma, madre de Paloma Escobar, una de las cientos de víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez, quien reprochó la fabricación de culpables y la prevalencia de la impunidad en estos casos; Salvador Campanud, representante de la comunidad indígena de Cherán, Michoacán, quien denunció la protección desde el gobierno a los talamontes; Omar Esparza, de la comunidad oaxaqueña de San Juan Copala, entre muchos otros.
Javier Sicilia, desde el inicio, pidió un minuto de silencio a las víctimas de esta “guerra atroz y sin sentido”, le dijo a Calderón: “recuerde cómo llegó al poder y pida perdón”, y concretó con el presidente un compromiso para hacer una comisión de seguimiento y crear un fideicomiso para construir un monumento con el nombre de las víctimas.
En su segunda intervención, Sicilia le criticó al gobierno federal la “pifia” en el caso de Jorge Hank Rhon, le insistió que la estrategia que ha seguido “ha sido contraproducente” y también le reprochó que Calderón piense que los “buenos están en el gobierno” y sólo los malos están afuera.
Sicilia insistió en modificar el despliegue militar y policiaco, que se impulse una ley para la protección de las víctimas, que tienen derecho a la reparación del daño; que se ataque también el lavado de dinero y que no se proteja al gobernador de Morelos, el panista Marco Adame.
Norma Ledezma, madre de una de las víctimas del feminicidio de Ciudad Juárez (Paloma Escobar) de Juárez, recordó el asesinato de Marisela Escobedo, denunció la corrupción en la SIEDO porque no ha investigado los casos de presunta trata de las desaparecidas Perla Aguirre y Yamira Frayle, entre otras. “Son las mujeres las que son violadas, las que van a la morgue a buscar a sus hijos”.
“El incumplimiento del Estado mexicano al caso del lote algodonero, habla de simulación”, subrayó Norma Ledezma, al hacer referencia a la reciente sentencia de la Corte Interamericana en uno de los casos emblemáticos de los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez. La activista señaló que en el caso de los feminicidios, como en el del crimen de los jóvenes de Salvárcar, las autoridades han metido a “chivos expiatorios”.
Ledezma insistió en la creación de un banco de ADN para todas las víctimas y de Fiscalía especiales de feminicidios en cada uno de los estados.
-¿Me puedo fumar un cigarro, señor presidente?- le preguntó Sicilia a Calderón, en el momento que el presidente explicaba su posición respecto a la despenalización de las drogas.
“La legalización de las drogas rebasa con mucho la decisión de nuestras fronteras”, insistió Calderón, quien recordó que en el Congreso ya se autorizó el consumo mínimo de una dosis de droga.
Respecto al caso de Benjamín Lebarón, Calderón mencionó que han sido atrapados los presuntos responsables de su asesinato. Julián Lebaron, su hermano, mostró su incredulidad y le reviró al primer mandatario: “el hecho es que no hay una sola persona sentenciada por el caso de mi hermano. No se burlen por la memoria de las víctimas”.
Calderón defendió lo que están haciendo en Ciudad Juárez. Mencionó que en la ciudad fronteriza han disminuido en 60 por ciento los homicidios en los últimos 8 meses y afirmó que “me duele muchísimo” el caso de los hijos de doña María Herrera, “paisana mía”.
Abundó sobre la rivalidad entre La Familia, Los Zetas y los Beltrán en Michoacán. “Los grupos se quieren adueñar de las plaza…Estoy luchando contra esos criminales. Quién va a detener a esas bandas, mi deber es enfrentarlas y no replegar a las fuerzas”, arengó.
María Herrera lo interrumpió y advirtió: “Quiero que la procuradora tome los casos de Guerrero y de Veracruz, va a encontrar ahí mucha impunidad”. Ironizó con la condecoración que recibió la procuradora en Estados Unidos y subrayó: “A mí me queda condecorar a Marisela cuando entregue a mis hijos”.
En respuesta a Francisco Blake, secretario de Gobernación que prometió revisar la sentencia del campo algodonero, Norma Ledezma afirmó: “Pueden hacer mil cosas, pero mientras no se detengan a los asesinos de las mujeres, no hay deudas saldadas”. “Los protocolos que acaba de sacar la PGR no nos sirven. Porque no lo hicieron conforme al contexto y la región”, indicó.
En su oportunidad, la procuradora Marisela Morales se lavó las manos. Respecto al homicidio múltiple de Salvárcar, indicó que hay cinco posibles responsables. Sobre el caso de Julián Lebarón, afirmó que la PGR ha consignado a otros porque el juez determinó que el caso era del fuero común.
“La responsabilidad es de los jueces porque critican las competencias”, señaló varias veces.
Omar Esparza, caso de San Juan Copala, otra víctima presente, le reviró a la procuradora “no nos insulten”. “Imagínese a la caravana que usted quisiera sumarse y los reciban a balazos”, le indicó.
Felipe Calderón también respondió a la crítica de Julián Lebarón por el mal papel de la procuraduría general. “Aquí tenemos que hacer las cosas siempre en el ambiente de derecho y de legalidad. A nosotros nos causa mucha indignación que hayan detenidos y no los podamos procesar”, abundó.
Javier Sicilia coincidió con Calderón en que el Poder Judicial es uno de los poderes “más omisos” en los casos de la delincuencia organizada, pero también le soltó:
“La estrategia que mantiene ha sido contraproducente…Señor presidente, ¿dónde están las ganancias de las estrategias?…Usted no tiene nada qué temer frente a nosotros, no estamos buscando ningún beneficio a los partidos.
“¿Tiene algo qué decir sobre la corrupción y el encubrimiento?… La pifia cometida con el caso Hank Rhon. Qué pasa con los funcionarios responsables de la guardería ABC. Nos manda mensajes de encubrimiento a criminales, desde el gobierno”.
Felipe Calderón le respondió a Sicilia: “es cierto, usted hace un reparto de responsabilidades. Tiene usted razón: los interlocutores no son los criminales, sino nosotros.
“Yo sé que este cáncer, esta plaga, ha carcomido a las instituciones, a los medios, a las iglesias. Decía José Angel Conchello que para combatir la corrupción las escaleras deben barrerse de abajo para arriba”, se justificó al hablar de la penetración del crimen organizado.
“Yo sé que muchos policías municipales están en la nómina del crimen organizado, sí, pero los jueces nos dicen que sólo existen papeles que no son valor probatorio”, se quejó el primer mandatario.
Calderón volvió a justificarse: “En conciencia ética, yo no podía hacer lo que otros. Darme esta magnífica coartada: dado que las instituciones están corrompidas, no puedo hacer nada”.
Y como si pensara ya después de su sexenio afirmó: “Probablemente seré recordado por este tema y probablemente seré recordado con mucha injusticia…Sí pude haberme hecho pato. Pero no es lo mío. Estoy dispuesto a rectificar, sí, pero en qué”.
Por primera vez, Calderón hizo una larga explicación en relación con la “pifia” cometida con el caso Hank Rhon:
“Aquí la cuestión legal: se presenta, se detiene a la persona y se le presentan las pruebas a la juez. Ella concluye que no hubo flagrancia. Hay ahí un delito: armas de uso exclusivo del ejército. ¿Ahora qué hace con esos fusiles? Dos de esas armas “pegan” con dos homicidios, gracias a la base de datos de Plataforma México”.
“Pero para los medios la “tontería” es del gobierno, no de la juez. ¡Que no valgan las pruebas! Por supuesto que me molesté mucho, no fui enterado y tomé medidas disciplinarias”, reveló.
En la última parte del encuentro, Sicilia concluyó con Felipe Calderón en formar una comisión de seguimiento que se reunirá en los próximos tres meses.
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