El aparato institucional que organiza y juzgará los comicios federales del año próximo sigue perdiendo legitimidad con precisión profesional. El Instituto Federal Electoral (IFE) se ha aplicado a conciencia a reducir los de por sí angostos márgenes de confianza que podrían quedar en ese organismo luego del sucio comportamiento que con Luis Carlos Ugalde al frente se tuvo en 2006. El actual presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, no ha tenido talla ni condiciones para superar aquel déficit y ha propiciado que la institución se enfangue en acusaciones serias y constantes de corrupción interna, sin siquiera una pizca de propuestas políticas de recuperación, allanados ya los consejeros directivos a la triste realidad de su descalificación irremontable, dedicados a gozar de sus ofensivos sueldos y privilegios, a la espera de los momentos críticos en los que habrán de poner sus cultivadas incapacidades al servicio del mando que en su momento dé instrucciones electorales. Al cuadro trágico del IFE se añade la prolongada riña interpartidista por el botín constituido por tres consejerías vacantes en las que el PRI, a como dé lugar y en pleno sometimiento al poder de Televisa, pretende imponer a una teleconsejera, Arely Gómez. De consumarse tal designación largamente impugnada, el IFE quedará expresamente convertido en una prolongación burocrática de los designios de pantalla que tan definitorio papel jugaron en 2006 en la manipulación de las percepciones de lo político y lo electoral: un IFE de Tercer Grado, en espera de la moderación, por vía familiar, de un vicepresidente de Televisa.
En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también son notables los afanes de erosión por cuenta propia. Ayer mismo, la presidenta de este organismo cumplió con las muy publicitadas quinielas que apostaban a que daría satisfacción en los salones oficiales del llamado Trife a los deseos de interesados políticos mexiquenses a los que había recibido en su casa a cenar semanas atrás, en el contexto del delicado litigio que pretendía, conforme a resolución del IFE, adjudicar sanciones al poderoso candidato virtual priísta a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, por difundir fuera del estado de México sus presuntos logros anuales. A pesar de lo negativamente sugerente que resulta que la cabeza de un órgano juzgador reciba en la intimidad doméstica y en términos de amistad a partes de un conflicto de primer nivel, la presidenta del TEPJF no se excusó de seguir atendiendo el caso e incluso se mantuvo como ponente de una salida que atiende más a la politiquería que al buen sentido jurídico, pues reconoce que hubo violaciones al código electoral con la reproducción de mensajes relacionados con el quinto informe de Peña Nieto en todo el país –excepto Tlaxcala–, pero no acepta que la responsabilidad sea de quien así es declarado una especie de intocable, EPN, sino de las empresas encargadas de esa difusión en pantallas, Televisa y Televisión Azteca (en política, todo lo que se arregle con dinero siempre será barato: multen, castiguen, reconvengan en términos administrativos y comerciales a las empresas, que seguirán siendo muy beneficiadas, pero no toquen con el peso de una sanción al candidato que reiteradamente usa las pantallas para promoverse).
Los efectos de la cena en casa de la magistrada presidenta María del Carmen Alanís solamente alcanzaron para una votación apretada: cuatro contra tres, y para una postura judicial sumamente extraña, que trata de castigar a los mensajeros (las televisoras) y no al emisor del mensaje y contratante de su publicitación destacada. Signos preocupantes que hacen recordar los momentos estelares de la abyección del poder electoral que en 2006 aceptó las graves irregularidades cometidas por Los Pinos, empresarios y otros actores para dañar a un competidor y favorecer a otro pero que acabó, ese poder electoral, convalidando los resultados ajustadísimos (según el conteo oficial siempre impugnado) que abrieron la puerta a la desgracia sexenal del gran caldero lleno de sangre.
El tramposo y casi partidista ajuste hecho anoche por el TEPJF a la previa resolución del IFE por el caso Peña Nieto fue acompañado de otra resolución equívoca. Si en el estado de México se salva al candidato y se responsabiliza a las televisoras, en el expediente de acusaciones contra López Obrador y el PT por presunta campaña electoral adelantada se decidió dejar también a salvo al candidato, pero responsabilizando al partido que le ha dado cobijo, el del Trabajo. Al aspirante radicado en Toluca se le pretende dibujar como inocente palomita que nada tiene que ver con la difusión nacional de mensajes estatales que le muestran como exitoso gobernante, y al tabasqueño en busca de su segunda postulación se le trata de clasificar como una especie de locutor encargado de leer textos que le son ajenos, una voz y figura que solamente reproduce lo que un punible partido le encaja. Imprecisiones politiqueras del citado tribunal: si el PT es culpable de adelantos, también lo sería AMLO, pero el Trife peñanietizado prefiere escalar conflictos y se queda en el plano meramente petista,
equiparandocircunstancias: salvar a los candidatos, aunque en realidad lo hace solamente con Peña Nieto, amigo de magistradas y magistrados electorales, y castigar a
los otros, televisoras y partido. Varas de medidas varias, retorcimientos jurídicos, acomodos a cuenta del cliente tricolor y daños colaterales al petismo. Justicia electoral a la carta, en cenadurías particulares que van advirtiendo con claridad el tipo de banquete que desean y los repartos a los que aspiran.
Y, mientras FC sale de noche por televisión para tratar de conjurar con rutinas oratorias la marcha encabezada por Javier Sicilia, que hoy comienza y será reproducida luego en otras partes del país para desembocar en el DF el próximo 8, ¡hasta mañana, con arreglos de alto nivel para convocar a periodos extraordinarios en San Lázaro que destraben las
reformaspendientes, entre ellas la de Seguridad Pública!
Fax: 5605-2099 •juliohdz@jornada.com.mx
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