Flavio Sosa exige a Gabino Cué la cabeza del Comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca

Por Oscar Rodríguez 
Miércoles, 06 de Abril de 2011 | 00:01
Oaxaca de Juárez.-El diputado del Partido del Trabajo (PT), Flavio Sosa Villavicencio exigió al gobernador Gabino Cué, le entregue la renuncia del Comisionado de la Policía Estatal César Alfaro.

El ex consejero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), identificó al mando, como el agente del ministerio público que estaba bajo la orden del ex Subprocurador Netolín Chávez Gallegos, mismo que maquinó el proceso penal bajo el cual fue consignado por delitos federales y confinado en el penal del Altiplano.

“Deben ser castigado por este gobierno todos los funcionarios y ex funcionarios públicos de la administración e impartición de justicia que violaron las leyes, que violaron los derechos humanos, que lastimaron nuestras garantías.

En mi caso, se violó la constitución por habernos llevado a un penal de alta seguridad”.

El legislador dijo que no debe haber dispensa, “el fue ministerio público, sabia que se trataba de un proceso irregular y si hubiera existido buena voluntad hubiera desistido de manejar el proceso.

Sin embargo no fue así y decidió firmar la consignación del expediente al juez, quien ordenó mi captura”.

Sosa, admite que se siente molesto “porque durante un año estuve prácticamente secuestrado, confinado en un lugar que no era para mi persona”.

“Me he enterado que el actual comisionado, como agente del ministerio público, fue quien me consigno, y he urgido que se investigue, para ver si el señor si incurrió en una irregularidad, que sea castigado.

No puede estar en un cargo público, una persona que violentó la ley y la constitución”.

Antes, el diputado del PT reconoció que hay grandes avances para crear una comisión de la verdad que de cauce a lo ocurrido tras la revuelta social del 2006.

“Tenemos un diálogo con el mandatario, gente que fuimos víctimas en el 2006 para que se avance en la creación de una Comisión de la Verdad.

Queremos la reparación del daño y las indemnizaciones a que haya lugar por los procesos anticonstitucionales que fueron prefabricados en nuestra contra, además de que haya castigo a los responsable de la represión de estado”.