Más corrupción de los Gómez del Campo :

ASF: en la asignación influyó un primo de Margarita Zavala

Hallan anomalías en contrato del IMSS a una trasnacionalPese a ilícitos, el convenio se otorgó dos veces a la misma firma

Enrique Méndez, Roberto Garduño y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Jueves 24 de marzo de 2011, p. 40
La discrecionalidad con la cual el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) firmó en 2007 un contrato multianual para servicios de informática con la trasnacional Tata Consultancy permitió que el precio original de 3 mil millones de pesos se inflara en 60 por ciento, explicó la Auditoría Superior de Vigilancia (ASF) a la Cámara de Diputados al revisar la licitación otorgada durante la dirección de Juan Molinar Horcasitas.

Los auditores revelaron que sólo en el primer mes de operación la compañía cobró al IMSS 420 mil horas/hombre, y que en los siguientes años de operación del contrato cada uno de los empleados debió haber laborado más de 24 horas diarias para justificar la facturación, lo cual “es material y humanamente imposible”.

Más aún, la auditoría reveló que Tata Consultancy no afilió a sus trabajadores al Seguro Social.

Desde 2009 el ex diputado federal Juan Guerra Ochoa advirtió que el contrato con Tata Consultancy constituía “el hilo de la madeja en la corrupción del IMSS”, y refirió que en la asignación a la compañía influyó directamente el titular de innovación y desarrollo tecnológico del instituto, Carlos Castañeda Gómez del Campo, primo de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón.

Guerra reprochó que el director del IMSS, Daniel Karam, buscaba dejar pasar el tiempo para que se acabara la anterior legislatura y no entregar a los legisladores copias del contrato.

Ayer, en la segunda reunión de análisis de la Cuenta Pública 2009, el presidente de la Comisión de la Función Pública, Pablo Escudero Morales (PVEM), pidió a los auditores ampliar sus conclusiones a la revisión realizada al Seguro Social.

El legislador refirió que la ASF definió que las bases de licitación tenían omisiones y fueron insuficientes, al no considerar la estimación de horas que cada empleado laboraría, “debido a que el instituto y el proveedor actuaron con discrecionalidad”.

Recordó que la ASF intervino y ordenó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) reponer el fallo, pero cuestionó que cuando se revisó el proceso, “la dependencia federal ya no le dio seguimiento al caso”.

El titular de la ASF, Juan Manuel Portal, durante la reunión con diputadosFoto Francisco Olvera
El titular del órgano fiscalizador, Juan Manuel Portal Martínez, informó que en el plan de auditorías a la cuenta pública 2010 se dará seguimiento al contrato, porque se cometieron “un sinnúmero de irregularidades en el proceso. Lo que observamos es que el mecanismo para el cálculo de las horas/hombre es poco claro y las bases se dejaron tan laxas que crearon problemas en la adjudicación”.

En la revisión se encontró que si bien el contrato se otorgaría a la empresa que presentara la cotización más baja, las bases permitían “que posteriormente se ajustara el contrato, en el cual el IMSS se obligaba a pagar 235.80 pesos por hora de asesoría”.

Además, el IMSS y Tata Consultancy no definieron qué proyectos de diseño de software requería la entidad pública, y se incluyó un mecanismo de ajuste del precio de la hora trabajada “por grado de complejidad”.

A la pregunta de Pablo Escudero, los auditores señalaron que si bien la SFP ordenó reponer el fallo, el IMSS lo volvió a adjudicar a Tata Consultancy.

Beatriz Castelán, titular de la dirección general de auditoría financiera federal de la ASF, sostuvo que la Secretaría de la Función Pública debió atender las irregularidades detectadas desde el inicio del proceso, antes de que se firmara el contrato e incluso antes de pagar las facturas a la compañía.

Explicó que el método de estimación sobre las horas/hombre que Tata Consultancy facturaría al IMSS “partía de horas básicas y de acuerdo con la evaluación de especialistas, pero no se especificaba qué tipo de especialistas. Esto incrementó el precio en 60 por ciento, pero ya le estamos dando seguimiento”.

Otro de los puntos que la Función Pública no revisó, dijo, fue que una sola persona no puede trabajar 24 horas diarias o más.