El gobierno de Felipe Calderón ha dejado en los últimos cuatro años de tomar decisiones fundamentales en materia de seguridad nacional y de política económica y social, cediéndoselas en actos de abierta traición a México al gobierno estadunidense, a cambio de que mantenga al PAN en Los Pinos, con lo que ha enajenado seriamente la independencia y la soberanía de México y el bienestar de los mexicanos, y esto no hubiese sido posible sin múltiples complicidades.
1. Los papeles del Departamento de Estado entregados por Wikileaks a La Jornada y publicados por este diario desde el 10 de febrero, han confirmado lo que aquí se había analizado y sostenido desde 2006. La “guerra contra el narco”, llamada “de Calderón”, que le fue impuesta a éste por Washington tras el fraude electoral de 2006 a cambio de avalar su imposición ilegal en Los Pinos, condujo muy rápidamente a que varias dependencias estadunidenses (las llamadas “agencias”) asumieran progresivamente funciones de gobierno y de mando en México, sin importar el marco constitucional y legal del país, y en el caso de la seguridad nacional dictaran políticas y decidieran operativos subordinando a su dictado a las fuerzas armadas, contando para ello con la sumisión de Calderón y de sus colaboradores, que no se han opuesto a ninguna de sus acciones, por lo que éstos son corresponsables de que se haya llevado a México a la violencia en un afán de instaurar aquí un “Estado fallido”,
2. El diario The New York Times, al confirmar sin ambages lo que está aconteciendo, el 16 de marzo señalaba lo que Calderón y sus colaboradores niegan todos los días: que el Pentágono y los departamentos de Justicia y de Seguridad Interior tienen agentes armados en México, realizan operaciones de vigilancia aérea y terrestre en territorio mexicano, deciden las políticas y las acciones de la supuesta “guerra contra el narcotráfico”, y que al hacerlo desde los centros “de inteligencia” que tienen en territorio mexicano ocultan información al mismo gobierno calderonista, no se diga al pueblo de México, que no sabe nada de lo que en abierta traición al país está haciendo la “clase política”, por una razón –afirma el Times, otra vez sin ambages–: porque se está violando la legalidad de México.
3. Los hechos mostraron en estos años que el gobierno de Barack H. Obama resultó más agresivo que el de George W. Bush porque desde la primera ocasión en que en 2006, aún siendo mandatario electo, recibió a Calderón, hasta la última ocasión, en la que lo convocó a la Casa Blanca, el mes pasado, el michoacano espurio fue entregando espacios de poder a Washington y aceptando que decidieran no sólo la política económica y financiera, y en consecuencia la política social, a través del FMI y la Reserva Federal, sino las políticas de seguridad y la “guerra contra el narco” impuesta por ellos, a través de sus agencias, a cambio de que lo mantuvieran como lo que es: una marioneta.
4. El caso de la designación del general Julián Leyzaola como secretario de seguridad de Ciudad Juárez el 10 de marzo es significativo de esta situación, pues el presidente municipal de Juárez afirma que el embajador Pascual aprobó su nombramiento (La Jornada de ayer), pero en los papeles de Wikileaks las autoridades estadunidenses sostienen que es un militar corrupto y despótico, que desprecia los derechos humanos, y que además tiene un arreglo con el cártel de los Arellano Félix (La Jornada del 16 de marzo), lo cual no hace más que confirmar que: a) Washington busca reordenar el mercado conforme a sus intereses, y b) que hay una voluntad deliberada de ambos gobiernos de hundir a México en la violencia.
5. El nuevo escándalo suscitado por la publicación hecha por The New York Times el mismo día 16, señalando que aviones espías de Estados Unidos (US drones) han sobrevolado impunemente el territorio mexicano desde 2009, en abierta violación al marco constitucional de México, no hace más que evidenciar de nuevo el abandono de Calderón de las funciones que asumió ilegalmente y su entreguismo creciente, así como la complicidad del PRI y de la fracción de Los Chuchos del PRD en estos actos de traición, pues el Senado no ha hecho nada a pesar de que esto se conocía desde hace tiempo, ya que la secretaria Janet Napolitano lo hizo público en julio de 2009 y Milenio Diario se ufana de haberlo publicado desde el 15 de enero, al margen de que en esta misma columna se habló repetidamente de ello.
6. El operativo Rápido y furioso, aprobado por el Departamento de Justicia, sobre el plan encubierto de Washington para introducir en 2010 de manera clandestina armas a territorio mexicano destinadas a los cárteles y a los paramilitares, hundió a la administración de Calderón en una serie de mentiras y contradicciones, pues negó primero conocer el asunto, hasta que el procurador Eric Holder dijo el día 10 que Calderón sabía todo, a lo que de Los Pinos se le replicó que creían que era un operativo limitado a territorio estadunidense (aunque se hablara de “contrabando de armas” como en el filme que dio nombre al operativo), y ahora los vuelos de los US drones hunden más a Calderón y a sus colaboradores en un mar de mentiras.
7. Las declaraciones de Alejandro Poiré, vocero de Calderón, el miércoles 16 confirmando su ignorancia constitucional y legal, constituyen una vergüenza para el país, pues confundió una charla privada del débil Calderón con Obama el 3 de marzo señalando que ahí se ultimó el acuerdo, siendo que un tratado o acuerdo internacional no puede ser válido sino cuando según el 133 es conforme a la Constitución (que no es el caso) y es refrendado por el Senado (lo que tampoco aconteció), además de que los vuelos se llevan a cabo desde hace dos años.
8. El abandono de los intereses nacionales y de los mexicanos es absoluto, lo mismo desde el ámbito estatal que del de la llamada “sociedad civil”. La cuestión no es la de no haber transitado “senderos legales” para autorizar los vuelos pues dichas vías legales no existen, lo que parece ignorarse. Hay cuestiones fundamentales que atañen a la Independencia, la soberanía y la integridad de la nación, que no pueden ser aprobadas ni “negociadas” por los poderes constituidos. Ni el Congreso ni la Suprema Corte podrían haber autorizado los vuelos, ni la intervención en México de agentes estadunidenses armados o no armados, ni que actuaran las dependencias de Washington en territorio nacional, ni que la administración de Barack Obama fuese asumiendo funciones del Estado mexicano, simplemente porque no tienen facultades para ello.
Enlaces:
Los cables sobre México en WikiLeaks
Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks
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