“El Ejército se siente cómodo al dejar que cárteles hagan la guerra”

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Según Estados Unidos, el Operativo Conjunto Chihuahua, con la participación de militares, fracasó como estrategia de seguridad pública Foto Reuters

 

Informó cónsul de EU sobre paramilitares en Ciudad Juárez

Blanche Petrich

 

Periódico La Jornada
Miércoles 16 de marzo de 2011, p. 2

Para el anterior cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Raymond Mc Grath, el inicio de la Operación Conjunta Chihuahua, en marzo de 2008, fue un despliegue militar de “bombo y platillo” que, bajo la promesa de acabar con el baño de sangre que agobiaba a la ciudad, logró abatir las cifras de homicidios en abril de ese año. “Solamente el tiempo suficiente para que los cárteles le tomaran la medida a las tácticas de los militares y reanudaran y aceleraran sus acciones violentas durante el resto del año”.

“Una percepción generalizada –dice Mc Grath– es que el Ejército se siente cómodo dejando que los cárteles de Sinaloa y Juárez hagan la guerra entre ellos por el control de la plaza y minen sus respectivas fuerzas. Como corolario, existe la teoría de que a los militares les gustaría ver que gane el cártel de Sinaloa”.
Esa es la valoración que hace en el cable diplomático 09CIUDADJUAREZ22 enviado al Departamento de Estado el 23 de enero de 2009.
En el periodo analizado en ese cable surgen grupos armados de autodefensa, “como ocurrió en Colombia en los años 90, con Los Pepes”. Según los informantes del consulado, algunos de estos elementos contratados por empresarios son zetas y tienen tratos incluso con las unidades militares.
Dos meses después, marzo de 2009, la embajada tomaba este informe como referencia para enviar un reporte confidencial al Departamento de Estado (cable 09MEXICO748) en el que analiza críticamente la escalada que el gobierno mexicano estaba a punto de ordenar para la Operación Conjunta Chihuahua, con el envío de 5 mil soldados y 2 mil policías adicionales.
En vista que la primera oleada de soldados disminuyó momentáneamente el nivel de violencia en la ciudad, una segunda fase con presencia masiva de fuerzas federales (5 mil soldados y 2 mil policías federales) “puede abrir una ventana de oportunidad para reconstruir a las fuerzas municipales que se encuentran en un estado ruinoso”, dice el analista.
Sin embargo, advierte líneas más adelante: “Esta ventana se está cerrando rápidamente, en la medida en que el gobierno local intenta crear una fuerza policiaca de 3 mil elementos sin estrategia ni metas claras”.
En resumen, en la opinión de los estadunidenses, comprometer al Ejército en la lucha contra los cárteles en Juárez fue una medida de corto plazo que “logró perturbar a los grupos criminales hasta cierto punto, pero como estrategia de seguridad pública fue un fracaso”.
Lo anterior, además de ser fuente de fricciones políticas soterradas entre el gobierno federal y el estatal. El ministro consejero Charles Barclay refirió que funcionarios y líderes políticos del PRI en Chihuahua le aseguraron a oficiales de la embajada que fueron ellos los que pidieron el refuerzo militar. Por el contrario, el vocero de la operación, Enrique Torres Valadez, les confió que fue necesario “presionar al gobernador José Reyes Baeza para que aceptara ayuda adicional”.

¿Efecto cucaracha?

Pero existe otro problema de fondo: “La cadena de mandos y la distribución de responsabilidades no es clara en el Operativo Conjunto Chihuahua”, dice el despacho. El vocero Torres y el consulado aseguran que el comandante de la quinta Zona Militar con sede en Chihuahua, general Felipe Espitia, es el jefe del operativo, con seis coroneles responsables de las respectivas zonas de Juárez. Según este despacho, el comando central en la ciudad fronteriza “no parece estar integrado” y sus métodos de colaboración con el C-4 son “ambiguos”.

Insiste: “Hay suspicacias entre las distintas instituciones”. La única excepción parece ser la buena relación que existe entre el comando militar y la Procuraduría de Justicia estatal.
Explica: “Es difícil discernir cómo actuará la Operación Conjunta en el terreno y si el gobierno municipal va a jugar algún rol o no. Funcionarios del consulado especializados en cuestiones judiciales y nuestros contactos locales esperaban que la policía municipal patrullara en forma conjunta con los militares en operativos para arrestar a infractores de delitos no federales. Pero nuestros oficiales no han visto trabajando a estas patrullas mixtas”.
Sostiene este cable: “Hay diversas teorías sobre la causa de la disminución de la violencia (en el mes de abril de 2009). El gobierno de la ciudad, quizá demasiado optimista, sugiere que la operación está provocando un efecto cucaracha. El alcalde Reyes Ferriz dice que que espera que los cárteles se vayan a Sonora. Nuestros asesores del área policiaca piensan distinto. Para ellos las organizaciones criminales bajaron su perfil mientras observan y reúnen información de inteligencia sobre los movimientos del Ejército y la Policía Federal... Generales de la Zona Militar y funcionarios de la procuraduría estatal coinciden con nosotros”.
En efecto, las organizaciones criminales no emigraron a ningún lado; permanecieron en Juárez, diversificaron sus actividades hacia la extorsión, el robo de autos y el secuestro; surgieron miles de pequeñas pandillas afiliadas a uno u otro cártel, y al final de 2009, aun con la presencia masiva del Ejército, la cifra de muertos en hechos violentos relacionados con el crimen organizado alcanzó una cuota de 185 al mes.

De militares y paramilitares

Respecto de la policía municipal, en el cable del cónsul Mc Grath anota que el alcalde José Reyes Ferriz le comentó a principios de año que “el 100 por ciento de los elementos están corrompidos, en mayor o menor medida”. De una fuerza de mil 600, 800 fueron despedidos. Además hubo bajas (asesinatos) y deserciones. Reyes esperaba poder reconstituir una policía local con 2 mil 200 nuevos elementos para 2009 e informó también al cónsul que pensaba contratar a 2 mil agentes adicionales de policías privadas para el resguardo de bancos, maquilas y negocios.

Respecto del surgimiento de grupos armados de autodefensa, como Yonkeros Unidos y Comando Ciudadano por Juárez (CCJ), el informe del cónsul cita reportes de sus informantes, aunque las autoridades estatales y municipales niegan su existencia. Según este dato, el CCJ estaría integrado por ocho zetas contratados por empresarios juarenses, quienes “hicieron una visita” a los
comandantes militares en septiembre de 2008 e incluso les compraron armas decomisadas que estaban resguardadas en el cuartel a cambio de la promesa de no atacar unidades del Ejército.
“No podemos confirmar si es verídica la existencia de estos grupos de autodefensa, pero sí percibimos que la ausencia de una persecución efectiva del crimen crea las condiciones para el surgimiento de éstos, del mismo modo como surgieron Los Pepes en Colombia a principios de los noventa”.
Agrega: “En teoría, los tratos o la complicidad de estos grupos justicieros con elementos del Ejército es consecuencia de la frustración dentro de los cuarteles, ya que aunque las unidades militares sean capaces de capturar armas y cargamentos de droga, no tienen ni la autoridad ni el entrenamiento necesarios para evitar que los criminales arrestados salgan libres luego de ser absueltos en los tribunales”.
El despacho comenta también un episodio de las armas confiscadas en abril de 2008 a los agentes de tránsito. Resulta que la institución no pudo acreditar un control adecuado de éstas. El problema se resolvió hasta enero del año siguiente, “prueba del nulo sentido de urgencia que tienen las autoridades federales respecto de la seguridad de los agentes de tránsito”.
Reporta además que ante el problema de las amenazas de extorsión a los maestros de todas las escuelas de la ciudad en noviembre y diciembre, los meses en los que los docentes cobran sus aguinaldos, la única medida que se tomó fue cerrar los centros escolares, incluido el Colegio Iberoamericano, adonde asisten los hijos del personal del consulado.

Licencias fotocopiadas

Con una guerra entre cárteles desarrollándose en Ciudad Juárez desde 2008, con los índices de criminalidad disparados (más de 70 policías asesinados, 55 secuestros denunciados, 300 violaciones sexuales denunciadas, 86 asaltos bancarios y mil 650 robos de vehículo a mano armada), el cónsul Mc Grath envió el 27 de enero un reporte al Consejo de Seguridad en el Exterior (Overseas Security Advisory Council), en el que alerta sobre la situación, pero aclara que la comunidad de ciudadanos estadunidenses que residen en esta ciudad industrial “no son blanco de estas acciones criminales de manera específica” (cable 09CIUDADJUAREZ27).

“El norte de México no es, históricamente, antinorteamericano... Muy rara vez se expresan sentimientos adversos contra los estadunidenses”.
Aun así, se emite un instructivo con medidas de seguridad elementales para el personal estadunidense. Entre las recomendaciones se señala que “conducir un vehículo en Juárez requiere una actitud alerta y defensiva”.
Informa que la policía de Ciudad Juárez es insuficiente y sin recursos, que en los puestos de emergencia “no siempre se responde con la velocidad que se requiere”.
Por tanto, el consulado recomienda a sus conciudadanos que, como medida de seguridad al manejar, fotocopien sus licencias de conducir, los documentos del auto y sus identificaciones. En caso de ser detenidos por una infracción de tránsito, los instruye para que no entreguen los documentos originales, sino las fotocopias y le digan al agente: “No hablo ni entiendo bien el español. Si usted considera que he cometido una infracción de tránsito, expida el recibo de la multa que lo ampara... por favor solicite la presencia de un policía que hable inglés. Gracias”.
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Esta nota con vínculos a los cables
Los cables sobre México en WikiLeaks
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