Constitución y entrepierna liberal
Estridente privatización “silenciosa”
Carlos Fernández-Vega
Aquellos que le siguen el paso desde sus tiempos de legislador panista, con especial registro durante su estancia en el gabinetazo foxista, entienden cabalmente qué quiere decir el actual inquilino de Los Pinos con aquello de dar más valor” a las empresas del Estado. Entre lo más reciente, tal frase la ha utilizado para justificar la puesta en marcha de los “contratos incentivados” ofrecidos por Petróleos Mexicanos, aunque de tiempo atrás el susodicho la aplica como sinónimo de privatización, máxime si se trata del sector energético (cada día menos) nacional.
Primero la energía eléctrica, más adelante el petróleo. Sólo hay que recordar lo que textualmente dijo ante los integrantes de la Comisión de Energía del Senado de la República, el 17 de noviembre de 2003: “nuestras empresas (del Estado) deben orientarse a la creación de valor: complementar la inversión pública con inversión privada, bajo diversas formas de participación, para lo cual es indispensable dar plena certeza jurídica a la inversión. Es precisamente esta última la razón de nuestra insistencia en que la reforma al sector abarque también una reforma a la Carta Magna. La adecuación al texto de los artículos 27 y 28 constitucionales es la única manera de otorgar plena certidumbre jurídica y con ello dar viabilidad al sector eléctrico sin perder el control del mismo. Lo que buscamos es que se establezca con toda claridad, en la Constitución, que los particulares podrán generar la energía eléctrica de manera complementaria a la que generan las empresas del Estado. A nadie le conviene una legislación que suponga riesgos… Ninguna legislación secundaria podrá dar los espacios de garantía y claridad que una modificación al texto constitucional puede establecer en materia de certidumbre, confianza y seguridad a todos los actores”.
Como en el caso del petróleo, no hubo tales modificaciones a la Constitución (la cual, por cierto, es clara: “corresponde exclusivamente a la nación generar, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares…”), pero ello no fue obstáculo para el avance galopante del capital privado en el sector eléctrico (algunos eufemísticamente le llaman “privatización silenciosa”). Se la pasaron por la entrepierna, y el objetivo de “dar más valor” a las empresas del Estado es nítido cuando se conoce el balance de la década panista en Los Pinos (aunque Salinas y Zedillo hicieron su mejor esfuerzo en este sentido): mientras la generación por parte de la Comisión Federal de Electricidad paulatinamente se redujo en ese periodo, la correspondiente a los llamados “productores independientes de energía” (PIE) creció la friolera de 5 mil 800 por ciento (Cámara de Diputados, con información CFE y Sener), sin considerar la participación de otros “permisionarios” (autoabastecimiento, cogeneración, usos propios y exportación).
¿Cómo le han dado “más valor” al sector eléctrico? La Cámara de Diputados lo sintetiza así: “la generación del servicio público, que incluye CFE y LFC, cuya contribución en el total generado a 2009 fue de 59.7 por ciento, descendió en ese año 1.8 puntos porcentuales, producto no sólo de la depresión y menor demanda de energía eléctrica sino también de su tendencia a la baja muy marcada entre 2000 y 2009 con una tasa media anual de -2.2. En los últimos años la dependencia de los permisionarios por parte del servicio público ha tendido a incrementarse. La generación de energía eléctrica por los permisionarios privados aumentó a una tasa media anual de 26.4 por ciento, destacando el crecimiento y volumen generado de los PIE, el autoabastecimiento y la cogeneración: su contribución en el volumen generado pasó de 4.3 en 2000 a 40.3 por ciento en 2009 (y contando).
“Aunque la CFE cuenta con 65 por ciento de la capacidad de generación de electricidad, ésta se ocupa parcialmente debido a que se privilegia la generación potencial de los permisionarios. Desde 2000 los permisionarios venden electricidad a CFE, la cual es colocada en el segmento de la industria que es el más rentable; el doméstico, que es donde se encuentran los mayores problemas y más altos costos de suministro, se está destinando a las dos paraestatales” (ahora sólo una). Los permisionarios tampoco corren riesgos debido a que venden la energía comprometida a la CFE, y aunque se presenten paros o haya una menor demanda del energético, la paraestatal tiene que colocar los excedentes al costo que sea necesario, la electricidad no se puede almacenar y la CFE tiene que buscar que se consuma en el momento que se genera. Las altas tarifas de la electricidad no son producto exclusivamente de la energía generada por el servicio público, también se derivan de los altos costos de interconexión de los productores independientes y del gas natural que es el único combustible que los PIE utilizan”.
Como la intención no era privatizar, sino “dar más valor” a la empresa del Estado (Calderón dixit), la CFE “ha disminuido sus niveles de generación, y en consecuencia sus ventas, debido a que el número de concesiones al sector privado se ha incrementado considerablemente. Actualmente, la Comisión Reguladora de Energía tiene autorizados 772 permisos, 24 corresponden a grandes productores independientes, 595 a auto abastecedores, 58 para cogeneración, 37 para importación, siete para exportación, tres para pequeña producción y 48 para usos continuos. Todos ellos tienen autorizada una generación de electricidad de 166 mil 700 GW hora/año”. Entre las empresas que venden electricidad a la CFE (algunas de ellas tienen contratos a 25 años, renovables), destacan la trasnacional española Iberdrola (la de mayor rebanada), la francesa EDF International, la también española Unión Fenosa y la japonesa Mitsubishi.
Por si fuera poco, con la “extinción” de Luz y Fuerza del Centro, en octubre de 2009, al capital se le otorga un nuevo filón, pues “tendrá que satisfacer la demanda de electricidad de alrededor de 6 millones de usuarios, y adicionalmente podrá utilizar más abiertamente la infraestructura dejada por LFC” (lo que es un hecho).
Las rebanadas del pastel
Entonces, ¿queda claro aquello de “dar más valor” a las empresas del Estado y el objetivo real de los “contratos incentivados”?
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