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Para completar la Corte Miguel Ángel Granados Chapa Periodista

Distrito Federal— Con la lentitud proverbial (“las cosas en Palacio van despacio”), el dos de febrero presentó el presidente Calderón una nueva terna para que el Senado de la República designe al ministro de la Corte que sustituya a don José de Jesús Gudiño Pelayo, fallecido el 19 de septiembre pasado. Más de dos meses después de producida su vacante, el Ejecutivo envió a los senadores una terna compuesta por magistradas, ninguna de las cuales obtuvo la votación precisa –dos tercios de los miembros presentes—para ser elegida.



Por una de ellas, Lilia Mónica López Benítez, sufragaron en la segunda ronda 74 senadores, sólo ocho menos del número exigible en ese momento, que era de 82.

Los miembros del grupo panista, que tenían instrucción o habían acordado nombrar a otra candidata, se empecinaron en designarla, lo que fue imposible con sus 48 votos. Conforme a la Constitución, la terna fue devuelta para que la Presidencia enviara otra, lo que sólo ocurrió al comenzar el periodo de sesiones ordinarias. Por elegancia, por reconocer el grado de asentimiento que la magistrada López Benítez había obtenido, era de esperarse que estuviera incluida en la nueva terna, como ocurrió antes con la ministra Margarita Luna Ramos, que en su primera presentación ante el Senado no alcanzó la mayoría exigida pero sí un apoyo significativo, razón por la cual quedó incluida en la segunda terna a partir de la cual se la eligió.

Calderón prefirió enviar otra terna por completo diferente. Fue forjada con el criterio, probablemente exigido o por lo menos acordado con la Corte, de que se diera a escoger al Senado entre miembros de la carrera judicial. Desapareció el criterio de género invocado antes y los tres nuevos candidatos son magistrados, con lo que permanecerán en el pleno sólo dos mujeres.

Uno de los tres candidatos, Jorge Mario Pardo Rebolledo, lo fue antes ya, en noviembre de 2009, pero entonces obtuvo sólo doce votos contra noventa y uno que favorecieron a Luis María Aguilar.

Tres años antes se había frustrado otro intento de promoción de Pardo Rebolledo.

Tocaba a la Corte el turno de nombrar a un miembro del Consejo de la Judicatura Federal, y no obstante que Pardo Rebolledo llegó a tener más votos que otros aspirantes, en la ronda de votación definitiva el nombramiento recayó en el magistrado César Esquinca, director entonces del instituto de formación de los funcionarios judiciales.

Pardo Rebolledo, nacido en Veracruz, se graduó en la Escuela Libre de Derecho, en 1975. Su tesis se refirió al papel que la Suprema Corte, su futuro centro de trabajo si el Senado lo elige, jugaba en una etapa de la legislación electoral para desahogar el recurso de reclamación.

Luego de una etapa de litigante en el despacho Cortés de la Huerta, ingresó en la carrera judicial desde abajo, como actuario y como secretario de juzgado.

Después de ser secretario de estudio y cuenta en la Corte misma, fue designado juez de distrito y a partir de 1997 ascendió a magistrado.

En ese papel sobresalió en varios casos, como el de Othón Cortés, acusado por la Procuraduría general de la república (en tiempos de Antonio Lozano, bajo el presidente Zedillo) de haber hecho “el segundo disparo” que conforme a una de las varias teorías armadas para investigar el asesinato de Luis Donaldo Colosio lo ultimó luego del ataque inicial a cargo de Mario Aburto. En la apelación, el magistrado dejó en libertad a Cortés.

Pardo Rebolledo fue escogido, tiempo más tarde, para investigar las violaciones graves a las garantías individuales en el caso de san Salvador Atenco.

En su informe, rendido con su compañero Alejandro González Bernabé, hallaron que se produjo entonces un uso desproporcionado de la fuerza pública, pero el pleno no llegó a fincar responsabilidades a quienes ordenaron tal despliegue.

Alberto Pérez Dayán estudió derecho en la Universidad Lasalle y se doctoró en la Universidad nacional (es el único en la terna que alcanzó ese grado).

Es profesor en la UNAM y ha escrito un libro muy solicitado: La ley de amparo y su jurisprudencia, que ha sido reeditado 13 veces. Comenzó su carrera en el poder judicial federal como secretario de un tribunal colegiado y luego de ser secretario de estudio y cuenta en la Corte, se le nombró juez de distrito.

En febrero de 1998 fue ascendido a magistrado. En 2001 al tribunal de que era presidente, el séptimo en materia administrativa en el DF, le correspondió conocer una porción del entonces incipiente problema judicial que conduciría al desafuero de Andrés Manuel López Obrador.

Un juez federal encontró que de nueve personas señaladas por haber violado una suspensión de amparo (entre ellas el secretario de gobierno, quien jurídica y materialmente era el responsable) sólo el jefe de gobierno del DF debía ser imputado, no obstante que no había tenido participación alguna en la presunta violación al mandamiento judicial.

Dos de los tres magistrados votaron por confirmar la absurda sentencia del juez, pero Pérez Dayán opinó en sentido contrario, en una muestra de valiosa independencia judicial.

Jorge Higuera Corona se graduó en la UNAM y allí mismo estudió el doctorado.

De los tres miembros de la terna es quien más ha escrito. Se ha especializado en temas de ética judicial con un notable fundamento filosófico. Inició su carrera judicial en 1980 y por oposición alcanzó primero el cargo de secretario de estudio y cuenta y luego la magistratura, en 1997. Ahora integra el primer tribunal colegiado del sexto circuito, con sede en Puebla.

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