No habrá dinero para apoyar nuevas estancias infantiles, pero qué tal habrá castigo para los padres de muchachos que cometan delitos. Así se están delineando las prioridades de los gobiernos tricolores municipal y estatal.
El gobernador Duarte acaba de presentar una iniciativa para sancionar a los padres de los adolescentes infractores, dentro de su arremetida por disparar incrementos de penas a todos los niveles. Arremetida que tiene mucha semejanza con intentos de regímenes demagógicos de derecha.
Y en Ciudad Juárez el alcalde Héctor Murguía Lardizábal presenta un proyecto de presupuesto de egresos para 2011 en el que no se contemplan los 30 millones de pesos para construcción de instancias infantiles, a pesar de que él se había comprometido por escrito a incluirlos. El compromiso fue signado el 25 de junio de 2010 por el entonces candidato Teto ante la Mesa de Infancia, red de organizaciones que atienden a la niñez juarense. Pero dichos de candidato pocas veces son hechos de funcionario.
Así, para el gobierno estatal la prioridad es atacar la delincuencia incrementando penas y repartiéndoselas incluso a los padres de los menores infractores. Para el gobierno municipal lo prioritario es seguirle inyectando dinero al multicuestionado Camino Real (¿o Vía imperial?), que jala 100 millones de pesos del presupuesto municipal 2011 o para “la X”, monumento de Sebastían, que se llevará 10 millones.
No importa que en esta frontera, sólo 6 de cada 100 niños menores de cuatro años tengan acceso a espacios de educación infantil. No importa que en Juárez sólo existan 29 estancias infantiles, los mismos que en la ciudad de Chihuahua, con poco más de la mitad de la población que esta urbe fronteriza.
Así, cuando menos para estos dos niveles de gobierno, los menores infractores se generan “por falta de valores y poca dedicación de sus padres”, no porque las precariedades del empleo, lo insuficiente de los ingresos familiares y la forma de construir proyectos de vivienda y ciudades impidan que los padres de los muchachos dediquen tiempo a la “economía del cuidado” de sus hijos. Una vez sentada esta visión, los gobiernos se desafanan de su obligación de asistir a padres y madres de familia en la atención a los hijos, pero no sólo: los criminalizan por no atenderlos.
Así lo demuestra la excelente investigación de Lourdes Almada sobre las familias juarenses:
“Es evidente que el Estado no ha generado políticas y apoyos que permitan a las familias y a sus miembros un desarrollo pleno. Por el contrario, sin dotarles de recursos para ello, se les exige y se les carga la responsabilidad del crecimiento, educación, cuidado y desarrollo de las personas, centrando además, los pocos programas públicos dirigidos a las familias en el tema de los valores, asumiendo de hecho que el problema se ubica ahí. El discurso subyacente y a veces explícito es: “la situación de la ciudad se debe a que en las familias no hay valores”93, cuando lo que realmente no hay es acceso a suficientes recursos económicos para satisfacer necesidades fundamentales de los grupos familiares, aún cuando se trabaje mucho.”
Así las cosas, si en un presupuesto de 2 mil 700 millones de pesos, que es el destinado para Juárez en 2011 no hay ningún lugar para un incremento de 30 millones de pesos para atacar las raíces sociales y psicosociales de la producción de la violencia, es que las prioridades del gobierno andan muy erradas.
Patéticas prioridades, pues, si la obsesión por el endurecer las penas o terminar faraónicas e inútiles obras personales, anulan la necesidad de dar atención adecuada a los niños cuyos padres y madres viven día a día el agobio de dobles y triples jornadas para evitar despeñarse más aun en la pobreza.
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Víctor M. Quintana Silveyra es político, catedrático, escritor y periodista. Ha colaborado en la Opinión (Los Ángeles. EUA), La Jornada (México D.F.) readiodifusoras XEPL (Cuauhtémoc, Chih.) XEBN (Delicias, Chih.) y 860 Noticias (Juárez, Chih.). Libros publicados: 'Movimientos Populares en Chihuahua', en coautoría con Rubén Lau Rojo, UACJ 1991;'Elecciones con Alternativa', libro Colectivo, La Jornada Editores, 1993; 'Familia y Trabajo en Chihuahua', en Coautoría con Luis Reygadas y Gabriel Borunda, UACJ 1994; 'México Una Agenda para Fin de Siglo', libro colectivo, La Jornada Editores, 1996. Licenciado en Ciencias de la Comunicación egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), tiene una Maestría en Sociología en la Escuela de Altos Estudios Sociales en París, Francia y es candidato a doctor en Ciencias Sociales por la misma institución. Ex Diputado de la LXII Legislatura chihuahuense por el Partido de la Revolución Democrática
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