Distrito Federal– Ayer comparecieron ante las comisiones senatoriales que preparan el nombramiento de una nueva ministra de la Suprema Corte, las tres candidatas presentadas por el Presidente de la república. Se prevé, en consecuencia, que el Senado esté en condiciones de votar la designación el martes próximo, un día antes de que comience el receso legislativo.
Al recibir a las candidatas los senadores vencieron la tentación de devolver la terna al Presidente, molestos por el breve lapso que el Ejecutivo les concedió en los hechos para elegir a la nueva integrante del máximo tribunal, que reemplazará a don José de Jesús Gudiño, muerto el 19 de septiembre.
Dos meses y medio después remitió el Presidente la terna respectiva, que también incomodó a miembros del Senado porque al estar integrada sólo por mujeres el Ejecutivo estrechó el espacio deliberativo de quienes deben escoger un miembro de la cúpula del poder judicial donde no hay cuotas de género. La intención, plausible de suyo, de ampliar el número de sitiales ocupado por mujeres (ahora hay dos ministras de un total de once) quedó desmejorada, a juicio de algunos senadores por el carácter impositivo de la planilla.
El Senado cubrirá la vacante del ministro Gudiño, eligiendo entre las magistradas de circuito Elvia Díaz de León Hers, Lilia Mónica López Benítez y Andrea Zambrana Castañeda. La terna, según se sabe extraoficialmente, porque el Ejecutivo se abstiene de informar al Senado qué criterios lo llevaron a integrarla de esa manera, fue compuesta por la Presidencia a partir de una lista de ocho precandidatos preparada en la Corte, una vez que Calderón accedió a proponer sólo a personal perteneciente a la carrera judicial. Gudiño Pelayo estaba en esa condición, y se ha estilado mantener el equilibrio establecido desde la configuración de la actual Corte, en 1995, en que haya juzgadores profesionales y juristas procedentes de otros ámbitos de la práctica jurídica.
Circula en el ambiente judicial la impresión de que el ministro presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia sugirió al Presidente privilegiar la propuesta de la magistrada Díaz de León, lo que Calderón habría aceptado, de suerte que esa candidatura tendría un sello doblemente presidencial.
Se requiere desplegar esa característica ante los senadores para paliar el inconveniente que afecta a la magistrada Díaz de León, que es el pertinaz rechazo que ha padecido en procedimientos anteriores.
Fue parte de la terna presentada por el presidente Fox en 2003 para sustituir a don Juventino Castro y Castro, y el Senado a la postre eligió a la ministra Margarita Luna Ramos.
Fue asimismo candidata a magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2006, y el Senado escogió a Manuel González Oropeza. Tampoco prosperaron sus intentos de ser fiscal de delitos electorales en la PGR y directora del Instituto Federal de Defensoría Jurídica.
Sólo cuando la decisión correspondió a la Suprema Corte, se le nombró miembro del Consejo de la Judicatura Federal. En vez de premiar su tenacidad (o la de su promotor) el Senado tendría que reparar en las circunstancias por las que legislaturas anteriores no la eligieron.
Aunque tampoco está previsto que los senadores exploren el terreno en que las candidatas ha actuado para tener elementos “para mejor proveer”, es seguro que se les haga llegar información sobre el desempeño profesional de cada quien. Con ese insumo, más la entrevista y el examen de la hoja de vida de las candidatas, así como el conocimiento de las necesidades específicas de la Corte el Senado está en situación de hacer la mejor elección.
Contará a favor de la magistrada tenida como favorita su larga experiencia en la administración de justicia.
La situación contraria es la de Andrea Zambrana Castañeda, que es la de más reciente ingreso a la magistratura. Antes de ser integrante de un tribunal de circuito (lo que ocurrió apenas en 2008) su desempeño principal fue de secretaria de estudio y cuenta del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Si bien ganó su plaza de magistrada en un concurso cerrado, obra en su contra el que no haya sido antes jueza y carezca, por lo tanto de la experiencia que el desempeño de esa función otorga.
Cuenta con ella, en cambio, la candidata López Montiel, que muestra el perfil más completo de los que debe examinar el Senado. Antes de ser abogada se graduó en la Escuela Nacional de Maestros y fue profesora de banquillo. En esa etapa dio cuenta de su incesante afán de aprender, pues cursó en Madrid técnica educativa y cine didáctico.
Es licenciada en derecho por la Universidad Nacional, y maestra y doctora por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en cuyo último grado obtuvo mención honorífica. Ha cursado un gran número de especialidades que dan cuenta de la variedad de sus intereses.
Además de los estudios propiamente jurídicos (que la han llevado a las universidades españolas de Salamanca y Alicante) así como en México al ITAM, la Universidad Panamericana, ha realizado un curso sobre equidad de género en la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, y de redacción avanzada, informática jurídica, matemáticas, y derechos humanos en varias instituciones.
Ingresó a la judicatura federal en 1986 como oficial judicial y luego fue actuaria y secretaria, Ascendió a jueza de distrito en 1994 y a magistrada en 2000. Sin perder esa categoría desde enero pasado es secretaria ejecutiva de vigilancia, información y evaluación en el Consejo de la Judicatura Federal.
Al recibir a las candidatas los senadores vencieron la tentación de devolver la terna al Presidente, molestos por el breve lapso que el Ejecutivo les concedió en los hechos para elegir a la nueva integrante del máximo tribunal, que reemplazará a don José de Jesús Gudiño, muerto el 19 de septiembre.
Dos meses y medio después remitió el Presidente la terna respectiva, que también incomodó a miembros del Senado porque al estar integrada sólo por mujeres el Ejecutivo estrechó el espacio deliberativo de quienes deben escoger un miembro de la cúpula del poder judicial donde no hay cuotas de género. La intención, plausible de suyo, de ampliar el número de sitiales ocupado por mujeres (ahora hay dos ministras de un total de once) quedó desmejorada, a juicio de algunos senadores por el carácter impositivo de la planilla.
El Senado cubrirá la vacante del ministro Gudiño, eligiendo entre las magistradas de circuito Elvia Díaz de León Hers, Lilia Mónica López Benítez y Andrea Zambrana Castañeda. La terna, según se sabe extraoficialmente, porque el Ejecutivo se abstiene de informar al Senado qué criterios lo llevaron a integrarla de esa manera, fue compuesta por la Presidencia a partir de una lista de ocho precandidatos preparada en la Corte, una vez que Calderón accedió a proponer sólo a personal perteneciente a la carrera judicial. Gudiño Pelayo estaba en esa condición, y se ha estilado mantener el equilibrio establecido desde la configuración de la actual Corte, en 1995, en que haya juzgadores profesionales y juristas procedentes de otros ámbitos de la práctica jurídica.
Circula en el ambiente judicial la impresión de que el ministro presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia sugirió al Presidente privilegiar la propuesta de la magistrada Díaz de León, lo que Calderón habría aceptado, de suerte que esa candidatura tendría un sello doblemente presidencial.
Se requiere desplegar esa característica ante los senadores para paliar el inconveniente que afecta a la magistrada Díaz de León, que es el pertinaz rechazo que ha padecido en procedimientos anteriores.
Fue parte de la terna presentada por el presidente Fox en 2003 para sustituir a don Juventino Castro y Castro, y el Senado a la postre eligió a la ministra Margarita Luna Ramos.
Fue asimismo candidata a magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2006, y el Senado escogió a Manuel González Oropeza. Tampoco prosperaron sus intentos de ser fiscal de delitos electorales en la PGR y directora del Instituto Federal de Defensoría Jurídica.
Sólo cuando la decisión correspondió a la Suprema Corte, se le nombró miembro del Consejo de la Judicatura Federal. En vez de premiar su tenacidad (o la de su promotor) el Senado tendría que reparar en las circunstancias por las que legislaturas anteriores no la eligieron.
Aunque tampoco está previsto que los senadores exploren el terreno en que las candidatas ha actuado para tener elementos “para mejor proveer”, es seguro que se les haga llegar información sobre el desempeño profesional de cada quien. Con ese insumo, más la entrevista y el examen de la hoja de vida de las candidatas, así como el conocimiento de las necesidades específicas de la Corte el Senado está en situación de hacer la mejor elección.
Contará a favor de la magistrada tenida como favorita su larga experiencia en la administración de justicia.
La situación contraria es la de Andrea Zambrana Castañeda, que es la de más reciente ingreso a la magistratura. Antes de ser integrante de un tribunal de circuito (lo que ocurrió apenas en 2008) su desempeño principal fue de secretaria de estudio y cuenta del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Si bien ganó su plaza de magistrada en un concurso cerrado, obra en su contra el que no haya sido antes jueza y carezca, por lo tanto de la experiencia que el desempeño de esa función otorga.
Cuenta con ella, en cambio, la candidata López Montiel, que muestra el perfil más completo de los que debe examinar el Senado. Antes de ser abogada se graduó en la Escuela Nacional de Maestros y fue profesora de banquillo. En esa etapa dio cuenta de su incesante afán de aprender, pues cursó en Madrid técnica educativa y cine didáctico.
Es licenciada en derecho por la Universidad Nacional, y maestra y doctora por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en cuyo último grado obtuvo mención honorífica. Ha cursado un gran número de especialidades que dan cuenta de la variedad de sus intereses.
Además de los estudios propiamente jurídicos (que la han llevado a las universidades españolas de Salamanca y Alicante) así como en México al ITAM, la Universidad Panamericana, ha realizado un curso sobre equidad de género en la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, y de redacción avanzada, informática jurídica, matemáticas, y derechos humanos en varias instituciones.
Ingresó a la judicatura federal en 1986 como oficial judicial y luego fue actuaria y secretaria, Ascendió a jueza de distrito en 1994 y a magistrada en 2000. Sin perder esa categoría desde enero pasado es secretaria ejecutiva de vigilancia, información y evaluación en el Consejo de la Judicatura Federal.
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