Julio César Godoy Toscano es el primer legislador en la historia al que se retira el fuero constitucional y el cargo de diputado por sus presuntos nexos con el crimen organizado, en particular con el cártel llamado La Familia Michoacana. No es, sin embargo, el único servidor público con presumibles vínculos con el narcotráfico, pero su desafuero debería ser un precedente para actuar contra todo funcionario de cualquier orden de gobierno y de cualquier poder, del que existan pruebas de complicidad con los delincuentes. Actuar, claro, pero con bases y con justicia o, dicho de otro modo, sin que desde el poder se use la autoridad y se distorsione la ley para dañar a los adversarios políticos.
Este caso en particular puede tener graves repercusiones políticas tanto en Michoacán como en el resto del país, y por eso debe analizarse con cuidado y seriedad. Se le acusa de servir como informante privilegiado de La Familia Michoacana sobre los movimientos de las autoridades federales, pero no se aclara cómo pudo cumplir esta función si ni siquiera el gobernador del Estado tenía tal información, ya que el gobierno federal ha decidido actuar primero e informar después al gobierno estatal, en abierta contradicción a sus llamados a la acción coordinada y concertada de todos los órdenes de gobierno.
En todo caso, la situación política del gobernador Leonel Godoy queda muy lesionada no sólo por los delitos que se logre probar a su hermano, sino porque en los próximos meses y años él mismo tendrá que convencer a la gente y a los medios de su inocencia, y nadie sabe qué harán las autoridades federales para manchar su reputación si eso es útil en términos electorales. Y aquí se encuentra el primer rompecabezas político. Por todo lo que ha ocurrido, es probable que el gobernador Godoy no tenga la confianza que le dieron sus paisanos cuando votaron por él y que los candidatos del PRD a cualquier cargo público no logren el voto mayoritario, lo que de entrada favorece a la hermana de Felipe Calderón Hinojosa, Luisa María, que desde ha lanzado su precandidatura al gobierno del Estado.
Esa precandidatura hace que inevitablemente el presidente Calderón tenga un interés personal en este espinoso asunto, independientemente de su natural interés político por todo lo que ocurra en su estado natal, lo que pone una sombra de duda sobre la imparcialidad de las autoridades federales en el caso de Godoy Toscano. A juzgar por la información del dominio público, existen numerosas pruebas que inculpan al ahora ex diputado, pero la investigación tendrá que ser transparente y rigurosamente apegada a Derecho si la PGR no quiere que la opinión pública, la misma que ha juzgado y condenado a Julio César Godoy, le atribuya parcialidad y mala fe en este caso.
Para la política michoacana, lo más grave es el inevitable desprestigio del apellido Godoy, el debilitamiento de la corriente política del gobernador dentro del PRD estatal y la pérdida de confianza en el perredismo. No está claro quién podría ser el próximo candidato del PRI a la gubernatura de Michoacán, pero todo indica que los Godoy serán desplazados por los Calderón.
Una de las víctimas políticas de este asunto es Alejandro Encinas, quizá el político perredista más lúcido y honesto, que en semanas recientes ha reconsiderado la posibilidad de aceptar la candidatura del PRD, en probable alianza con el PT, Convergencia y el PAN al gobierno del Estado de México. Encinas creyó en la inocencia de Godoy Toscano y, como coordinador de los diputados perredistas y le dio todo su apoyo para que rindiera protesta como diputado cuando un juez le concedió un amparo. Sin embargo, la fuerza de las pruebas presentadas por la PGR ha sido tal, que la representante del PRD en la Sección Instructora, Telma Guajardo, votó por el desafuero, y en su intervención ante el pleno de la Cámara, Encinas mismo le sugirió a Godoy Toscano que se pusiera en manos de las autoridades para defender sus derechos y asumir sus posibles responsabilidades. Era natural que el diputado Encinas y el PRD completo se deslindaran del asunto, pero eso no significa que se librarán de sus consecuencias políticas.
Y como en política funciona la ley de los vasos comunicantes, el caso Godoy podría afectar la posible candidatura de Encinas y repercutirá en los equilibrios internos del PRD, pues por una parte el aparato del partido dominado por “los chuchos” apoyó primero y retiró su apoyo después a Godoy y, a juzgar por la actitud de Encinas, lo mismo hicieron los perredistas que respaldan a Andrés Manuel López Obrador. A estas alturas es difícil predecir en qué medida esto afectará al propio tabasqueño y a Marcelo Ebrard, pero cualquiera que sea el candidato perredista, pagará un alto costo electoral y político por caso Godoy.
Nadie debería sentirse tranquilo con estos acontecimientos. Lo que está en peligro no es sólo la confianza social en el más importante partido político de la izquierda mexicana –lo que de suyo es grave– sino la actividad política en su conjunto: si cunde la idea de que existen nexos entre la política y el narcotráfico, nadie saldrá ganando y perderá el país, lo que sería lamentable en una época tan difícil como la que vivimos desde el inicio de la guerra contra el narco.
No sé hasta dónde pueda revertirse esta tendencia, pues los panistas, empezando por el presidente de la República, están más interesados en destruir a sus adversarios que en proponer soluciones a los problemas que afligen a la gente y que, en muchos casos, ponen en riesgo al Estado nacional, y no me extrañaría que se suban en la ola para afectar a sus adversarios, que no son principalmente los perredistas, como hace cuatro años, sino los priistas, por el amplio y sostenido margen de preferencias que han logrado en las encuestas.
(Por los caminos de Sancho reanudará su publicación el jueves 13 de enero de 2011).
Renward García Medrano
renward3@prodigy.net.mx
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