MEXICO, D.F., 12 de noviembre (apro).- Los diferendos en el PRI sobre el combate al narcotráfico afloraron en la discusión del Presupuesto para el próximo año, así como la demanda de 13 mil millones de pesos que el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, solicitó para la creación de 18 batallones.
Con el pretexto de que la mayoría de los legisladores priistas quiere ofrecer en sus estados proyectos carreteros y que el sector campesino demandaba 300 mil millones de pesos, de manera oficial se decidió eliminar el dinero que solicitó el general Galván.
Así, todo el trabajo de cabildeo que realizó durante más de dos meses Ardelio Vargas, presidente de la Comisión de la Defensa Nacional y el trabajo de consenso que logró el propio Galván, fue anulado de un plumazo.
Sin embargo, la Sedena no se quedará sin recursos. Si Felipe Calderón mantiene su estrategia de acabar con el crimen organizado con el apoyo de las Fuerzas Armadas, tiene que entregar los recursos solicitados.
Y ese parece haber sido el acuerdo que Calderón hizo con Galván: seguirlo apoyando, pero fuera del presupuesto.
Para sustentar lo anterior, basta recordar que hace 15 días, elementos del Ejército afinaron la creación de los batallones que atacarán el crimen organizado en zonas urbanas.
El 29 de septiembre, Galván pidió a los legisladores un presupuesto adicional de 10 mil millones de pesos. La Comisión de Defensa Nacional fue magnánima con él: autorizó un recurso adicional por 13 mil 900 millones de pesos.
El dinero es para la creación de 18 batallones con 600 elementos cada uno, los cuales se instalarán en “zonas de alta delincuencia y podrían actuar directamente en la zona norte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila”, se indica en un documento de la Sedena.
Además, en el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, “donde hay muchas bandas extorsionando y en crecimiento”, y en Chihuahua y Durango, “donde es el mayor número de ejecuciones y extorsiones a la ciudadanía”.
Tambbién se piensa instalar batallones en el sur de Veracruz y en Tabasco “en las zonas rurales, donde incluso actúan `maras` y gente de otros estados”, y en Nayarit, Jalisco y Zacatecas, “donde hay nuevas luchas entre grupos de delincuentes”.
Finalmente, en Guerrero, Michoacán y sur del estado de México, “también son afectados por grupos delincuenciales que buscan asentarse en la región”.
De acuerdo con el Ejército, estas unidades son necesarias para “terminar de acotar y capturar a los delincuentes en las áreas y ciudades presas de la delincuencia. Serán de rápido despliegue y acción a corto plazo”.
En su justificación, el Ejército establece que los militares tienen una gran carga de trabajo. Sostienen que antes actuaban en las sierras contra la siembra y trafico de drogas, “y ahora se patrulla en ciudades y poblados de zonas conflictivas, donde los delincuentes amenazan a autoridades y policías municipales”.
Pero además, esos mismos elementos que combaten el narcotráfico tienen que ayudar cuando se declara el Plan DN-III en los estados afectados por los huracanes.
Galván aceptó hacer público su no aceptación del dinero que, dicho sea de paso, fue solicitado con conocimiento y autorización de Felipe Calderón.
Sin embargo los diferendos al interior del PRI hicieron que Calderón obligara Galván a recular. A cambio, le dará el dinero fuera del presupuesto y, hasta donde se sabe, se le entregará al Ejército 9 mil 750 millones de pesos, suficientes para armar los 18 batallones, la compra de los terreros donde se instalarán, la adquisición de armamento y la compra de cuando menos 20 aparatos escáner, que detectan armas, droga, personas o dinero del crimen organizado.
Con esta maniobra, Calderón queda bien con el PRI y con las Fuerzas Armadas y, de paso, hace pensar a la opinión pública que el PRI abandonó al Ejército dándole con esto un golpe con efecto electoral.
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