Distrito Federal– Hace 7 semanas que falleció el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo y el Presidente Calderón no ha remitido al Senado la terna de la que esa cámara designará al nuevo integrante de la Suprema Corte de Justicia. Hace 9 días que concluyeron su periodo como consejeros electorales tres miembros del Consejo General del IFE, y la Cámara de Diputados no ha elegido a sus sucesores, pese a que ella misma fijó en la convocatoria respectiva el 30 de octubre como fecha límite para cumplir esa facultad. Se teme que al menos transcurrirá una semana más para que se integre cabalmente aquel órgano de la autoridad comicial.
Con silencio elocuente o con justificaciones expresas los responsables de iniciar o concluir el proceso de designación parecen suponer que son inocuas las vacantes; que en tratándose de órganos colegiados las decisiones son posibles siempre que esté constituido el quórum. Qué más da que entre once ministros falte uno; qué más da que haya tres huecos en el Consejo General, si los seis restantes miembros pueden reunirse para cumplir sus funciones.
Aun si fuera verdad que no pasa nada con las demoras, es decir que no se lastra ni interrumpe el funcionamiento de los órganos concernidos, la sola infracción a la letra de la ley es inadmisible en integrantes de poderes que están obligados a su observancia escrupulosa. Malamente pueden demandar, en el ámbito de sus responsabilidades el apego a la legalidad si no lo practican, sobre todo si no hay una razón poderosa, una causa de fuerza mayor que impida el acatamiento a lo dispuesto en la norma.
Es verdad que el Presidente de la República no está acotado por un término para iniciar el procedimiento que supla la falta de un miembro de la Corte. Allí no hay plazo rebasado que reprochar. Sí debe imputarse al Ejecutivo, sin embargo, la falta de respeto a otro poder, cuyo órgano principal queda contrahecho por la prolongada vacante que se produjo con la muerte del ministro Gudiño Pelayo el 19 de septiembre. En una combinación de prudencia y apremio, que no deben ser excluyentes, a esta altura ya debía haber sido presentada al Senado la terna correspondiente. Debió hacerse sobre todo a partir del momento en que los senadores aprobaron la ley de ingresos y ya no hubo riesgo de que se mezclaran impropiamente negociaciones parlamentarias para trocar apoyos en las materias abordadas.
La tardanza presidencial en proponer candidatos en reemplazo del ministro Gudiño se debe probablemente a la dificultad de concertar criterios diversos que rigen la designación, o que se espera que lo hagan. Uno atañe al origen de quien sea nombrado.
Cuando en 1995 el presidente Zedillo reconstruyó el máximo tribunal, después de haberlo decapitado, integró el pleno con miembros procedentes de la carrera judicial, magistrados sobresalientes en su desempeño, y con abogados de experiencia diferente y aún ajena a la jurisdiccional.
Se ha procurado mantener el equilibrio entre esos afluentes, y por eso, dado que el ministro Gudiño tenía trayectoria en la judicatura federal, la Corte presentó una lista de ocho magistrados de donde espera que el Presidente escoja la terna. Pero como nada obliga a Calderón a acatar la propuesta de los ministros, y puede por lo tanto impulsar una candidatura ajena al Poder Judicial, quizá lo que desee privilegiar es la ideología del nuevo ministro, especialmente en materia de derechos humanos.
Muy probablemente por instrucciones del Presidente, el Procurador General de la República inició acciones de inconstitucionalidad contra decisiones legislativas en el DF, las que despenalizaron el aborto practicado en las primeras doce semanas del embarazo, y las que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. Las dos acciones fracasaron por decisión mayoritaria de la Corte. Es lógico suponer que Calderón desee colocar en ese tribunal a un ministro conservador que vote como él hubiera deseado que lo hiciera la mayoría en esas materias.
Gudiño Pelayo presidía la primera sala de la Corte, que el 30 de septiembre designó a Arturo Zaldívar en su lugar. Pero una sala con número par de miembros está en riesgo permanente de obstrucción y aun parálisis por la posibilidad de votaciones empatadas. Por eso urge integrar a cabalidad el pleno y por ende la sala.
El Consejo General del IFE se hizo cargo de la demora de los diputados y el mismo día en que concluyeron sus labores los tres consejeros cuya posición está en juego, reorganizó las comisiones en que ellos participaban. Por eso la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos está ahora presidida por Francisco Guerrero (que al mismo tiempo encabeza la Comisión de Organización Electoral y la del Registro Federal de Electores) y compuesta por Alfredo Figueroa y Benito Nacif.
No puede suspenderse el funcionamiento de la Comisión de Prerrogativas porque de ella depende el Comité de Radio y Televisión, que debe operar la propaganda política en los procesos electorales locales, entre ellos los de Guerrero y Baja California Sur, que están ya en marcha. Por ello mismo, y por los asuntos federales en curso no puede quedar desintegrada la Comisión de Quejas y Denuncias, que a falta de los consejeros que se fueron quedaría igualmente desintegrada.
La tardanza de los diputados dio lugar a un indeseable subproducto que no puede serle imputado directamente, pero al que dieron lugar con su demora. Andrés Manuel López Obrador profirió un insulto a los 17 candidatos de los que se escogerán tres consejeros. No lo merecen.
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