Distrito Federal– La impronta pendenciera del secretario del Trabajo ha generado un conflicto, en apariencia menor, entre esa dependencia del Ejecutivo y el Senado de la República. Desde que, convertido al panismo desde su práctica priísta asumió la secretaría a la que compete la política laboral y debiera también ocuparse de la previsión social, Javier Lozano impuso un sello personal de rijosidad al desempeño de una porción relevante de su encomienda. Ignorante de la tradición conciliatoria de esa secretaría, ha preferido el enfrentamiento abierto, abusivo porque lo hace desde el poder, contra agrupaciones sindicales y sus dirigentes, a los que encara como si se tratara de riñas personales.
Ese es el caso bien conocido de su trato con el sindicato minero y Napoleón Gómez Urrutia y el SME y Martín Esparza.
Su actitud respecto de estos últimos lo ha conducido a desacuerdos con el secretario de Gobernación Francisco Blake Mora, quien a su llegada a ese ministerio pareció decidido a negociar con los electricistas los muchos puntos en que es posible la conciliación.
Pero Lozano lo ha atajado y con ello complicó la tarea de su compañero de gabinete, que llegó al cargo necesitado de mostrar que no obstante su inexperiencia y lejanía de los asuntos nacionales era capaz de enfrentarlos con un nuevo estilo.
La intolerancia de Lozano ante la crítica a sus tareas lo ha llevado a ser huésped frecuente de las secciones de correspondencia de los diarios en que se expresan opiniones que cree desfavorables.
A veces personalmente, con más frecuencia a través de colaboradores, no se limita a aclarar hechos, lo que sería legítimo, sino que reta a sus críticos, los insulta y atribuye móviles ocultos. Ahora, su estilo desafiante y provocador, ajeno a la mesura que debe caracterizar al servicio público, ha abierto un nuevo frente.
Aunque en el lance figura el subsecretario Álvaro Castro Estrada, la influencia del ánimo peleonero del secretario es claramente perceptible. La historia de esta nueva querella de Lozano, librada por interpósita persona, comenzó hace una semana, el 14 de octubre, cuando el senador Ricardo García Cervantes, vicepresidente de su cámara, se refirió en tribuna a la tragedia de Pasta de Conchos, la mina siniestrada el 19 de febrero de 2006 en Coahuila, el estado natal del legislador.
García Cervantes, miembro eminente del PAN, que ha tenido una larga carrera parlamentaria, deploró la desatención de las autoridades laborales a los deudos de las víctimas de aquel siniestro en que yacen bajo los escombros de la mina propiedad de Grupo México los restos de 63 personas (los cuerpos de dos más pudieron ser rescatados). Como muestra extrema del desdén de la secretaría respectiva, el senador explicó que él mismo no había podido obtener para los familiares mencionados una cita con el titular del Trabajo.
Al día siguiente recibió una carta firmada por el subsecretario Castro Estrada pero que bien pudo ser redactada por el secretario, tal es el estilo broncudo con que fue escrita.
El firmante expresa al vicepresidente del Senado su “extrañamiento y sorpresa por la forma tan gratuita y carente de sustento “con que se refirió a la actuación de la secretaría del Trabajo.
Quizá quiso decir extrañeza, pero dijo extrañamiento, que implica una reconvención, una suerte de sanción moral a una autoridad que se ha excedido en su proceder.
Descalifica la intención servicial de García Cervantes al decir que esa secretaría “no requiere de la intervención de intermediarios o gestores”. (Llevado por la cólera, que es actitud frecuente en Lozano, el firmante se equivoca al creer que la LX legislatura, a la que perteneció el senador, que obviamente también es miembro de la LXI asumió sus responsabilidades el primero de diciembre de 2006, siendo que lo hizo tres meses antes, el primero de septiembre).
Igualmente la actitud del senador coahuilense “desconcierta” al funcionario, o le parece “inverosímil.
Y remata enjuiciando al senador de la república objeto de su reconvención: le parece “lamentable que…en su afán de lucrar políticamente con la desgracia ajena, pretenda adoptar un papel protagónico en la interlocución y representación de los familiares de los mineros y convertirse en un gestor de citas, precisamente ahora que la coyuntura parece idónea para obrar con ligereza y oportunismo”.
Al imponerse del contenido de esa ofensiva carta, el presidente de la mesa directiva del Senado, Manlio Fabio Beltrones acusa ante el secretario de Gobernación al firmante de la comunicación, que a su juicio “transgredíó la garantía del artículo 61 constitucional, en virtud de la cual los senadores no pueden ser reconvenidos por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos”.
Y requirió, a través de Blake Mora, al secretario Lozano expresar si ratifica o….rectifica las expresiones realizadas por su subordinado”, a quien puso en jaque al pedir que de su conducta conozca el propio Presidente de la República.
Aunque no lo ha hecho oficialmente, de modo informal Lozano ha rectificado.
Se requiere que pida disculpas a García Cervantes y al Senado por este agravio, que en último término le es imputable, pues no es de creerse que el subsecretario hubiera cursado esa carta sin su conocimiento.
El colmo será que su despropósito implique sancionar a un funcionario que ha tenido hasta los años de su colaboración con Lozano un comportamiento acorde con la responsabilidad y fineza que le viene de familia, de su padre don Fernando y su tío don Juventino.
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