Chocan versiones en expedientes de las Procuradurías estatal y federal

Los avances en la indagatoria del homicidio del periodista Armando Rodríguez Carreón difundidos ayer por la PGR contrastan con los indicios que la Procuraduría General de Justicia en el Estado reveló del caso a El Diario hace unos meses y cuyos datos apuntaban a que en este asesinato está involucrado un ex policía judicial que hasta 2003 fue parte del Grupo Zeus, y cuya identidad no fue hecha pública.

Sin embargo, la administración federal dio a conocer ayer el nombre de otro ex judicial, a quien identifica como José Antonio Acosta Hernández “El Diego”, como el responsable de planear el homicidio de Rodríguez Carreón.

Ante estos datos, se buscó a la procuradora Patricia González para entrevistarla sobre los avances reportados ayer por la PGR, pero la funcionaria no respondió a la solicitud presentada a través de su personal de comunicación social.

Esta no es la primera vez que el manejo oficial de información sobre el crimen de Rodríguez Carreón marca diferencias entre la Procuraduría estatal y el Gobierno federal, ya que –al menos desde febrero de 2009– ambas instancias han diferido sobre el asunto y ninguna había avanzado hacia alguna detención de los responsables.

El resultado de la fiscalía estatal fue difundido el pasado 13 de noviembre por El Diario, al cumplirse un año del asesinato de Rodríguez, aunque desde entonces esa instancia no dio ningún dato adicional a la indagatoria.

En ese entonces la línea de la Procuraduría de Chihuahua se formó con los datos aportados por “un informante” que les dijo que casi un mes después del homicidio, el 8 de diciembre de 2008, escuchó una conversación en la que un hombre alardeó sobre la forma en la que su padre, el ex judicial, había asesinado al reportero.

“(El informante) escucha cuando el sujeto (...) le dice al joven, de 25 años, hijo del ex policía judicial, lo siguiente: “Tu papá andaba culeando el otro día...”, y (El hijo) responde: “Pero bien que se quebró al pinche periodista, para que no anduviera de hocicón”. El sujeto de apodo (...) le contesta: si no le hubiera hecho el paro, no la hubiera librado”, dice una breve trascripción de la Procuraduría a la que este medio tuvo acceso.

La fuente, según la dependencia, le dio el nombre completo del presunto involucrado –quien además cuenta con antecedentes criminales–, el de su hijo y las direcciones de ambos, además de identificar a otros presentes durante esa plática.

Sin embargo, por cuestiones de seguridad, y debido a que la Procuraduría estatal no los identificó oficial y públicamente, los nombres proporcionados por el informante son omitidos.

La dependencia estatal sólo reveló en ese entonces que el sujeto que prestó el vehículo al homicida es alto, de complexión corpulenta “tipo sinaloense”, cabello castaño corto, con una cadena con su apodo, y que se “dedica a llevar los mensajes a los ejecutores o sicarios, también a los integrantes del grupo que roban vehículos”.

Estos datos fueron aportados por la procuradora Patricia González al Gobierno federal a través del entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

La Procuraduría estatal dio a conocer a El Diario que desde el mes de febrero del 2009 la administración federal tenía conocimiento de la identidad de los homicidas –material e intelectual– de “El Choco”.

Se refería al ex judicial que hasta 2003 fue parte del Grupo Zeus.

De acuerdo con información oficial, aunque al día siguiente del atentado la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas (FEADP), dependiente de la PGR, informó a nivel nacional que había atraído el caso de Armando para su investigación y esclarecimiento, la PGJE abrió su propio expediente.

Los resultados de su indagatoria fueron entregados de manera personal por la procuradora González Rodríguez al secretario de Gobernación en febrero del año pasado, tres meses después del asesinato, según los datos proporcionados por la dependencia estatal a El Diario.

La entrega ocurrió en una reunión de los funcionarios estatal y federal, de acuerdo con la información al alcance de El Diario, donde Gómez Mont se comprometió a instruir a la PGR para que detuviera a los involucrados en el crimen de Armando, la cual a su vez turnó el caso a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para que realizara las diligencias correspondientes.

Sin embargo, el funcionario federal dio a conocer en junio de ese año que los datos del informante de la administración estatal no habían sido útiles para esclarecer el asesinato del periodista.

“Es correcto suponer que por el hecho de que la Procuraduría de Justicia del Estado entregó información a la Federación, el delito sería resuelto, ya que se siguieron las líneas de investigación (proporcionadas por González) y no se llegó a ningún resultado. Este tipo de investigaciones tienen un carácter complejo”, dijo entonces el titular de la Secretaría de Gobernación entrevistado por El Diario en Tijuana.

Unos días después, de acuerdo con las declaraciones de Mike O’Connor, integrante del organismo internacional Comité para la Protección de Periodistas, el funcionario federal afirmó, en reunión privada con legisladores e integrantes del gremio periodístico, que la Procuraduría de Chihuahua únicamente proporcionó conjeturas sobre los posibles asesinos del periodista y ningún dato que llevara a una detención, por lo que la dependencia local solicitó ayuda del Gobierno federal.

Esta situación provocó que El Diario publicara el 17 de junio de 2009 una carta dirigida a Calderón donde da a conocer que la Procuraduría estatal entregó a la administración federal datos sobre el homicidio de su periodista, entre ellos el nombre del presunto asesino, y aunque Gómez Mont se comprometió a instruir a la PGR para que detuviera a los involucrados en el crimen de Armando, nada se había llevado a cabo al respecto.

El funcionario federal le respondió el 27 de junio al periódico con una carta dirigida a Osvaldo Rodríguez Borunda, director general de El Diario, donde menciona que “es la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien, a la fecha, es la responsable directa de las indagatorias de dicho crimen”, en el que colabora la PGR.

También reveló que con “la información entregada por la licenciada González Rodríguez, y en auxilio y colaboración con las labores que desarrolla la autoridad local, se inició el acta circunstanciada número PGR/ SIEDO/UEIDCS/AC/1 16/2009, y se envió personal del Ministerio Público Federal y de la Policía Federal, para realizar las investigaciones correspondientes a estos hechos”.

Aunque advirtió que “con la información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado Chihuahua no se han obtenido a la fecha resultados positivos en la averiguación; circunstancia de la cual está plenamente enterada dicha funcionaria, y cuyos detalles me está impedido referirle para mantener en reserva la información de la investigación que se sigue, y no entorpecer su avance”.

Para noviembre de 2009, el entonces delegado estatal de la PGR, Héctor García, informó de manera escueta que se habían robustecido algunas líneas –sin explicar cuáles– pero que, básicamente, la averiguación previa continuaba como la había dejado el agente José Ibarra Limón, quien también fue asesinado.

Desde entonces la Procuraduría federal se mantuvo en silencio sobre el caso hasta ayer cuando difundió que a Rodríguez Carreón lo mataron “por hacer muchas notas periodísticas en contra de La Línea”.

El entonces delegado de la PGR, Héctor García, dijo el año pasado a este matutino que consideraba “delicado” que, si la procuradora contaba con información sobre un presunto autor material, no hubiera realizado diligencia alguna al respecto.

Incluso dijo que no tenía conocimiento de esa indagatoria, aunque de acuerdo con la funcionaria estatal ya se había entregado al titular de Gobernación y éste ofreció pasarla a la PGR.

Tanto García como el agente asignado a la averiguación previa del homicidio de Rodríguez, José Ibarra Limón, mencionaron a El Diario, el año pasado, la existencia de nueve líneas de investigación.

Una de ellas, de acuerdo con datos que El Diario tomó del expediente, se derivó de la publicación de la nota “Matan en auto oficial a sobrino de procuradora”, publicada por Armando Rodríguez (en coautoría) el 29 de octubre de 2008 –dos semanas antes del crimen–, y que reportó los vínculos con el narcotráfico detectados a familiares políticos de la procuradora Patricia González.

“Línea. En relación a la nota periodística realizada por Armando Rodríguez ‘Matan en auto oficial a sobrino de procuradora’ se señala que Andrés Armando Sánchez Pineda era sobrino político de la procuradora y contar con antecedentes penales en Estados Unidos ya que había sido detenido en El Paso con más de 160 kilogramos de mariguana”, dice el expediente de la PGR.

“La línea de investigación es solicitar se remitan las investigaciones realizadas en torno a la ejecución de Andrés Armando Sánchez Pineda, a efecto de descartar la posibilidad de que tales personas involucradas en tales hechos se encuentren involucradas en la ejecución de Armando Rodríguez”, se pudo leer el año pasado en la línea de la instancia federal.

García explicó que ésta y el resto de las líneas de investigación se generaron a partir de que el agente Ibarra Limón concluyó la sistematización de los datos obtenidos tanto de las llamadas telefónicas marcadas y recibidas por el reportero, así como por sus apuntes, de sus recorridos y notas que le pudieron haber generado represalias.

“Todas (las líneas) salieron cuando se sistematizaron sus expedientes, sus llamadas, se hizo un diagrama. Se cuenta con un esquema que sistematizó dónde está Armando en relación con equis, con ye”, explicó García en entrevista con El Diario.

La PGR también entregó a este medio un resumen con la lista de 42 diligencias, entre ellas el levantamiento de una constancia que confirmó que, todavía en abril del año pasado, dos meses después de que la procuradora dijo contar con el nombre del presunto autor material del crimen, el agente del Ministerio Público del Estado no tenía dato alguno en la carpeta de investigación.

“Se levantó constancia de fecha 22 del mes de abril del presente año (del 2009), en la que se asentó por parte de esta Representación Social de la Federación el hecho de que el suscrito se apersonó en la oficina que ocupa la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Vida, de la Subprocuraduria General de Justicia Zona Norte, a fin de verificar si en la Indagatoria que se sigue en dicha Instancia relacionada con los hechos que se citan en párrafos que anteceden se encuentran nuevos datos que favorezcan la investigación que se sigue dentro de la Indagatoria 1598/2008 del índice de esta Mesa Investigadora, sin que se haya apreciado en la carpeta de investigación del Orden Común nuevos avances”, dice el reporte de la diligencia.

El 28 de julio de 2009, el agente Ibarra Limón fue asesinado afuera de su vivienda en la unidad habitacional Benito Juárez, a manos de un homicida que, con el modus en el que operan las células de sicarios en esta ciudad, primero le habló por su nombre y después le disparó en siete ocasiones, también con un arma corta.