Consecuencias de una transición mal hecha

Lorenzo Meyer
ANALISTA POLÍTICO

Distrito Federal– Interpretación. El Estado mexicano se muestra impotente para cumplir con sus tareas básicas: dar seguridad, impartir justicia en el sentido pleno del término y administrar lo público en beneficio de la colectividad. Esa incapacidad se explica, en parte, por la ineptitud de los dirigentes, en parte por la persistencia de la corrupción –que con el cambio de partido en el poder aumentó– y por la forma en que se llevó a cabo la transición política.

Hay varias maneras de desentrañar la tragedia mexicana actual. Una de ellas es considerar que el modelo político autoritario vigente hasta fines del siglo XX, se entretejió de una manera tan compleja con la estructura institucional que ambos, instituciones y autoritarismo, se volvieron una y la misma cosa. En esas condiciones, la pretensión de democratizar la política sin transformar y adecuar al mismo tiempo a las instituciones, dio por resultado un desastre.

En el año 2000, momento clave propiciado por el triunfo de la oposición en las urnas, la nueva dirigencia pretendió que se podría llevar a cabo el mejoramiento de la vida pública sin tener que emprender la difícil tarea de rehacer desde sus cimientos al entramado institucional, al Estado. Sin embargo, desde el inicio fue evidente la necesidad de una operación mayor para librar al armazón institucional de sus múltiples y bien arraigadas adherencias antidemocráticas y corruptoras, pues de lo de lo contrario se corría el riesgo que los elementos indeseables terminaran por poner su sello al cambio.

La experiencia española ilustra lo que hizo falta acá. En España, Adolfo Suárez, con gran sentido de responsabilidad histórica, convocó a un conjunto de líderes de derecha, centro e izquierda para que, mediante una nueva constitución, se hiciera la separación de los elementos del franquismo de los propiamente estatales. En el México del 2000 se tenía conciencia de las razones y efectos de ese proceso y de otros similares, pero los responsables se quisieron ahorrar trabajos y riesgos y fue así que se pusieron a trabajar con el instrumental recibido, sin realmente modificarlo.

Vicente Fox y los suyos actuaron como si la mera salida del PRI de “Los Pinos” –producto de la presión acumulada por una larga cadena de tensiones y contradicciones políticas, económicas y sociales– por sí misma terminaría por separar la escoria –los elementos autoritarios metaconstitucionales y anticonstitucionales– de la estructura constitucional pura. Obviamente eso no ocurrió. La vieja amalgama se agrietó pero conservó buena parte de lo antidemocrático y corrupto del pasado. La decisión de no reformar el aparato estatal se combinó con el evidente deseo de los nuevos cuadros por disfrutar del poder y descansar del supuesto “largo batallar” panista de más de medio siglo. Pero la dinámica política no dio tregua a nadie y por las grietas de un aparato estatal muy corroído, parchado y sólo parcialmente renovado, empezaron a colarse a los centros de decisión las fuerzas e intereses particulares más agresivos –los “poderes fácticos” – que al cabo de poco tiempo imprimieron su carácter a la vida pública y con efectos cada vez más dañinos.

El Estado Resquebrajado. La alternancia de partidos en el poder arrojó resultados políticos positivos, en particular porque propició la posibilidad de que surgieran organizaciones y movimientos sociales independientes y con propuestas alternativas. Durante el priísmo clásico, es decir, de la II Guerra mundial a la crisis de 1982, un movimiento como el encabezado por Andrés Manuel López Obrador simplemente hubiera sido imposible y hubiera acabado tan fallido como el que pretendió encabezar Carlos Madrazo. La libertad de expresión se hizo bastante real y el acceso a la información gubernamental es hoy mayor que nunca. La cuenta en el haber de la transición es innegable, pero la del debe es tan o más significativa.

El problema más angustiante que confronta la sociedad mexicana hoy es la impotencia de la autoridad para contener la creciente actividad y violencia del crimen organizado. El antiguo régimen autoritario ni quiso ni pudo acabar con el narcotráfico pero lo mantuvo controlado. Sin embargo, las resquebrajaduras en la estructura de autoridad ya existentes aunadas a las que se dieron como resultado de un cambio al que no acompañó la readecuación de las instituciones heredadas, acabaron con ese control.

El enfrentamiento del gobierno con las organizaciones de narcotraficantes ya no es oficialmente una guerra, pero con las más de 28 mil muertes atribuidas a ese conflicto desde diciembre de 2006, de los cuales casi 2 mil 300 corresponden a policías y soldados, más varios funcionarios, legisladores, un candidato a gobernador, un alcalde y muchos inocentes, es evidente que el concepto de guerra irregular sí corresponde a la realidad. Y tan es guerra, que el Ejército y la Armada son ya la última línea de defensa contra los bien armados, pagados y organizados cárteles de la droga. De tiempo atrás las policías simplemente han resultado inútiles como guardianas del Estado y de la sociedad.

Según la información disponible, pese a las espectaculares acciones de los militares, el tráfico de drogas, calculado en hasta 39 mil millones de dólares anuales, no ha disminuido y el crimen organizado tiene ya la capacidad de secuestrar, cobrar impuestos e incluso apropiarse directamente de parte del petróleo, con total impunidad, (informe del Economist Intelligence Unit en La Jornada del 24 de agosto)

En el pasado, en los 1990, Emilio Azcárraga Milmo, presidente de Televisa eligió autodefinirse como un “soldado del Presidente”. Hoy la situación pareciera haber dado un viraje de 180° y que quienes están al servicio de la empresa televisiva son las instituciones del gobierno. En marzo de 2006, y en apenas 7 minutos, el congreso federal aprobó la llamada “Ley Televisa”, una legislación hecha por y para beneficio del duopolio de la televisión. Posteriormente, la Suprema Corte declaró inconstitucional parte de esa legislación por darle abusivas ventajas a las empresas a costa del interés nacional. Sin embargo, han pasado cuatro años y es la hora en que los legisladores no se atreven a enmendar lo que hicieron mal. Es más, el gobierno federal ha seguido favoreciendo a Televisa. La última acción en este sentido es el otorgamiento por parte de la Cofetel, vía la licitación 21 del espectro radioeléctrico, de la banda de 1.7 gigahertz a Televisa y Nextel a cambio de una suma 28 veces inferior a su valor de mercado, (véanse la información de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información en www.amedi.org.mx).

La estructura corporativa creada o incorporada por el PRI desde 1938 y que le sirvió de gran base social, no fue desmantelada por la transición sino reciclada. Hoy, dos grandes sindicatos que mantienen una abierta alianza con el gobierno del PAN, el sindicato de maestros (SNTE) y el sindicato petrolero (SNTPRM), son también los más grandes obstáculos para llevar a cabo reformas fundamentales para México: la de la educación y la de Pemex. En estos campos se sabe que la inmovilidad equivale a hipotecar el futuro, pero nada indica que las inercias ya establecidas ahí vayan a modificarse. Los intereses creados de los sindicatos magisterial y petrolero se han impuesto a costa de los del país.

Otro campo donde se puede comprobar cómo los intereses de las grandes empresas se colocan por encima del interés general es la venta dentro de las escuelas de la llamada “comida chatarra”. La obesidad de los niños mexicanos es ya un gran problema de salud pero lo será más en el futuro.

Un gobierno responsable y democrático, hubiera buscado imponerse a las presiones de las industrias refresquera y de frituras para impedir la venta dentro de las escuelas de productos dañinos a los estudiantes. Sin embargo, la autoridad aceptó que la retirada fuese parcial y paulatina pese a que el gasto público que ocasionan las enfermedades relacionadas con la obesidad equivale ya a 5 mil millones de dólares. Por otro lado, el valor de las frituras y refrescos que se venden en 220 mil centros escolares se estima en 1,500 millones de dólares anuales, (cifras publicadas por la agencia Inter Press Service, 24 de agosto).

Conclusión. La transición mexicana fue operada de tan mala manera que finalmente terminamos con una estructura institucional tan o más disfuncional que la anterior. Un Estado mexicano cada vez más impotente está vaciando de contenido a lo que hubo de democracia tras el 2000. Si lo crítico de la situación no lleva a modificar las inercias imperantes, pronto el proyecto nacional carecerá de sentido.