Plantea reforma que obligue a partidos políticos a transparentar los recursos que manejan
Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Sábado 17 de julio de 2010, p. 5
La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados señaló un subejercicio de 39 mil 98 millones de pesos en el segundo año de gobierno de Felipe Calderón, de lo que sólo se recuperaron 4 mil 990 millones, desconociéndose hasta la fecha el destino del resto.
Las conclusiones del análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) –del que se tiene copia–, refieren:
“Derivado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008 se determinaron recuperaciones (que deben hacerse) por 39 mil 98 millones de pesos. La ASF reporta que de ese monto se han operado 4 mil 990.1 millones de pesos y se consideran como recuperaciones probables 34 mil 108.8 millones de pesos.”
Dentro de las recuperaciones operadas, 4 mil 780 millones de pesos –equivalentes a 95.8 por ciento de lo reportado por la ASF– provinieron de las auditorías practicadas a recursos federales transferidos a estados y municipios.
“Con estos resultados, la ASF reporta que de manera acumulada, al considerar la revisión de las cuentas públicas 2001-2008, se han operado recuperaciones a la hacienda pública federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales, por un monto de 35 mil 145.5 millones de pesos.”
Como consecuencia del proceso de fiscalización en años recientes, la ASF ha identificado áreas de opacidad y riesgo en las que urgen acciones de gobierno:
En el rubro “eficiencia recaudatoria del Estado” se requiere dotar de mayores facultades a estados y municipios, ampliar el padrón de contribuyentes, combatir la evasión y la elusión fiscales, eliminar el sector informal de la economía y el contrabando, simplificar y mejorar la progresividad del marco regulatorio impositivo y otorgar certidumbre jurídica al contribuyente.
En relación con los “fideicomisos, mandatos y contratos análogos”, es necesario impulsar mayor transparencia en su operación, fortalecer los controles y la supervisión de su administración y obligar sin excepciones a la rendición de cuentas del uso y el destino de los recursos públicos que se les transfieren, incorporando los resultados de su ejercicio y los remanentes en las cuentas públicas anuales respectivas.
En el área “educación pública” se debe dar vigencia al mandato constitucional de universalidad, mediante una política de largo plazo que privilegie la calidad, la adecuada cobertura de los servicios y el mejoramiento de la infraestructura para el sector.
Advierte que en tanto no se modifique integralmente el sistema educativo nacional, continuarán la corrupción y la ineficiencia. La formación de los ciudadanos debe incluir los valores fundamentales de la cultura democrática y el respeto a la legalidad, los derechos humanos y a la preservación del medio ambiente.
En el rubro de “recursos federales transferidos a estados y municipios”, plantea –entre otras acciones– actualizar las reglas de operación de los fondos del Ramo General 33 y, consecuentemente, de la Ley de Coordinación Fiscal, así como homologar los marcos jurídicos y normativos de los estados con el del ámbito federal en materias de fiscalización superior, y de presentación, revisión y aprobación de la cuenta pública.
En materia de “recursos destinados a procesos electorales”, plantea un nuevo marco jurídico de carácter integral que permita ordenarlos y evitar el desvío de recursos públicos en los tres niveles de gobierno.
Advierte que se requiere avanzar en la fiscalización de recursos en la materia y que se deberá analizar una iniciativa de ley que obligue a los partidos políticos a rendir cuentas a los ciudadanos y a sus propios militantes, así como a transparentar de manera pública y obligatoria los considerables recursos que manejan.
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