Temen organismos de derechos humanos que la agresión quede impune
Antonio Heras
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 1º de junio de 2010, p. 39
Mexicali, BC., 31 de mayo. El mexicano Anastasio Hernández Rojas, de 42 años, murió hoy de un paro cardiaco, dos días después que le fue diagnosticada muerte cerebral por la golpiza que le propinaron agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes además le aplicaron descargas eléctricas.
El deceso de Hernández Rojas, padre de cinco hijos estadunidenses, entre ellos dos mellizos de cuatro años y quien había vivido en San Diego desde hace más de 20 años, ocurrió a las 17 horas de este lunes –tiempo local– en el Hospital Sharp Memorial de Chula Vista, California.
La noche del viernes, Anastasio, oriundo de San Luis Potosí y quien laboraba en el servicio de limpieza de albercas, fue detenido en el condado de San Diego por carecer de documentación migratoria. por lo que autoridades estadunidenses iniciaron el proceso de “deportación voluntaria” hacia México.
A unos metros de la puerta de salida de la Garita Internacional San Ysidro-Tijuana un agente de la Patrulla Fronteriza lo comenzó a golpear por presuntamente desobedecer sus órdenes e intentar huir, según versiones de los uniformados.
El mexicano fue sometido por unos 20 oficiales que con toletes, pies y puños lo golpearon y le aplicaron descargas eléctricas hasta dejarlo inmóvil. Paramédicos trataron de reanimarlo pero estaba inconsciente. Fue trasladado de emergencia al Hospital Sharp Memorial de Chula Vista, cuyo personal médico diagnosticó muerte cerebral el domingo.
Este lunes, representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California (PDH-BC) acudieron al nosocomio para brindar apoyo y asistencia legal a Anastasio Hernández Rojas y sus familiares.
Sin embargo, el deceso sobrevino cuando el personal de los organismos mexicanos de derechos humanos se encontraban en el hospital. Heriberto García, titular de la PDH-BC calificó la agresión contra Hernández Rojas como “irresponsable, abusiva y criminal, que abre la puerta a la impunidad”.
Consideró que el uso excesivo de la fuerza de parte de elementos migratorios debe ser sancionado contundentemente y no debe quedar “en una acción administrativa, como ha ocurrido en el pasado”, cuando en el mejor de los casos se cambia de adscripción a los agentes involucrados y no se les somete a juicio.
Subrayó que este tipo de agresiones no son sancionadas conforme a la ley, y como ejemplo citó el asesinato por un balazo en la espalda de Guillermo Martínez, en diciembre de 2005, cuando regresaba a territorio nacional.
Señaló que normas antimigrantes, como el caso de la Ley Arizona, son elementos que permiten la existencia de estas actitudes que traen consigo ataques físicos contra personas vulnerables que buscan mejores condiciones de vida fuera de su país de origen.
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