Taurino Rosas, Luis Manzur, Omar Ortega, Óscar Sampayo y Refugio Sampayo, trabajadores de LFC en Necaxa, antes de iniciar su huelga de hambre, este viernes en el Zócalo capitalinoFoto José Carlo González
Georgina Saldierna, Emir Olivares y Alma Muñoz
Periódico La Jornada
Sábado 9 de enero de 2010, p. 5
El grupo de notables que median entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el gobierno federal, propuso anoche a las partes, una serie de lineamientos que se proponen evitar el escalamiento del conflicto y sentar bases para su solución. Advirtió que si no se aceptan antes del próximo martes a las 6 de la tarde, evaluará si continúa con su encomienda.
José Narro Robles, rector de la UNAM, José Enrique Villa Rivera, ex director del IPN, y los coordinadores del PRI, PAN y PRD en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, Gustavo Madero y Carlos Navarrete, respectivamente, exhortaron en el documento, a trabajadores y autoridades a respetar las resoluciones firmes que emita el Poder Judicial de la Federación sobre el tema.
De manera particular, pidieron a los sindicalizados que, en la defensa de sus posiciones y derechos, se conduzcan en todo momento en los cauces de la legalidad y el respeto a los derechos de la ciudadanía, evitando actos violencia o actos que pongan en peligro el servicio de energía.
Solicitaron a la representación gremial que acepte llevar a la consideración de los trabajadores, las propuestas que oficialmente presenten las autoridades federales por medio de la Secretaría de Gobernación, en la mesa de diálogo y negociación.
Los cinco personajes pidieron al gobierno que en todo momento se respeten los derechos laborales de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y que considere cubrir conforme a la ley, la parte proporcional del aguinaldo a que tienen derecho, el fondo de ahorro retenido y los salarios de semanas devengados.
Demandaron a las autoridades poner en práctica los procesos necesarios para que los sindicalizados recuperen sus pertenencias resguardadas en los centros de trabajo y que busquen vías de apoyo a los trabajadores, con cargo a las prestaciones que conforme a derecho se lleguen a derivar de las resoluciones firmes del Poder Judicial de la Federación, a fin de atender las necesidades básicas de los electricistas no indemnizados hasta ahora.
Advirtieron que sólo continuarían con la encomienda de mediar si las partes aceptan públicamente estos lineamientos, a más tardar el martes próximo a las 6 de la tarde.
En caso de acceder, agregaron que invitarán a sindicalizados y gobierno a redoblar el esfuerzo de encontrar una solución adecuada.
El documento entregado anoche tanto al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, como a la dirigencia del SME, es el primero que emite la comisión de notables y fue suscrito por todos sus integrantes, incluido Gustavo Madero, quien se mostraba reacio a que los senadores intervinieran en el asunto.
Los cinco manifestaron su preocupación por las reacciones violentas que se han registrado en los últimos días y con las que “nadie puede coincidir”, al destacar que el diálogo se ha estancado y muestra de ello son las declaraciones que han emitido altos funcionarios gubernamentales y dirigentes del SME. Por último ratifican su interés por encontrar una solución al problema.
Los mediadores se reunieron en el Senado al anochecer del jueves para analizar la situación derivada del decreto de extinción de LFC y determinaron elaborar estos lineamientos, que afinaron y suscribieron durante el viernes.
El jueves, después de que el sindicato celebró una asamblea extraordinaria que concluyó cerca de las 10 de la noche, Martín Esparza se reunió con integrantes de la comisión por varias horas. El vocero gremial, Fernando Amezcua, dijo que en ese encuentro el SME entregó a los notables una propuesta para resolver políticamente la confrontación. Ahora, puntualizó, estamos a la espera de que “nos digan en qué momento el gobierno federal quiere resolver”.
La directiva gremial celebrará este sábado una asamblea para discutir la respuesta a la carta de los notables. En tanto que el gobierno federal no fijó su posición.
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