Elena Michel y Ricardo Gómez
El Universal
Miércoles 06 de enero de 2010
politica@eluniversal.com.mx
El gobierno federal encontró un resquicio jurídico para evitar la entrega de datos a los ciudadanos, invocando la figura de “información inexistente”.
Desde que se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el gobierno federal utiliza con mayor frecuencia este argumento para frenar la divulgación de datos públicos oficiales, según consta en cinco iniciativas que permanecen en la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Congreso.
En el primer año de funcionamiento de esta norma (2003) se recurrió a la justificación de la “información inexistente”, para responder 2.6% de las solicitudes de transparencia, mientras que en 2009 el índice alcanzó 6.2%.
En los tres primeros años de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, prácticamente se triplicó la incidencia de esta explicación para reservar datos de interés público.
En 2004,de acuerdo con la iniciativa de ley presentada el 15 de octubre por los senadores del PRI, Alejandro Moreno, Raúl Mejía y Adolfo Toledo, la figura de “información inexistente” se utilizó en 3.2% de las solicitudes recibidas; en 2005, 3.9%; 2006, 4.6%; 2007, 4.8%; 2008, 5.9%, y en 2009, 6.2%.
En la exposición de motivos de la propuesta se precisa que el gobierno federal hace una interpretación “sesgada” del artículo 42 de la ley, en el cual se explica que las dependencias sólo están obligadas a entregar los documentos registrados en sus archivos.
Senadores de la República de las principales fuerzas políticas (PAN, PRI y PRD) aceptaron que la transparencia es un proceso aún inconcluso.
El vicecoordinador del PRD en el Senado, Silvano Aureoles, admitió que aún se presentan resistencias en esta materia en los ámbitos estatales.
El legislador del PAN, Marko Cortés, dijo que los congresos locales deben dejar de ser entes políticos y vigilar el gasto de los gobernadores.
El vocero del PRI en el Senado, Carlos Jiménez Macías, lamentó la situaciónque priva en algunas entidades del país, donde la transparencia sigue en calidad de asignatura pendiente.
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