Incluye en su agenda legislativa vigilancia en el gasto social y castigo al subejercicio
Acuerda no avalar iniciativa del Presidente para reducir el Congreso; revisará la subrogación de servicios
Enrique Méndez
Enviado
Periódico La Jornada
Domingo 24 de enero de 2010, p. 3
Boca del Río, Ver., 23 de enero. La diputación federal del PRI definió una agenda legislativa que busca acotar aún más al Presidente de la República, al aplicar más controles en el gasto social y de asistencia pública y obligarlo a ir al Congreso a presentar su informe anual, en un formato que incluye la “interacción” de los diputados y senadores, pero con pulcritud en el comportamiento de los legisladores durante la sesión.
También pretende reducir y sancionar los subejercicios en el gasto, así como obligarlo a presentar informes trimestrales de los resultados de la lucha contra la delincuencia organizada.
Además, la bancada tricolor anunció que en los primeros días del periodo ordinario –empieza el primero de febrero– se dictaminará la Cuenta Pública 2007, correspondiente al primer año de gobierno de Felipe Calderón, y en el mismo mes las rezagadas del periodo 2002-2006, de la administración de Vicente Fox, “que son los años de la mayor bonanza petrolera del país, dilapidada en gasto corriente y aumento de alta burocracia”.
Al presentar las conclusiones de la reunión plenaria del grupo parlamentario, su coordinador, Francisco Rojas Gutiérrez, recordó que la actual legislatura aprobó el paquete económico 2010 sin conocer los resultados de las cuentas públicas de Calderón. “No podemos repetir esa práctica; es urgente saber cómo se gastó el dinero”, declaró.
También explicó que el acuerdo de la bancada es no avalar la reducción del Congreso, en atribuciones y número de sus integrantes, porque se trata de un poder que “históricamente ha sido contrapeso formidable de los excesos del Ejecutivo”.
Por el contrario –señaló–, el PRI confeccionará su propuesta para una “reforma política de trascendencia” y presentará una iniciativa de cambio al desempeño de la Cámara de Diputados, en la búsqueda de clarificar sus decisiones y agilizar el dictamen de las iniciativas.
Los priístas informaron que se revisará el régimen de subrogación a particulares de servicios gubernamentales, como el de las guarderías, que –de acuerdo con el plan del tricolor– para su operación deberán estar certificadas por un organismo autónomo. Se plantean sanciones penales contra funcionarios que autoricen la apertura de estancias que no cumplan los requisitos, para así evitar “accidentes fatales”.
En el rubro de más controles al Ejecutivo, el PRI dijo que se aplicará una nueva reducción al gasto corriente, no sólo para sanear las finanzas públicas, sino por la incongruencia del gobierno de disminuir simbólicamente algunos rubros con fines mediáticos, pero sin reconocer que el derroche es “escandaloso” y que el erario se utiliza también para favorecer a asociaciones privadas, sin el conocimiento del Congreso.
Además, presentará un proyecto para modificar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para “sancionar severamente” a quienes incurran en subejercicios, así como prohibir las denominadas “disponibilidades”, figura que utiliza la Secretaría de Hacienda para contar con recursos de manera discrecional.
También –anunció Rojas– se impedirá que Hacienda abra cuentas diversas en la Tesorería de la Federación “para disimular las disponibilidades y tenerlas ahí para ejercerlas sin ningún control del Congreso”.
Dijo que se revisará el sistema fiscal “para hacer explícitos los subsidios y otros gastos”, así como “acabar con el régimen ventajoso y centralista, y hacer realidad un federalismo sin el sentido patrimonialista que parece autorizar al Ejecutivo a regatear los recursos públicos a los estados”.
Anticipó que el PRI solicitará formalmente información sobre el oculto rescate gubernamental a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, que por su monto sería casi similar al bancario.
Además, presentará una iniciativa para dar autonomía al Consejo Nacional de Evaluación, para que rinda cuentas de la política social y pueda emitir un dictamen a la Cámara sobre la eficacia de los programas sociales, porque “tal parece que al gobierno sólo le importa su eficacia electoral”.
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