En los casi siete meses transcurridos desde el incendio de la guardería ABC –subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)– en Hermosillo, Sonora, las autoridades de los distintos niveles de gobierno han demostrado ser incapaces de atender satisfactoriamente las demandas de esclarecimiento de los hechos formuladas por las familias de los muertos y la sociedad.
El pasado viernes, la ex coordinadora de guarderías del IMSS de la capital sonorense, Irma Cresencia Díaz Gómez –la única de las presuntas responsables que permanecía encarcelada–, obtuvo su libertad bajo fianza luego de permanecer poco más de medio año en prisión. Días antes, el director de Protección Civil de Hermosillo, Roberto Copado, fue liberado tras permanecer recluido por cinco días; en tanto que el jefe de bomberos de esa ciudad, Martín Lugo Portillo, quien había sido arrestado el 16 de diciembre, salió libre un día después, luego de pagar la caución.
La excarcelación de los detenidos por el lamentable suceso ocurrido el pasado 5 de junio –en el que perdieron la vida 49 niños y decenas más resultaron heridos– pone en perspectiva la falta de una investigación escrupulosa, exhaustiva, transparente y objetiva de los hechos por parte de las autoridades de los distintos niveles de gobierno. En efecto, debe recordarse que tuvieron que pasar más de dos semanas de la catástrofe para que la Procuraduría General de la República solicitara órdenes de aprehensión contra una veintena de funcionarios menores –la propia Díaz Gómez entre ellos– por su presunta responsabilidad en los sucesos.
En contraste, hasta el momento no ha sido detenido ninguno de los propietarios de la guardería ABC –entre quienes figuran personas cercanas al anterior gobierno de Sonora, encabezado por Eduardo Bours, así como familiares de la esposa del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón–, pese a que la propia PGR libró las órdenes de aprehensión correspondientes desde julio pasado. Significativamente, las sanciones hasta ahora impuestas en contra de los dueños de la guardería se limitan a una multa por un millón 644 mil pesos –cantidad menor a la que tuvo que pagar la ex coordinadora regional del IMSS para obtener su libertad– y la inhabilitación por cinco años para celebrar contratos con dependencias federales.
Por añadidura, los altos funcionarios municipales y estatales de los que cabe sospechar responsabilidad permanecen sin castigo, y otro tanto puede señalarse de los cuadros directivos del IMSS a escala nacional, encargados de supervisar el funcionamiento de los planteles que ese instituto subroga.
La actitud errática y tardía de las instancias de procuración de justicia estatal y federal, la falta de avances en las pesquisas emprendidas, y la presentación de presuntos responsables que parecieran ser más bien chivos expiatorios, hacen que surjan sospechas en torno a una voluntad por garantizar impunidad a los altos funcionarios públicos y los particulares “influyentes” involucrados, ya sea por acción u omisión, en los lamentables hechos.
En la circunstancia de descrédito institucional que enfrenta el país, y ante el creciente enojo y desesperación de los familiares de las víctimas, resulta impostergable un viraje en las investigaciones que se desarrollan en torno al caso ABC, a efecto de sancionar a los verdaderos culpables –se trate de quién se trate– y asegurar la procuración de justicia al medio centenar de familias que en junio pasado enfrentaron la irreparable pérdida de sus niños.
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