Misoginia criminal

GABRIELA HERNáNDEZ Y ARTURO RODRíGUEZ,,
Los feminicidios en el noreste del país registran un alarmante aumento en cantidad y, sobre todo, en brutalidad. Independientemente de su nivel educativo, sean obreros, profesionistas o empresarios, los asesinos consideran a la mujer como objeto de su propiedad. Mientras, las leyes que deberían inhibir
la violencia de género son letra muerta.
Monterrey, NL.- Acuchilladas, apedreadas, apuñaladas, asfixiadas, atropelladas o baleadas; degolladas, desmembradas, estranguladas; golpeadas, lanzadas al vacío o quemadas: los asesinatos de mujeres en estados del noreste del país van en aumento, lo mismo que la saña con que se cometen.
Aunque algunos de ellos se relacionan directamente con el crimen organizado, la mayoría es resultado de violencia intrafamiliar. Sin embargo, la brutalidad que exhiben los crímenes domésticos los asemeja a los ejecutados por la mafia. Incluso, cuerpos de mujeres asesinadas han sido localizados en parajes desolados, porque los agresores intentan hacer pasar los crímenes como ajustes del narco.
En entrevista con Proceso, Irma Alma Ochoa, integrante del organismo Artemisas por la Equidad, menciona el caso más reciente ocurrido en Saltillo, Coahuila: Dixie Deyanira Rodríguez Martínez, estudiante de primer año de medicina en la Universidad del Valle de México, desapareció el 6 de noviembre; su cadáver fue localizado 18 días después en un paraje despoblado, ahorcada, en avanzada descomposición.
Mientras se le consideró desaparecida, su familia difundió la imagen de la joven mediante carteles y correos electrónicos, se entrevistó con autoridades, organizó una marcha con parientes y amigos, y acudió a todos los medios de comunicación en la ciudad pidiendo ayuda para encontrarla.
Finalmente, el martes 24, la Fiscalía General del Estado informó que el padrastro de la joven, Óscar Zapata Villanueva –quien inclusive había participado en la búsqueda–, confesó haber asesinado a Irma y condujo a la policía al sitio donde había abandonado el cuerpo, en un paraje de la carretera Saltillo-Torreón.
Artemisas por la Equidad comenzó a detectar este tipo de casos desde 2000; el denominador común es que los asesinatos han sido brutales. Para la activista, la inseguridad en la región, producto de la delincuencia organizada, “lleva a creer a personas conocidas por las víctimas que pueden cubrirse, piensan que no los van a inculpar”.
Casos similares se presentan en Tamaulipas. Apenas el sábado 14, Juana Ángeles Cortez, una obrera de la maquiladora Corning de Reynosa, fue encontrada envuelta en cobijas, semicalcinada en el interior de una camioneta en llamas abandonada en una brecha. Presentaba nueve heridas de arma punzocortante en el cuello y señales de haber sido violada.
Aunque en un principio se especuló que este homicidio era obra de bandas delictivas, la Policía Ministerial del Estado identificó al novio de la víctima, Felipe Linares Ortiz, como el autor material del crimen. El presunto responsable está prófugo.
Nayma Karina Balquiarena Pérez, presidenta del Centro Asistencial “Vive Mujer” en Ciudad Victoria, dice que tres factores se conjugan para exacerbar los riesgos de que las mujeres sean víctimas de violencia en esta entidad: el clima de impunidad y brutalidad generado por la presencia del crimen organizado, el alza en el consumo de drogas y alcohol, y el desempleo provocado por la crisis económica.
En Reynosa, donde se han cometido 12 de los 33 feminicidios ocurridos en Tamaulipas en lo que va de este año, la percepción de inseguridad y vulnerabilidad para la mujer es tal que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal decidió impartir cursos de defensa personal a periodistas, estudiantes universitarias, obreras y amas de casa.
“Se dan muchos casos de violencia intrafamiliar, especialmente agresión hacia la mujer. Por eso es que estamos brindando estos cursos para que ellas mismas se defiendan, que no esperen que alguien les brinde ayuda y que pongan su vida a salvo”, declaró a los medios locales Víctor Hugo Hernández Garza, uno de los instructores.
Nuevo León: la barbarie
Desde el inicio de este año, la brutalidad fue alarmante. El 5 de enero, en Santa Catarina, Silvia Irma Morales, de 29 años de edad, fue atada de pies y manos por su esposo, Néstor Jesús Ovando Quevedo, quien la mató a golpes. Luego recogió su cuerpo, lo llevó a un terreno baldío y le prendió fuego. Quedó completamente calcinada.
El 12 de enero, en Monterrey, una mujer no identificada, de aproximadamente 35 años de edad, fue asesinada a golpes y abandonada en un lote baldío de la colonia Ciudad Solidaridad de esta ciudad, encobijada, al estilo de la delincuencia organizada.
Luego, el 16 de enero, en Apodaca, otra mujer fue asfixiada hasta morir. Su cuerpo fue descuartizado y colocado en una bolsa, en la colonia Portal de Santa Rosa.
El año siguió alimentando la estadística de Artemisas por la Equidad, que en 2008 registró 22 asesinatos violentos de mujeres en Tamaulipas. En lo que va de 2009, los asesinatos llegan a 33, aunque el Instituto Estatal de las Mujeres en la entidad (IEMNL) sólo contabiliza 31.
Para la activista Alicia Leal Puerta, fundadora de la Red Nacional de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia, los asesinatos con características de ejecución al estilo del narco pueden ser por imitación, pero enfatiza: “El hecho es que las mujeres estamos saliendo de la casa a trabajar; lo que no cambia es la cultura de misoginia, que concibe a la mujer como propiedad privada del hombre. Las mujeres pagan caro su incorporación al mercado laboral”.
Ella no ve diferencia con el crimen organizado: las mujeres son vistas como objeto, como propiedad; deben callar y obedecer, o las matan a ellas o a sus hijos. “Obrero, empresario, profesionista o narco, el punto es que se asumen como dueños de sus mujeres”, dice.
El 10 de agosto, en la colonia Del Paseo Residencial, un sector acomodado de Monterrey, Neyda Gloria Flores Tamez, exdelegada estatal del Instituto de Educación para los Adultos, sostuvo una discusión con su esposo, Ricardo Cavazos Ramírez, quien sacó una pistola y le disparó. La mujer intentó huir con su hijo, concebido en otra relación, pero fue alcanzada por el marido indignado quien disparó en dos ocasiones más. El niño murió y ella resultó herida.
En el seguimiento de los casos, Irma Alma Ochoa ha encontrado que la gran mayoría de los asesinatos tiene que ver con celos. Cuenta que en Nuevo León, dos niñas de tres años de edad fueron asesinadas porque el padre creía que su mujer lo había engañado.
Ley muerta
“Se trata de homicidios largamente anunciados, que reflejan el fracaso de las políticas públicas orientadas a que las mujeres tengan una vida libre de violencia”, dice Alicia Leal.
Amnistía Internacional también diagnosticó lo anterior el pasado 30 de enero, en el segundo aniversario de la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: en la mayoría de las 32 entidades federativas mexicanas, la ley no ha tenido impacto.
Kerrie Howard, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, comenta que “el gobierno federal, por medio del Instituto Nacional de las Mujeres, ha priorizado la armonización de la legislación estatal con normas nacionales e internacionales. No negamos que sea un paso necesario, pero es evidente que los avances en la gran mayoría de los gobiernos estatales para poner en práctica medidas que mejoren el acceso a la justicia y la seguridad de la Ley General han sido muy limitados y hasta nulos.
“Si no se cumplen los requisitos básicos de la legislación federal a nivel estatal, la ley no será más que papel”, consideró Howard.
Para Alicia Leal, esa falta de políticas públicas y de voluntad para atender el problema por parte del Estado mexicano se traduce en agresiones.
“Cuando una mujer ha estado manifestando que vive violencia y no es protegida por las autoridades, la falta de respuesta nos indica que no hay un lugar para canalizarla o llevarla. No se pone a salvo la vida de esas mujeres ni se les facilita que tengan acceso a la justicia.”
Eso ocurrió en Reynosa. La presidenta del Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos (Cefprodhac), Rebeca Rodríguez, registró el caso de una mujer a la que intentaron darle asistencia.
En el ejido Los Longoria, cercano a Reynosa, Melchor de los Santos asesinó a Bertha Alejandro Ramírez Saucedo, quien se había separado debido a la violencia con que la trataba por celos. La mujer había interpuesto denuncia, pero no quiso ir a un refugio. Nadie le dio seguimiento y el pasado 6 de enero De los Santos le dio un balazo en la nuca. Cuando la policía llegó, el agresor primero intentó negociar su entrega, luego se disparó en la cabeza.
Nayma Karina Balquiarena, de “Vive Mujer”, dice que en Tamaulipas hay un rezago de mil 600 expedientes no resueltosde denuncias por violencia intrafamiliar presentadas por mujeres.
“Hay un avance legislativo en Tamaulipas, porque se aprobó la Ley de Equidad de Género, pero en los hechos las estadísticas son escalofriantes”, declara.
Irma Alma Ochoa advierte que en Nuevo León las edades de las víctimas van de los cinco meses a los 98 años, y muchas de ellas tienen relación cercana con sus agresores: padre, padrastro, esposo, amasio, novio, amigo, exesposo; exconcubino, exnovio, expareja o vecino. En este grupo están también hijos, nietos, sobrinos, cuñados y yernos.
“Otro aspecto que hemos visto con frecuencia es que, luego del ataque, el agresor se suicida”, afirma Ochoa.
El pasado 20 de noviembre, enferma de cáncer, Mirna Yesenia Páez López, vecina de Doctor González, en Nuevo León, fue asesinada por su exmarido, Juan Montemayor Marín, quien inmediatamente después de darle muerte se quitó la vida. Sus hijos, de cinco y ocho años, pidieron auxilio. La familia de la víctima afirmó que la pareja se había separado porque él siempre la golpeaba.
Tamaulipas: el ocultamiento
Benita Cruz Zapata, coordinadora de la Red de Mujeres Periodistas de Ciudad Victoria, asegura que la mayoría de los crímenes que se cometen actualmente contra mujeres en Tamaulipas se relacionan con violencia doméstica. Sin embargo, el temor que genera el crimen organizado en la entidad es utilizado por los agresores como “un blindaje” para la impunidad.
Desde su página en internet, mujerestam.com, Cruz Zapata lleva un conteo de feminicidios ocurridos en Tamaulipas desde 2005, cuando la ola de violencia en la frontera causó la muerte de 43 mujeres.
En 2005 y 2006, más de la mitad de los homicidios estaban relacionados con el crimen organizado, precisa, y casi la totalidad quedaron en la impunidad.
Los patrones se han ido modificando a partir de 2007, cuando aumentaron los homicidios cometidos por algún miembro del círculo familiar de la víctima.
“Recuerdo un caso ocurrido en Reynosa en 2007, un hombre que mató a su esposa, la hizo pedacitos en el baño de su casa, luego la subió a un carrito de supermercado y fue dejando partes de su cuerpo por diferentes calles de Reynosa.”
El monitoreo que realiza Cruz Zapata se basa sólo en notas de prensa, porque desde 2007 la Procuraduría de Justicia del Estado dejó de proporcionar datos específicos de los casos. Apelando a la Ley de Protección a la Víctimas, se limita a dar un número de muertas.
“Hemos insistido ante la procuraduría que no se trata de hacer escarnio de las víctimas, sino de sacar a la luz un tema que nos preocupa, es hacer visible lo que está ocurriendo, porque ¿cómo se va a atender lo que no existe, lo que ni siquiera se nombra?”, reclama.
Yoliria Joch, directora del Instituto Tamaulipeco de la Mujer, señala que incluso la mayoría de los asesinatos de mujeres cometidos este año en actos relacionados con el crimen organizado ocurrieron porque sus parejas están inmiscuidas con las bandas delictivas. A veces son víctimas de venganzas; otras, mueren simplemente por estar en su compañía.
A principios de este año se registraron varios de esos casos. El 20 de enero en Ciudad Victoria, Meissy Ávila Díaz, de 27 años, fue acribillada por al menos 21 disparos.
Según los testigos, el esposo de Ávila Díaz fue levantado por un grupo de sicarios que llegó hasta su casa. En la desesperación por tratar de impedirlo, la joven abordó su vehículo para seguir a los captores. En la calle Cinco, entre Juan José de la Garza y bulevar López Portillo, de la colonia Mainero de esa ciudad, los pistoleros abrieron fuego contra la joven que los perseguía. La Procuraduría de Justicia del Estado hizo pasar este crimen como un intento de robo.
El 18 de enero de este año, en el municipio de Río Bravo, Nora Nelly Cavazos Treviño y Adriana Treviño fueron encontradas en el interior de una camioneta, ambas con el tiro de gracia en la frente y un papel que decía: “por prostituta”. Dos días antes, en la ciudad de Reynosa, una mujer, aún sin identificar, apareció decapitada.
En Reynosa, el pasado 3 de agosto, Diana Laura Mendoza González, de 36 años de edad, directora de un bachillerato, fue asesinada a balazos por Erick Noel Navarro, un “mara salvatrucha” que fue contratado por desconocidos.
La directora de “Vive Mujer” menciona que son comunes los casos de agresiones domésticas que quedan en el silencio porque son cometidas por hombres que están inmiscuidos con la mafia.
Cuenta que algunas mujeres, muy jóvenes por cierto, les dicen: “Yo no puedo denunciar porque mi pareja es del crimen organizado, y si digo algo me mata”.