La toma de protesta de los jefes delegacionales electos, que se realizó ayer en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), estuvo marcada por los desfiguros y las impugnaciones en torno a tres de los nuevos dirigentes delegacionales: el petista Rafael Acosta Ángeles, Juanito, de Iztapalapa –quien ayer mismo solicitó licencia al cargo por 59 días–, y los panistas Demetrio Sodi y Carlos Orvañanos, de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, respectivamente. Lo que debió ser un protocolo republicano derivó en un espectáculo bochornoso que permite ponderar el grado de descomposición que padece el conjunto de la institucionalidad política del país.
Los despropósitos cometidos ayer en el recinto de Donceles y Allende, debe señalarse, tienen como denominador común una crispación política generada a partir de distintos e impresentables fallos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En el caso de Iztapalapa el máximo órgano de justicia electoral decidió –en una sesión que se desarrolló durante la madrugada, a unos días de la elección, cuando ya no era posible modificar la papelería electoral y a contrapelo de una resolución previa del Tribunal Electoral del Distrito Federal– revocar la constancia de mayoría que acreditaba a Clara Brugada como abanderada del Partido de la Revolución Democrática por esa demarcación, y otorgar dicha postulación a Silvia Oliva Fragoso, representante de la corriente Nueva Izquierda. Con esa resolución injustificable, el organismo profundizó la división que se vive en el sol azteca, introdujo elementos de turbiedad e incertidumbre en el proceso electoral de la delegación y obligó a la aplicación de una serie de maniobras políticas que concluyeron con la elección formal de Acosta Ángeles, quien en días recientes amenazó con incumplir su compromiso de abandonar el cargo en favor de Brugada, en un episodio lamentable alimentado por el regodeo de la mayoría de los medios de comunicación.
Por lo que toca a Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, debe traerse a cuento la resolución emitida por el propio TEPJF el lunes pasado, con la que el máximo tribunal electoral decidió dar por buenos unos comicios en los que ambos candidatos panistas, Sodi y Orvañanos –según consta en un documento elaborado por la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal– rebasaron los límites legales de gasto en publicidad. Lejos de sancionar esas irregularidades y ordenar la anulación de los comicios –como correspondía conforme a derecho y como ya lo había ordenado el Tribunal Electoral del Distrito Federal–, el TEPJF decidió pasarlas por alto y otorgar el triunfo a los candidatos del blanquiazul, sin importar que con ello, estuviese legitimando, a posteriori, la trampa electoral.
Por lo que puede verse a partir de los fallos comentados, la máxima instancia de justicia electoral del país ha abandonado su responsabilidad de desempeñarse con imparcialidad y dotar de transparencia y certidumbre a los procesos electorales. El organismo se muestra ante la opinión pública como carente de independencia respecto del Poder Ejecutivo, y sus resoluciones se han erigido en factores de distorsión de la voluntad popular –como ocurrió en Iztapalapa– y de la legalidad –como ocurrió en Miguel Hidalgo y Cuajimalpa–, y en elementos de discordia y confrontación entre las distintas fuerzas políticas.
En suma, lo observado ayer en el edificio de la ALDF parece el colofón lógico para una institucionalidad electoral empeñada en socavar su propia autoridad y en profundizar su descrédito.
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