Magdalena Gómez
El desafío al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y a los amplios sectores sociales que lo respaldan con la extinción” de Luz y Fuerza del Centro (LFC) no le depara a Felipe Calderón mejor suerte que la lograda en su combate a la delincuencia organizada. Su primer fracaso es que no resultaron los preparativos del golpe a uno de los sindicatos emblemáticos, como fue la negativa de la “toma de nota” para su dirigencia a fin de profundizar la división: de manera ejemplar, y pese a los conflictos intrasindicales, la primera decisión de asamblea, a unas horas de la toma policiaca de las instalaciones de LFC fue que enfrentarían en unidad la agresión gubernamental.
La decisión calderonista se anunció con la incursión policiaca horas antes de que se publicara el decreto, cuestión que habrá de analizarse en la defensa jurídica, pues resulta inadmisible el dicho del secretario de Gobernación: “El secretario de Seguridad Pública recibió instrucciones (de su parte) para que se realizaran todos los actos tendientes a preservar la paz pública, el orden y preservar la integridad de personas y de instalaciones propiedad del gobierno federal, en preparación de la publicación del decreto”. Y el mérito de ello es que no “hubo costo humano que lamentar”. Sacaron a los empleados de LFC de su centro de trabajo, ocuparon las instalaciones sin que existiera fundamento jurídico.
La patética decisión, tomada sin medir las consecuencias, se refleja en el boletín 184 leído primero por Gómez Mont a los medios hacia el mediodía del domingo y reproducido casi textualmente, horas después, por Felipe Calderón en cadena nacional. Esto de las jerarquías de cargos de plano no les resulta.
Para convencer a la ciudadanía del despropósito financiero de LFC señalaron ambos que “tan sólo en 2009, el subsidio al organismo es equiparable a casi la totalidad del presupuesto anual del Programa Oportunidades, el principal programa de combate a la pobreza y que beneficia a más de 25 millones de mexicanos; o dos veces el presupuesto de la UNAM, que conforma una comunidad de más de 350 mil personas. Esto equivale a lo que se requeriría para construir un millón 200 mil viviendas de interés social. Mantener estas transferencias hubiera implicado elevar las tarifas de manera desproporcionada y pedir más impuestos a los contribuyentes”. Les faltó informarnos a cuánto equivalen los altísimos sueldos y prestaciones en la Suprema Corte, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal con su alta burocracia.
Para justificar la afectación de LFC a la economía nacional se anotó que “las cadenas de autoservicio en el valle de México han tenido que invertir en promedio 400 millones de pesos cada una para suplir las deficiencias en el suministro eléctrico”.
Por fortuna tenemos las evidencias del boletín de prensa en Bucareli y luego el mensaje en cadena nacional; de lo contrario se pensaría que abusamos de la ironía o el humor negro. Porque, aparte de que con la “extinción” decretada la economía se reactivará, “se fomentará el establecimiento de más centros comerciales, oficinas y fábricas, lo que redundará en la creación de más y mejores empleos”.
Luego vinieron las aclaraciones, no pedidas, por aquello de las acusaciones manifiestas: “Esta medida no implica la privatización del servicio eléctrico. La prestación de dicho servicio seguirá a cargo del Estado, como lo ordena la Constitución y la ley en la materia”. Y después se aclaró que las modalidades de operación de un nuevo organismo se definirán en el futuro.
Con todas estas razones “fundadas”, según su lógica la ciudadanía saldrá a las calles a felicitar al gobierno, seguida de los trabajadores, porque a ellos se les respetarán todos sus derechos, menos el principal: el empleo. Y no quedan ahí los ofrecimientos: cual vendedores de enciclopedias “con el objeto de hacer mucho más tersa la transición”, les ofrecen un bono extra si aceptan en un mes la liquidación y además los orientarán para que con su jugosa liquidación pongan un changarro (perdón, ése era el proyecto foxista)e inviertan en proyectos de autoempleo. Parece inocente y no lo es: apuestan nuevamente a dividir a los trabajadores.
La cuestión de fondo es dar un paso más en la cadena de privatización, de momento manteniendo el servicio por conducto de la Comisión Federal de Electricidad. Además de que ya se tendrá que aclarar el uso que pretenden dar a los recursos de la empresa.
Seguramente el SME ya está preparando la estrategia jurídica, políticamente se está moviendo con rapidez y con suma precaución para evitar un enfrentamiento con la policía federal. Si se deja pasar esta nueva agresión nadie los detendrá para avanzar en otros espacios. Todos los sectores estamos expuestos al veredicto de la “improductividad”.
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