La cada vez más debilitada administración de Felipe Calderón cede posiciones al poderoso Diego Fernández de Cevallos, quien ya colocó a viejos subordinados suyos en Gobernación y en la Procuraduría General de la República. Por si ello no bastara, ahora pretende apoderarse de posiciones en la Suprema Corte de Justicia y en el IFAI, reforzado por su evidente alianza con Carlos Salinas de Gortari...
De la mano de la paulatina rehabilitación pública de su “amigo” el expresidente Carlos Salinas de Gortari y con una serie de litigios y asesorías multimillonarias que encabezan sus despachos jurídicos, la influencia de Diego Fernández de Cevallos en el gobierno de Felipe Calderón se acrecienta, al grado de convertirse en el “gran elector” en los recientes nombramientos en la Procuraduría General de la República (PGR), y los que deberá ratificar el Senado en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en el Consejo de la Judicatura.
Así, los principales aliados y socios de Fernández de Cevallos vuelven a tener el control de áreas clave del gobierno.
Primero fue Fernando Gómez Mont, socio y amigo de Fernández de Cevallos, designado por Calderón el 8 de noviembre de 2008 como secretario de Gobernación tras la muerte de Juan Camilo Mouriño.
Ahora es el nuevo procurador general de la República, el abogado chihuahuense Arturo Chávez Chávez, quien fue asesor y secretario de la Junta de Coordinación Política del Senado cuando Fernández de Cevallos fue presidente de la Cámara alta y coordinó la bancada del PAN (2000-2001). Además, fue delegado de la PGR en Chihuahua bajo las órdenes de Antonio Lozano Gracia (1994-1996). El 29 de junio de 2007, Chávez Chávez se incorporó al bufete jurídico de sus exjefes para litigar contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) una indemnización de mil 500 millones de pesos a favor de un grupo de ejidatarios del puerto de Altamira, Tamaulipas.
Desde una serie de despachos en los que han participado Gómez Mont, Lozano Gracia, Fauzi Handam, Hiram Escudero y el propio Fernández de Cevallos, el Jefe Diego se ha vinculado a casos tan polémicos como la defensa de Rogelio Montemayor, implicado en el Pemexgate; los exbanqueros Carlos Cabal Peniche y Jorge Lankenau, así como empresarios acusados de millonarios fraudes, como Ángel Isidoro Rodríguez, El Divino; Gerardo de Prevoisin, y Juan Diego Gutiérrez Cortina, entre muchos otros.
Su red de intereses se ha expandido a raíz de que el despacho Fernández de Cevallos y Alba, S.C., se dedica al litigio civil, mercantil y penal, así como a los casos corporativos, inmobiliarios, migratorios y hasta “servicios de traducción”.
Recientemente, Fernández de Cevallos se pronunció contra el paquete fiscal de la Secretaría de Hacienda y gracias a su cabildeo logró que se disminuyera de 10% a 5% el IEPS para las empresas embotelladoras de Coca-Cola. Su despacho ha trabajado para embotelladores de Querétaro, su entidad adoptiva.
Los “buenos oficios”
Fernández de Cevallos ha acudido varias veces al rescate de Felipe Calderón, a cambio de acrecentar su influencia y poder de cabildeo. Antes de que terminara julio de 2006, el expresidente del Senado suspendió sus vacaciones en París para mostrar sus “buenos oficios” ante los ministros de la SCJN y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La misión: evitar que los siete magistrados del tribunal ordenaran la apertura de 20 mil paquetes electorales que reclamaba la coalición Por el Bien de Todos, de Andrés Manuel López Obrador.
Fernández de Cevallos se reunió con Josefina Vázquez Mota, César Nava y Juan Camilo Mouriño para coordinar la estrategia jurídica frente a los magistrados electorales.
En privado, Fernández de Cevallos cabildeó con su viejo amigo Mariano Azuela (a quien apoyó desde el Senado para que llegara como presidente de la SCJN) y con algunos de los magistrados del TEPJF, en especial, con Alejandro Luna Ramos, el único de los siete integrantes de la Sala Superior que permaneció en el tribunal después del relevo del 30 de octubre de 2006. Luna Ramos es hermano de la ministra Margarita Luna Ramos, a quien Fernández de Cevallos apoyó para que llegara en febrero de 2004 a la Corte.
La relación entre Diego Fernández y los hermanos Luna Ramos proviene del litigio del predio de 33 hectáreas de Santa Úrsula, propiedad de la familia Ramos Millán, que contrató los servicios del bufete del entonces senador para que la Secretaría de la Reforma Agraria le pagara una indemnización de mil 214 millones de pesos. Fernández de Cevallos admitió que Luna Ramos sí intervino en el polémico caso (Proceso 1555).
Experto en conflictos poselectorales, en conteo de votos y quema de boletas desde que era representante del PAN en la Comisión Federal Electoral de 1988, Fernández de Cevallos aprendió el valor de aplicar sus “buenos oficios” a favor de presidentes con un déficit de legitimidad.
Una vez instalado Calderón en la Presidencia, la bancada del PAN en el Senado “congeló” la famosa iniciativa de Ley antiDiego, presentada en diciembre de 2005 por la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del mandatario.
La iniciativa de reforma al artículo 62 de la Constitución prohibía expresamente que diputados o senadores litigaran como abogados, gerentes o accionistas mientras cumplían sus funciones como representantes populares.
Fernández de Cevallos se hizo el desentendido y afirmó: “Yo no mezclo ni vinculo ni confundo mi trabajo de senador con mi trabajo de abogado postulante; de tal suerte que los litigios los gano o los pierdo en los juzgados, no en el Congreso ni a través de los medios de comunicación”.
Retoman la PGR
Desde su salida del gobierno de Chihuahua, Arturo Chávez Chávez se incorporó al bufete de Fernández de Cevallos. Tras su reciente nombramiento como nuevo procurador general de la República, fue cuestionado por su participación en otro juicio por mil 500 millones de pesos contra la SCT, en favor de ejidatarios del puerto de Altamira, Tamaulipas.
“Lozano Gracia y Chávez son los que aparecen como abogados, pero todo mundo sabe que Fernández de Cevallos es el jefe de ellos y que hasta hace unos años Fernando Gómez Mont era también socio del bufete”, declaró a Reforma el exprocurador de Tamaulipas, Francisco Cayuela Villarreal, que asesora al puerto de Altamira.
“Chávez Chávez está inhabilitado (para ser procurador) porque habría cometido el delito de prevaricato”, abundó Cayuela. El titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, afirmó que su dependencia no está dispuesta a pagar “ni mil 500 millones de pesos ni otra cantidad por un predio que ya se pagó a los ejidatarios que lo tenían hace 28 años”.
Ni esas objeciones ni las airadas protestas de organismos civiles de Ciudad Juárez, de las madres de decenas de mujeres asesinadas en esa ciudad, ni la crítica de Amnistía Internacional y hasta de eurodiputados evitaron que el nombramiento de Chávez Chávez se consumara en el Senado, con el voto favorable de las bancadas del PRI, PAN y PVEM.
El vínculo entre Chávez Chávez y el grupo de Fernández de Cevallos se estableció desde la época de Antonio Lozano Gracia como procurador general de la República. Éste designó a Chávez como delegado de la PGR en Chihuahua, en 1994; de ahí saltó en 1996 a procurador de Justicia de Chihuahua.
En 1998, Chávez fue acusado de incumplir la recomendación 44/98 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ordenó investigar, perseguir y consignar a los presuntos responsables de los feminicidios en Ciudad Juárez.
Después de ser asesor de Diego Fernández en el Senado, entre 2000 y 2001, Chávez se incorporó en 2003 al equipo de Santiago Creel como jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación. En noviembre de 2004 pasó a ser subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la misma dependencia, designación que generó otra ola de protestas por su falta de compromiso en esta materia.
Pese a ello, se sostuvo en el cargo hasta enero de 2006, cuando Carlos Abascal Carranza, sustituto de Creel en Gobernación, lo nombró subsecretario de Gobierno y fue el responsable de la atención del conflicto entre la APPO y el gobierno de Oaxaca, que culminó con la entrada de la PFP al centro oaxaqueño.
Ahora al frente de la PGR, Chávez Chávez ya designó a otros integrantes del equipo de Lozano Gracia, entre quienes destaca Arturo Germán Rangel, como subprocurador de Delitos Federales, que será responsable de combatir delitos como la piratería, evasión fiscal, fraudes financieros y ambientales. Germán Rangel trabajó en el despacho de Lozano Gracia de 1996 a 2009. Antes fue coordinador de investigaciones en el caso Colosio. A él se debió la tesis del “segundo tirador” en el crimen del candidato presidencial priista.
Otras piezas
La red de intereses de Fernández de Cevallos se extiende sobre los próximos nombramientos en el IFAI y en la Suprema Corte de Justicia. Informes internos del Senado, que deberá ratificar o desechar las propuestas que envíe el Ejecutivo federal, advierten que el calderonismo ya negoció con el PRI las posiciones en este terreno.
En el caso del IFAI, las dos candidatas a sustituir a los comisionados salientes, Juan Pablo Guerrero y Alonso Gómez Robledo, han tenido nexos con el grupo del Jefe Diego. Wanda Sigrid Arzt Colunga fue secretaria técnica del procurador Antonio Lozano Gracia, además de haber trabajado en la fundación Rafael Preciado, del PAN. María Elena Pérez Jaén, presuntamente apoyada por el PRI, fue respaldada y asesorada por Fernández de Cevallos y abogados cercanos a su despacho en el largo litigio contra los otros dos comisionados que formaron parte del Consejo de Información del Distrito Federal (Consi).
El caso Pérez Jaén ilustra la forma de operar de Fernández de Cevallos. Cuando la exmilitante priista se convirtió en la comisionada “incómoda”, tuvo una reunión pública con el entonces senador panista en Cancún, en el marco de la Primera Semana de la Transparencia, en junio de 2005.
Tramitado por el despacho Bufete Sánchez Navarro, S.C., especializado en temas administrativo-laborales, Pérez Jaén obtuvo un amparo contra el transitorio número 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para evitar que se le removiera de su cargo y alegar derechos adquiridos. Este despacho también se involucró en la defensa de uno de los clientes de Fernández de Cevallos: Rogelio Montemayor.
El interés de Fernández de Cevallos en el IFAI se relaciona con varios casos que este organismo ha ventilado y en los que aparece involucrado el litigante y político. En junio de 2006, el pleno del instituto ordenó a Petróleos Mexicanos abrir el expediente de la empresa Oceanografía y entregar una copia del contrato 411002819 donde aparecía el nombre del exprocurador Antonio Lozano Gracia, pero se omitieron el de otros personajes, como el del propio Fernández de Cevallos, Martha Sahagún y sus hijos.
En el caso de la Suprema Corte de Justicia, aunque no se han dado a conocer formalmente los aspirantes a sustituir a los ministros Genaro Góngora Pimentel y Mariano Azuela, varios de los precandidatos que se mencionan tienen relación con el Jefe Diego, como Fauzi Handam, Juan Miguel Alcántara Soria y Luis María Aguilar, integrante del Consejo de la Judicatura.
Jorge Fernández Souza, magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal que aspira a ser ministro y que cuenta con una red de apoyo de organizaciones civiles y del Sistema de Universidades Jesuitas de México, señala la paradoja: muchos candidatos a ministros provienen del Consejo de la Judicatura, creado como un organismo para vigilar al Poder Judicial, que se ha convertido en un “trampolín” para llegar a la SCJN.
Otros candidatos mencionados son Constancio Carrasco Daza, magistrado del TEPJF; Jorge Moreno Collado, apoyado por el PRI, y Raúl Cervantes Andrade, exabogado corporativo de Televisa y del PRI.
En sintonía con Salinas
Desparpajado, en mayo de 2007, Fernández de Cevallos declaró en una entrevista con Informativo 40 que él siempre ha tenido una relación de cercanía con el expresidente Carlos Salinas de Gortari.
“Con él, siempre, desde que estuvo en la Presidencia de la República, he mantenido un trato respetuoso y una amistad que nunca he negado. ¡Porque soy hombre, no payaso!”, afirmó con su peculiar vehemencia.
En su libro de memorias México, un difícil camino hacia la modernidad, Salinas de Gortari prodiga elogios a Fernández de Cevallos. En especial, destaca su comportamiento “ejemplar” como candidato presidencial en 1994:
“El resultado fue aceptado sin impugnaciones. Fernández de Cevallos destacó la iniquidad del proceso, sobre todo en los medios, pero aceptó el veredicto del tribunal y la calificación final”, rememoró Salinas.
Ahora, públicamente ambos coinciden en sus declaraciones. Tanto Salinas, que ha reaparecido recientemente en Oaxaca y Veracruz, dictando conferencias o en “plan turístico”, como Fernández de Cevallos hacen llamados a la clase política para la “conciliación”. Ellos no quieren el enfrentamiento sino la “suma de esfuerzos”, han dicho.
El controvertido empresario Carlos Ahumada, en la reconstrucción de los videoescándalos de 2004 en su libro Derecho de réplica, describe la relación entre ambos personajes:
“Hago un paréntesis para hablar de una actitud que me impresionó y es el hecho de que en esos días descubrí que Diego realmente era un títere de Carlos Salinas. Respondía de tal manera a sus peticiones, a sus instrucciones, que en verdad era impactante que el presidente del Senado y coordinador de los senadores por parte del PAN, se sometiera con tanta facilidad a Salinas. No dialogaban. Salinas le daba órdenes cuando hablaban; claro, de manera amable, pero con su voz le daba órdenes.”
Fuente : proceso.com
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