La inconformidad se encona

RODRIGO VERA,
Brotes de inconformidad social surgen en muchas partes del país. Algunos alcanzan tiempos o espacios en los medios de comunicación. Otros pasan inadvertidos. Pero el hecho es que el desempleo, el encarecimiento de los servicios públicos, el endeudamiento familiar, la desesperación por hambre, provocan reacciones cada vez más violentas. El hartazgo entre amplios sectores de la población, que ya asoma, puede convertirse pronto en lo que muchos advierten como posible y otros ven lejano: un estallido social.
“¡Justicia!... ¡Justicia!... ¡Justicia!”, gritaban alrededor de 600 iracundos manifestantes, apostados a la entrada de la Cámara de Diputados de San Luis Potosí. El gobernador del estado, Marcelo de los Santos, se abría paso entre la multitud. Iba a la ceremonia de instalación del Congreso local, el lunes 14 de septiembre.
De pronto, los inconformes –integrantes de varias organizaciones sociales del estado– lanzaron huevos al gobernador, cuya escolta formó una valla para cubrirlo de la lluvia de huevazos.
El director de Seguridad Pública, Eduardo Baca, pedía urgido que le mandaran a un centenar de policías para reforzar la protección del mandatario y contener a los manifestantes, quienes protestaban por el desempleo, la carestía y las promesas incumplidas del gobierno.
Claras y yemas escurrían por el traje gris, de corte fino, de Marcelo de los Santos. Así entró al recinto legislativo. Y al salir de la ceremonia, pese al cordón de seguridad, un huevazo se le estampó en la cara.
Los agentes arremetieron contra los manifestantes. Detuvieron a varios y los acusaron de “sedición”, “motín” y “ultraje a la autoridad”; otros más aún están siendo perseguidos.
De la crisis económica, que ha agudizado las carencias de muchos millones de mexicanos, empiezan a surgir –como en el caso de San Luis Potosí– brotes de inconformidad y de protesta que podrían derivar en un “estallido social”.
Al margen de estas advertencias, el gobierno del presidente Felipe Calderón presentó su programa económico para 2010, en el que se contempla una mayor carga tributaria, con nuevos impuestos y alzas en los ya existentes.
Por todas partes la población comienza a cerrar sucursales bancarias en protesta por los altos intereses de la banca, a secuestrar e incendiar autobuses públicos por el encarecimiento del pasaje, a realizar plantones por no tener acceso a la educación, a tomar instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los recortes y los altos cobros de luz, a cerrar alcaldías incapaces de suministrar servicios municipales, a tomar centros laborales en protesta por los despidos, a robar alimentos para poder comer…
Ante estos brotes de hartazgo, muchos ya están alertando sobre un posible “estallido social”, entre ellos el doctor José Narro, rector de la UNAM; la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM); Marcelo Ebrard, jefe del gobierno capitalino; e incluso Ernesto Cordero, titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
Acucioso analista de estos recientes “polvorines”, Saúl Arellano Almanza, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), alerta:
“Por todo el país, se gesta un movimiento social de inconformidad y de protesta. Comienza a resurgir el México bronco. Por ahora, son polvorines que tienen que ver con la falta de acceso a los servicios más indispensables, como el agua, la luz, los alimentos, el transporte o la educación”.
–¿De dónde provienen estos brotes?
–Principalmente de la masa de 50 millones de pobres que ya no tienen nada que perder. En su desesperación, pueden provocar una revuelta social. No quiero ser catastrofista, pero a estas alturas ni el gobierno ni nadie pueden garantizarnos lo contrario. ¡Nadie!
Las movilizaciones
A principios de agosto, en el municipio chihuahuense de Cuauhtémoc, un grupo de colonos “tomaron” la sucursal de Scotiabank, en protesta por los altos intereses de sus créditos. El líder de los manifestantes, Arnulfo Fay Fong, quien antes encabezó el bloqueo a una sucursal de Bancomer– explicó:
“Realizamos la toma porque los cobros que el banco impone están desfasados, pues cobra intereses de hasta 500 por ciento”.
En respuesta, 13 sucursales bancarias de la zona fueron cerradas por los banqueros. El presidente del Centro Bancario del Estado de Chihuahua, Héctor Sada Márquez, dijo alarmado que los bancos no tenían “seguridad”, y se quejó de que el Centro de Inteligencia Policial (Cipol) no aplacó la protesta.
El secretario de Seguridad Pública estatal, Víctor Valencia de los Santos, respondió a los banqueros: “Si esperan que los cipoles golpeen a alguien, no lo vamos a hacer.”
Otro foco rojo se encendió el mes pasado en la ciudad de Chihuahua; varias organizaciones sociales, encabezadas por el Frente de Defensa de los Consumidores (Fedeco), empezaron a detener autobuses urbanos en protesta por el incremento al pasaje de 4.50 a 6 pesos.
En un análisis elaborado por el Fedeco y otras 20 organizaciones, se detalla que, de 1998 a la fecha, las tarifas del transporte público se elevaron en 172%, mientras que el salario mínimo sólo se incrementó 62%.
Los agricultores de Chihuahua también se sumaron a la rebeldía. A fines de agosto, habitantes de ocho colonias agrícolas mantuvieron “tomadas” las instalaciones de la CFE en el municipio de Aldama, en protesta por los cortes de energía eléctrica que afectan a sus actividades agrícolas. Alegan los campesinos que ellos han pagado puntualmente su recibos de luz.
Sin embargo, según datos de la CFE, en la zona noroeste del estado –que incluye Aldama, Nuevo Casas Grandes, Janos y otros municipios–, unos 2 mil 200 agricultores le deben a la paraestatal más de 700 millones de pesos.
La CFE ya denunció penalmente, ante el Ministerio Público federal, a 70 agricultores, a quienes acusa de estarse robando la energía eléctrica. El conflicto –agudizado a raíz de que se les quitaron los subsidios a esa zona– ya provocó la muerte del dirigente campesino Armando Villarreal Martha, asesinado a balazos el año pasado.
Al árido y golpeado municipio minero de Cananea, Sonora, también se le cortó la electricidad y se quedó sin agua potable debido a sus adeudos. Enrique Carrera Vega, quien preside el Consejo Sindical Permanente de Sonora, indicó que esta desgracia se sumó al conflicto minero que devastó la economía local, por lo que hoy Cananea padece “una situación dramática en el ámbito social”.
Otras empobrecidas alcaldías se enfrentan a paros de sus propios empleados, como sucedió en Chicoloapan, Estado de México, donde –a principios de agosto– sus bomberos y sus miembros de Protección Civil pararon actividades para exigir el pago de sus salarios, dejando indefensa a la población.
Y es que están “en quiebra” 95% de los 2 mil 435 municipios del país, al grado de que “algunos no tienen ni para ponerle gasolina a las patrullas”, dijo Rubén Fernández, director ejecutivo de la Asociación de Municipios de México (AMMAC).
Una de las organizaciones urbanas que ha cobrado mayor fuerza es el Movimiento Equidad Social, que aglutina a sectores marginados de la Ciudad de México y es encabezado por Janette Hernández y por la diputada perredista Karen Quiroz Anguiano. En otras ciudades, los usuarios del servicio eléctrico doméstico protestan debido a los altos cobros.
En Mexicali, Baja California, el Frente Cívico Mexicalense acaba de documentar más de mil “recibos locos”, mediante los que se cobran sumas exorbitantes por la energía eléctrica. Esta organización señala que en la ciudad de Tijuana hay 50 mil familias que, indebidamente, están pagando tarifas de Alto Consumo (TAC).
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ya urgió a la Cámara de Diputados que legisle para disminuir en 15% el cobro de la tarifa eléctrica doméstica, ya que miles y miles de familias –dice– viven la disyuntiva de comer o pagar los “desmedidos” precios de la energía.
Los agravios
En cuanto a protestas, el poderoso gremio de los transportistas tampoco se queda atrás; el martes 1 de septiembre, justo cuando los legisladores recibían el tercer informe de gobierno de Felipe Calderón, un grupo de la Alianza Nacional de Transporte Multimodal incendió un microbús frente a la Cámara de Diputados.
Esta organización –conformada por transportistas de 26 estados– advierte que se verá obligada a elevar en 70% sus tarifas, ya que el precio del diesel y los impuestos también han subido. Por ello, su exigencia a los legisladores es que se reduzca el precio del combustible y se derogue el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), así como el Impuesto sobre Depósitos en Efectivo (IDE).
El desempleo y los recortes de personal levantan también brotes de protesta, como ocurrió con los 408 trabajadores despedidos en la Cámara de Diputados por el grupo parlamentario del PRD en la legislatura anterior. Cien de los afectados tomaron las oficinas de ese partido en San Lázaro durante cuatro días a finales de agosto. Al final, lograron su liquidación completa.
Por igual, la falta de acceso a la educación superior ha provocado marchas, mítines y plantones; Los estudiantes de posgrado de la UNAM se organizan para protestar contra el recorte de becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Una medida que, súbitamente, redujo el monto de los estímulos económicos que recibían los becarios en las áreas de maestría, doctorado y especialidades (Proceso 1712).
Como “ejemplo extremo de esta desesperación social”, Saúl Arellano –el director del CEIDAS– pone el caso de algunos famélicos guanajuatenses del Bajío que, para poder comer, se ven obligados a robar los cargamentos de granos transportados en ferrocarril.
“Todavía hace poco, en el municipio de Salvatierra, la gente se robó más de 3 mil toneladas de grano que cargaba el ferrocarril. Esta situación se agrava porque, detrás de estos hurtos, ya empieza a operar el crimen organizado, que hoy está tirando sus anclas en la pobreza”, dice.
Asegura que para saquear al ferrocarril, las bandas de narcotraficantes están contratando a gente de colonias marginadas de la zona. Les ponen camionetas de 18 toneladas en las que cargan el grano robado. Luego les pagan en especie o les dan 250 pesos por participar en un saqueo. Gran parte del producto se comercializa por canales alternos, por lo que se afecta al comercio formal.
Este semanario ya había dado cuenta sobre el incremento de los robos a trenes en todo el país. Las empresas Ferromex y Kansas City Southern de México son las que reportan constantes asaltos y robos, especialmente en el Bajío guanajuatense (Proceso 1687).
Lo más grave es que las protestas no las realizan sólo los movimientos ciudadanos que dan la cara abiertamente, sino también grupos clandestinos que ejecutan atentados violentos.
La madrugada del martes 1, tres sujetos no identificados lanzaron bombas contra una sucursal de Bancomer en la colonia Jardines del Ajusco, al sur de la Ciudad de México. Fueron dos cilindros de gas butano los que arrojaron y causaron la explosión, cuyos daños materiales fueron cuantificados en 350 mil pesos.
Siete días después –la madrugada del martes 8– fueron lanzadas tres bombas de fabricación casera contra una agencia de la Renault, en la Colonia Moctezuma Segunda Sección, cerca del aeropuerto capitalino. Sólo un artefacto explotó.
Un grupo autodenominado Células Autónomas de Revolución Inmediata Práxedis G. Guerrero se atribuyó el último ataque, mediante un comunicado que difundió en una página electrónica. Ahí dijo que la explosión fue en protesta por la “remodelación del Reclusorio Norte”, ya que esa obra es para “albergar cada vez más presos producto de la brutal represión y la injusticia social”.
Agregó el comunicado:
“El gobierno del DF pretende subir el Metro, subir la luz, subir la canasta básica y aun sabiendo la situación que pasan millones de personas en México pretende gastar millones de pesos en caprichitos mismos como la nueva línea del Metro, para lo cual se despojó a familias enteras y se deforestaron hectáreas enteras de zonas verdes”.
Según Miguel Ángel Mancera, titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, los dos atentados fueron realizados por el mismo grupo, ya que el “vaso comunicante”, dijo, fueron las bombas caseras utilizadas en ambos casos:
“Son cilindros que generalmente se utilizan para la plomería. Son recubiertos con cinta adhesiva y se les coloca un cohete convencional, que no es otra cosa más que pólvora con papel, para hacerlos detonar”, dijo el procurador.
Después, la madrugada del lunes 14, se lanzaron tres cilindros de gas butano contra la tienda de ropa MaxMara, ubicada en la avenida Presidente Masaryk 318, en Polanco. Sólo uno explotó, provocando daños en la fachada de la boutique. El ataque se lo atribuyó un autodenominado Frente de Liberación Animal.
El jueves 17, en la ciudad de León, Guanajuato, dos hombres incendiaron dos cajeros automáticos, ubicados entre los bulevares Hidalgo y Campestre. Dejaron pintado este mensaje de protesta: “Capitalismo asesino”.
Y apenas el viernes 18, en la estación del Metro Balderas, en la Ciudad de México, un sujeto llamado Felipe Hernández Castillo ingresó con un arma de fuego a un vagón del tren. Mató a un policía y a un pasajero y dejó a unas cinco personas heridas, mientras lanzaba consignas contra el gobierno. Un testigo de la balacera, Gabriel Sánchez, indicó que el homicida gritaba: “¡El gobierno te mata de hambre!”, lo cual fue confirmado por el procurador capitalino Miguel Ángel Mancera.
Ante tanta protesta que ya raya en la violencia, reitera Saúl Arellano a modo de resumen:
“Sí, empiezan a surgir polvorines por todas partes. Y yo dudo mucho que el Estado tenga la capacidad para detectar tantos focos rojos… ¡El hambre!... ¡El hambre!... El hambre es lo que está provocando toda esta inconformidad social”.