Gabriel León Zaragoza
Al celebrar el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, organizaciones feministas rechazaron las reformas legales en contra de los derechos de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos que se han aprobado en 16 estados, repudiaron la “injerencia” de la jerarquía católica en las políticas públicas y rechazaron la criminalización de la interrupción del embarazo.
“Estamos conscientes de que un aborto no es una decisión que se toma a la ligera ni de manera casual, y que su despenalización en el Distrito Federal no ha producido hordas de mujeres entusiastas, paradas en una cola para obtenerlo. Nos preocupa la forma estridente e intolerante en la cual miembros de la Iglesia católica se han pronunciado sobre el tema. Nos preocupa la regresión que comienza a darse en los estados que han incorporado ‘el derecho a la vida’ a sus constituciones locales”, puntualizaron.
Luego de marchar del Monumento a la Madre al Hemiciclo a Juárez, en el acto central estimaron que en México más de un millón 600 mil embarazos –principalmente en los sectores más pobres– terminan cada año en abortos realizados en la clandestinidad, en condiciones insalubres, con procedimientos rudimentarios, muchos de los cuales afectan la salud de las mujeres e incluso les causan la muerte.
Las manifestantes –encabezadas por feministas y las legisladoras Elsa Conde, Marina Arvizu, Martha Tagle y Rosario Ibarra de Piedra– exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resuelva las acciones y controversias presentadas sobre el tema para que sea reconocido en todo el país el derecho de las mujeres a decidir.
Demandaron a Gobernación promover sanciones, de acuerdo con la ley y en apego al Estado laico, contra jerarcas de la Iglesia que intervengan en política.
A todos los actores sociales y al Estado pidieron respeto a su autonomía sexual y reproductiva, que, advirtieron, debe incluir el acceso universal a métodos anticonceptivos seguros y educación sexual y laica basada en conocimientos científicos.
“El acceso al aborto legal, seguro y gratuito es una demanda de justicia social, de salud pública y de respeto a los derechos humanos. Estamos aquí porque entendemos que la interrupción del embarazo es la decisión correcta en ciertas ocasiones, en ciertos lugares, para ciertas mujeres. Mujeres que han sido violadas o coercionadas o presionadas.
“Mujeres cuyo feto padece un problema congénito o cuya supervivencia misma está en juego. Mujeres que no pueden o no quieren ser madres por circunstancias económicas o sociales o personales. Todas las que forman parte de las estadísticas desconsoladoras de la Secretaría de Salud”, afirmó la académica Denise Dresser, al fijar la postura de unas 30 organizaciones convocantes de la primera marcha en el país luego de que el 24 de abril de 2007 se aprobó la ley que despenaliza el aborto en el Distrito Federal.
En Querétaro, unas 20 personas, representantes de dos organizaciones civiles, protestaron ante el Teatro de la República, sede de la promulgación de la Constitución de 1917, por la reciente reforma de la Constitución local que prohíbe el aborto.
En Jalisco, decenas de organizaciones no gubernamentales pidieron que la SCJN atraiga los 161 amparos promovidos por mujeres de la entidad en contra de la ley antiaborto aprobada en marzo por el Congreso local.
Con información de Mariana Chávez y Mauricio Ferrer, corresponsales
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