Bajo sospecha de estafa, la presidenta del TEPJF

Todas las ocurrencias que Felipe Calderón está fraguando para tapar el boquete fiscal del año próximo parten de una mentira, que los medios afines al régimen repiten a toda hora: el agujero en el presupuesto de 2010 no es, como dijo el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, de 300 mil millones de pesos”, sino, como lo expuso Rogelio Ramírez de la O, de “480 mil millones de pesos”.

El dato fue dado a conocer el pasado 26 de agosto por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, el cual prevé que a finales de este año los ingresos reales de la hacienda pública serán “480 mil 100 millones de pesos” menores a lo presupuestado por el Ejecutivo y votado por el Congreso en 2008.

Esta suma tiene dos componentes: habrá un faltante de 320 mil millones de pesos para los gastos federales de 2010 y otro de 160 mil millones para los estados y los municipios. La suma de ambas cifras totaliza 480 mil 100 millones que, convertidos a dólares de 13 pesos, equivale a unos 37 mil millones de dólares.

Ese es el verdadero tamaño del hoyo que Calderón pretende cubrir desmantelando las secretarías de la Reforma Agraria y de la Función Pública (antes Contraloría), reduciendo (o ¡fusionando!) las de Turismo y Economía, y quién sabe qué más.

En otras palabras, el “gobierno” (o lo que sea) ahorraría despidiendo a miles de empleados públicos, desatendiendo aun más sus obligaciones en el campo, eliminando la oficina que acota la impunidad de los altos cargos en sus fechorías, achicando la que tiene mayor potencial de crecimiento y reduciendo a la dimensión de una cabeza de jíbaro la que “piensa” (es un decir) el comportamiento de las actividades productivas.

Como salta a la vista, se trata de una monumental patraña, tan grotesca e indigna de confianza como el decálogo que Calderón presentó para sacar a México del hoyo en que él mismo lo ha hundido. ¿Cómo que a medio sexenio descubre que siempre sí tiene un proyecto de país? ¿Por qué no lo dijo al ponerse la banda tricolor en diciembre de 2006? ¿Las medidas que ahora anticipa serán tan eficaces como aquella por la cual congeló el precio del perejil deshidratado?

¿Por qué hemos de creerle media palabra al que, durante su campaña, prometió suprimir el cobro de la tenencia automovilística, crear un millón de empleos anuales, evitar la inflación y el endeudamiento, ganar la batalla contra la inseguridad y, sobre todo, garantizar que en México “nunca más” volviera a haber una crisis económica? ¡Calderón debería renunciar hoy mismo, después de pedirle perdón al pueblo por haberle destrozado el presente, el pasado y el futuro!

¿Cómo se atreve a ofrecer que, en materia de educación pública, logrará “enseñanza de calidad para que México supere el marasmo de los intereses y las inercias”? ¿Cómo podría superar, él mismo, el marasmo de sus propios intereses e inercias? Solamente en los espots que hizo para cacarear su informe de calamidades se gastó los 200 millones de pesos que le va a recortar este año a la UNAM (Fernández Vega dixit). ¡Basta ya de insultar la inteligencia de decenas de millones de pobres y de miserables! ¡Nadie puede sentirse tan listo como para engañar tantas veces a tanta gente!

México tiene recursos más que suficientes para salir del hoyo. En el Desfiladero de la semana pasada vimos que si se aplica la Ley de Salarios Máximos a los altos burócratas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el erario se ahorraría 8 mil millones de pesos, sin que ministros, magistrados y jueces dejaran de todos modos de ganar un sueldazo. Andrés Manuel López Obrador calculó, un año atrás, que si se reducían 50 por ciento los ingresos de los altos funcionarios de los tres poderes, el ahorro sería de 200 mil millones de pesos.

¿Tomó Calderón en serio esa razonable propuesta? Todo lo contrario: “el gobierno federal incrementó 2.5 por ciento el gasto en servicios personales, es decir, en salarios, durante el primer semestre” de 2009. El aumento fue “de 35 mil 451 millones de pesos, al pasar de 412 mil 612 millones de pesos en el primer semestre de 2008, a 448 mil 63 millones en el mismo período del presente año” (El Universal, 4/9/2009). Juguemos un poco con esas cifras.
Si en los primeros seis meses de 2009 Calderón pagó 35 mil millones de pesos más a los empleados públicos, en diciembre el incremento en este rubro será de 70 mil millones. Ergo, al menos 70 mil de los 480 mil millones que le faltan para 2010 los tomará de donde sea para cubrir las prestaciones de su personal. Pero si no despide a nadie y hace valer la Ley de Salarios Máximos, 200 mil millones de pesos y quizá hasta más de lo que propone López Obrador saldrían sin dificultad de la aplicación de medidas austeras ineludibles para los altos burócratas. Porque, de tomos modos, ¿para qué les pagamos sueldos tan elevados a los altos burócratas? ¿Para que no se corrompan?

El caso que demuestra exactamente lo contrario es el de los siete magistrados del TEPJF, que actúan por consigna del Ejecutivo, no como jueces probos y honestos, sino como verdaderos delincuentes. Pero no se conforman con sus salarios. En 2007, el entonces presidente del tribunal fue sorprendido en el intento de estafar a la institución mediante la compra de un edificio para la sala regional del DF. Hoy, las mismas sospechas recaen sobre su sucesora, María del Carmen Alanís, amiga íntima de Margarita Zavala, esposa de Calderón, y que espera llegar a la Suprema Corte en noviembre del brazo de su otro protector, el senador Manlio Fabio Beltrones.

Una nota de prensa aparecida el lunes de esta semana reveló que en noviembre de 2008 el tribunal presidido por Maca Alanís compró en 90.9 millones de pesos un edificio que en 2007 Carlos Ahumada Kurtz había vendido en 58.5 millones a la empresa Equipos y Maquinaria del Pedregal. Aunque ese dato estaría comprobado por el diario que divulgó la noticia, Diego Gutiérrez, secretario administrativo del órgano electoral, aseguró que esa firma había adquirido el inmueble en 74 millones de pesos y que ellos (los magistrados), con el aval de la Secretaría de la Función Pública, lo compraron en 87 millones y pagaron 3.9 millones más por concepto de impuestos a Hacienda.

Ahora, si Calderón desaparece la Secretaría de la Función Pública, Maca no tendrá que explicarle a nadie por qué autorizó la compra en 90 millones de una construcción que valía mucho menos. ¿Quiénes se llevaron las comisiones? ¿Dónde quedó la bolita?

Los mexicanos somos víctimas de la más formidable y extendida pandilla de ladrones que se haya apoderado jamás de la administración pública. Tiene razón Muñoz Ledo: la proporción entre miserables y potentados es la más desigual del planeta. Pero nada conseguiremos si nos limitamos a sufrir nuestras desventuras. Somos más de 100 millones de seres humanos inconformes y está a nuestro alcance la posibilidad de provocar pacíficamente un cambio de política y de políticos. La prueba de fuerza que el Sindicato Mexicano de Electricistas dio el jueves contra la mafia del secretario del Trabajo, que ahora pretende hacer con ese gremio lo mismo que ha hecho con el de los mineros, debe servirnos de ejemplo.

La movilización organizada, con objetivos claros, prudentes y alcanzables, no es lo mismo que el estallido social sino su antídoto. El decálogo de Calderón no pasará de ser un mero ejercicio de pésima retórica. La pretensión de aplicarnos nuevos impuestos y subir los precios del gas, la luz y la gasolina –es decir, de todo– debe ser rechazada enérgicamente con protestas masivas. La exigencia de que se aplique la Ley de Salarios Máximos debe ser apoyada por el pueblo en su conjunto. Podemos salir del hoyo, pero necesitamos luchar unidos.

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