Militares con poder

Salvador García Soto
Serpientes y Escaleras
25 de abril de 2009

Opacado mediáticamente por la emergencia sanitaria que desató la llamada influenza porcina, el debate sobre la propuesta del presidente Felipe Calderón de legalizar la acción civil de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y combate al narco, que se mantendrán en lo que resta de su sexenio, encierra toda una definición de Estado sobre la forma de enfrentar amenazas como el crimen organizado, pero también la protesta social


¿Cómo actuarían los miembros de las Fuerzas Armadas en un escenario donde tengan todo el reconocimiento legal a su actuación en materia de seguridad?

Opacado mediáticamente por la emergencia sanitaria que desató la llamada influenza porcina, el debate sobre la propuesta del presidente Felipe Calderón de legalizar la acción civil de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y combate al narco, que se mantendrán en lo que resta de su sexenio, encierra toda una definición de Estado sobre la forma de enfrentar amenazas como el crimen organizado, pero también la protesta social.

Aunque el debate será pospuesto por el Congreso hasta el mes de septiembre, según acordaron ya el PRI y el PRD para analizar a fondo las propuestas presidenciales, la creación de la figura de “declaración de existencia de una afectación a la seguridad interior”, que sería casi un estado de excepción aplicado por el Ejecutivo federal en situaciones que pongan en riesgo el orden público, ha sido visto de entrada como un arma de doble filo que propone Calderón.

Por un lado, se trata de darle pleno sustento legal a la actuación del Ejército en labores civiles como la seguridad y el combate al crimen —algo que ya ocurre en los hechos desde hace dos años—, pero por el otro se abre también la posibilidad de institucionalizar en los hechos una “ley marcial” en los casos en que el poder unipersonal del Presidente decida que hay “amenazas a la seguridad interior”.




No hay que olvidar que fueron los propios militares los que presionaron al Presidente y al Congreso para que se legislara en esta materia. El 19 de febrero, en su discurso por el Día del Ejército, el secretario de la Defensa, Guillermo Galván, urgió a los legisladores a que convirtieran en ley seis jurisprudencias de la SCJN que daban pie al uso civil del Ejército en labores de seguridad, por parte del Presidente.




El problema es que hasta ahora la actuación del Ejército en esas labores no ha estado exenta de abusos, violaciones de garantías y hasta algunos asesinatos de civiles —incluidos niños— que fueron ejecutados por militares al ser confundidos con delincuentes o porque no hicieron alto en un retén. Los casos han sido plenamente documentados por la CNDH, que ha denunciado incluso el uso de la tortura como elemento sistemático en las detenciones arbitrarias de los militares.




¿Eso es lo que propone legalizar el Presidente? Hasta ahora las más de 10 recomendaciones de la CNDH por violaciones graves de garantías cometidas por soldados no han sido todas atendidas a cabalidad, y los visitadores de la comisión se quejan de que las denuncias recurrentes en los últimos meses son ignoradas y minimizadas por la Sedena, que incluso presenta informes médicos falsos sobre presuntos delincuentes que aparecen golpeados y lastimados por acciones de tortura. En el último informe anual de la CNDH se consignó que fueron presentadas en 2008 mil 230 denuncias contra elementos castrenses por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales, de las cuales ninguna se investigó ni se informó si fueron remitidas a la justicia del fuero militar, en la que el Ejército es juez y parte.




Si ya ahora, que no tenían sustento legal avalado por el Legislativo, incurren en esas violaciones y desdeñan la exigencia de castigo a sus miembros que dañan las garantías fundamentales en su labor de combate al narco, ¿cómo actuarían los militares en un escenario donde tengan todo el reconocimiento legal a su actuación en materia de seguridad?




La decisión del presidente Calderón de mantener al Ejército en las calles, en el combate al narco y en labores de seguridad durante todo su sexenio —anunciada no por él sino por un funcionario de segundo nivel en su gabinete—, representa la decisión de Estado de hacer permanente algo que fue una medida excepcional y de emergencia. Es también la aceptación de que han fracasado todos los planes para reformar, limpiar y eficientar a las policías federales, pero por encima de eso representa el riesgo de desdibujar el proyecto nacional que está en nuestra Constitución y avanzar, con el válido argumento de la seguridad y la amenaza del crimen, hacia un Estado militarizado y con un rostro más autoritario que democrático.

NOTAS INDISCRETAS... En la declaración de emergencia sanitaria y el despliegue realizado por el gobierno federal, el del DF y el estado de México, hay una muestra clara de cómo debieran trabajar siempre las autoridades, por encima de sus diferencias políticas. Aunque no han faltado voces que sin ningún elemento real recurren a la suspicacia y al argumento algo irresponsable de un manejo político detrás de las acciones contra la epidemia, la verdad es que sería difícil, casi ridículo, pensar en una estrategia electoral “compartida” en la que el gobierno federal del PAN se ponga de acuerdo con el gobierno capitalino del PRD y a la vez con el gobierno mexiquense del PRI para lucrar con un brote epidemiológico y obtener de ello beneficios electorales. De ser así, ¿por qué otros países, como Francia, EU y Canadá, están tomando ya medidas ante la amenaza que ven en estos brotes? ¿La ONU y la OMS se prestarían a un juego político y electoral de los partidos y gobiernos en México? Podría criticarse el retraso y el descontrol que privó entre las autoridades sanitarias entre el primer caso reportado en un hospital de la Secretaría de Salud, el 13 de abril, la declaración de la primera “alerta” hasta el 16 de abril, y el que hubieran esperado hasta el 23 de abril y más de 20 muertes confirmadas para decretar estado de emergencia ante la epidemia y el aparente desconocimiento de la presencia de un virus mutante. Pero de eso a especular con “manejos políticos” y “cálculos electorales” hay un tramo que no parece nada lógico… La posibilidad de que Manuel Oropeza sea presidente del PRD-DF va de la mano con el apoyo para que Alejandra Barrales encabece los trabajos en la Asamblea Legislativa. Presidencia por presidencia es la negociación. El tema está provocando jaloneos fuertes entre las corrientes agrupadas en Izquierda Unida, porque IDN quiere asegurar que Barrales lideree la Asamblea a cambio de ceder la presidencia del partido a Izquierda Social. Las negociaciones han sido largas, y si estos dos grupos no se ponen de acuerdo, podría romperse la fuerza de Izquierda Unida, que es el único contrapeso que ha podido evitar el control total de Los Chuchos en el PRD… Los dados cierran con escalera. Semana complicada.