Un manto cubre a pederastas

Más de un año después, ninguna autoridad ha detenido a los responsables del ataque en una escuela de Oaxaca

silvia.otero@eluniversal.com.mx


A sus seis años, para enfrentar el trauma de haber sido violado en repetidas ocasiones en la escuela, vive bajo el tratamiento de antidepresivos. Todas las noches, desde hace más de dos años, debe estar acompañado, tener una luz encendida, para evitar las pesadillas en las que recuerda los días en que fue víctima de abuso sexual.

Sus dos presuntos agresores están libres, ninguna autoridad en Oaxaca los ha detenido, a pesar de la orden de aprehensión girada en su contra desde noviembre de 2007. Sólo una profesora, presunta cómplice de las violaciones, está bajo proceso.



Desde 2006 su familia lucha para impedir la impunidad en este caso y acusa que “los pederastas parecen tener un manto de protección” desde el gobierno estatal, ya que Jorge Franco Jiménez, el abogado del Instituto San Felipe, donde ocurrió la agresión, es uno de los asesores del gobernador Ulises Ruiz.



Leticia Valdés, madre de la víctima, teme por su familia “ante las amenazas de muerte que he recibido”, pero no pierde la esperanza de que habrá justicia, a pesar de que la maestra que está presa como cómplice de la violación cuenta con abogados como José Luis Nassar Daw y Humberto Castillejos Cervantes, ex coordinador de asesores de la PGR.



El expediente 133/2007 del Juzgado Tercero Penal de Oaxaca, donde está sujeta a juicio la profesora Magdalena García Soto, por el delito de equiparado a la violación agravada, da cuenta del proceso que se inició para castigar a los responsables del ataque sexual contra el menor, quien sólo tenía cuatro años cuando fue víctima de pederastas.



“No quiero que se haga de noche, que nadie se duerma, porque yo no duermo (…) quiero que metan a la cárcel a los malos”, declaró el pequeño, quien de acuerdo con dictámenes psicológicos “se encuentra bajo tratamiento con un antidepresivo (…) padece de un síndrome de estrés postraumático, provocado por haber sido sometido a experiencias tan terribles y traumáticas, como el abuso sexual, aunado a fobia escolar, pesadillas, agresividad, ansiedad, miedo, desconfianza a los extraños”.



Los presuntos responsables, Javier Constantino o Hugo Gabriel Constantino García, esposo de Argelia Yolanda León Ramírez, directora del plantel en el que ocurrió la agresión, así como el sobrino de ésta, el profesor de computación Salvador Pérez Ramírez, están prófugos.



Durante meses, relata la madre de la víctima, permanecieron en el instituto sin que se tomaran medidas como el arraigo para evitar su huida. Hoy nadie conoce su paradero.



Sólo está bajo proceso su presunta cómplice, la maestra de la víctima, quien de acuerdo con la declaración del pequeño, durante el recreo y con violencia lo llevaba a un gimnasio donde lo entregaba a los presuntos pederastas.



Para llevar a prisión a los responsables, el menor tuvo que recordar esos episodios: “Mi maestra Malena, a la hora del recreo me mandaba a clases de computación, me agarraba de mi mano, me jalaba, me llevaba hasta un cuarto de arriba, donde había un ‘brincolín’, camas de color verde, azul y rojo y pelotitas de colores, ahí estaban los dos malos, uno era pelón y el otro tenía pelo (…) me amarraban la boca con un trapo para que no gritara”.



Leticia Valdés reveló que en los últimos meses su familia ha recibido amenazas, por teléfono le han dicho que “dé gracias a Dios que mi hijo esté vivo y en otras ocasiones me han dicho que conocen a niños que han sido secuestrados y asesinados”.


El representante legal de la profesora inculpada, José Luis Nassar Daw, quien hace dos semanas asumió la defensa, en entrevista con EL UNIVERSAL aseguró que “tengo la plena convicción de que mi clienta es inocente”. Aseguró que no cobra por litigar este caso, y sólo lo hizo por su amistad con la familia del fallecido abogado Humberto Castillejos.

Explicó que en el expediente obran peritajes que incluso ponen en entredicho que el menor haya sido violado, pues las lesiones que presentaba no coinciden con los hechos denunciados; además de que durante el proceso se han presentado testimonios del personal docente del Instituto San Felipe que indican que nadie se percató de las presuntas agresiones contra el infante.