Fallece el líder popoluca que se prendió fuego en Veracruz

El gobierno estatal y el federal niegan responsabilidad; aseguran que atendieron conflicto

Fallece el líder popoluca que se prendió fuego en Veracruz
■ Prevén familiares campaña para acusarlo de invasor de tierras, defraudador y enfermo mental

■ El activista agonizó 19 horas; fue “una decisión personal”, dice colaborador de Fidel Herrera

Andrés T. Morales (Corresponsal)



Después de casi 20 horas en el área de cuidados intensivos, el dirigente del Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos del Sur de Veracruz falleció en el hospital civil Luis F. Nachón, debido a las quemaduras que sufrió tras prenderse fuego en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, en Jalapa. En la imagen, Rosalino Guillén Cordero, sobrino del activista, identifica el cadáver
Foto: Miguel Ángel Carmona
Jalapa, Ver., 1º de octubre. El dirigente popoluca Ramiro Guillén Tapia, quien se prendió fuego el martes en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada de esta capital para exigir a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) solución a una disputa por 250 hectáreas en el municipio de Soteapan, murió esta mañana luego de agonizar 19 horas en el hospital civil Luis F. Nachón, a consecuencia de quemaduras en 70 por ciento del cuerpo y daños en el sistema respiratorio.

Guillén Tapia, presidente del Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos del Sur de Veracruz, se inmoló luego que funcionarios de la SRA y del gobierno estatal cancelaron una audiencia para tratar un conflicto por 250 hectáreas en el ejido Ocozotepec, municipio de Soteapan.

Amigos del finado dijeron que el gobernador Fidel Herrera Beltrán se negó a recibirlos en 106 ocasiones, la última el martes.

Acto de desesperación, no de locura: familiares y obispo

Ramiro Guillén, quien fue maestro rural 32 años, se jubiló en 1997 y fundó en Acayucan el Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos, cuya sede se trasladó posteriormente a San Pedro Soteapan.

Sus hermanos, Rosalino y José Guillén Tapia, lo recuerdan “siempre humilde; no tenía propiedades, no vestía con lujo, no tenía coche, vivía de su pensión como jubilado”. Por ello, reprobaron versiones propaladas desde el gobierno estatal que lo acusan de haber sido invasor de tierras y defraudador de campesinos.

“Hay una campaña para difamarlo. Hasta por demente pretenden hacerlo pasar, pero nada de eso es cierto: él era un luchador social y las personas en la sierra pueden dar testimonio de ello –dijo Jorge Alberto Guillén Blanco, sobrino del líder popoluca–. Nunca vimos en él un acto de locura. Lo que hizo fue por desesperación.”

El arzobispo de Jalapa, Hipólito Reyes Larios, dijo que la muerte del dirigente indígena es una “llamada de atención” a las autoridades para que tengan oídos y ojos abiertos a la realidad.

Coincidió con los compañeros del activista en que no fue un suicidio, sino “un acto de tremenda desesperación”. Señaló que es urgente hacer justicia y evitar que más personas “recurran a esto para ser escuchadas”.

Esta muerte pudo evitarse, admite secretario de Gobierno

El gobierno de Veracruz se deslindó de la muerte de Guillén Tapia y la calificó de “decisión personal”. El secretario general de Gobierno, Reinaldo Escobar, dijo en conferencia de prensa: “El gobernador Fidel Herrera y todos sus colaboradores lamentamos profundamente la muerte de un luchador social, pero no tenemos responsabilidad”.

Según Escobar, la disputa agraria iba a solucionarse el 30 de noviembre pues las autoridades estatales, en coordinación con la SRA, acordaron aportar a partes iguales 2 millones 250 mil pesos para la compra de los terrenos en conflicto o, en su caso, para adquirir otros lotes.

Según el funcionario, esa suma se iba a entregar a los campesinos “a título de indemnización compensatoria para que desocuparan esas tierras”.

Adelantó que el dinero iba a ser depositado en el Tribunal Unitario Agrario y rechazó que el gobierno estatal se negara a atender a los popolucas. “Es más: hoy mismo podríamos pagarles”, aseguró Escobar Pérez.

La SRA también lamentó la muerte de Guillén Tapia, pero aseguró que la demanda de los inconformes fue atendida el 7 de julio, seis días después de que el Tribunal Superior Agrario informó que se había ratificado la posesión de las 250 hectáreas al ejido Ocozotepec.

Asimismo, sostuvo que respetará los compromisos asumidos por el gobierno estatal con los campesinos; sin embargo, recordó que se pidió a los inconformes entregar identificaciones y documentos que comprobaran la ocupación de los terrenos a fin de entregarles el cheque –el cual estaría listo a finales de octubre–; sin embargo, señaló, no cumplieron ese requisito.

Desde 1982, 42 campesinos han disputado por la vía jurídica las 250 hectáreas del ejido Ocozotepec con comuneros de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y de Antorcha Campesina, de filiación priísta.

En 2004 hubo un acuerdo entre el Comité Regional Campesino de la CNC y el Comité de la Asamblea de Ejidatarios, para reclamar la posesión de 881 parcelas, entre ellas la superficie ocupada por los 42 labriegos, a quienes defiende el Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos del Sur de Veracruz.

Entre 2005 y 2008 hubo varios enfrentamientos entre agricultores, pues cenecistas y antorchistas pretendieron desalojar a los comuneros representados por Guillén Tapia. En enero pasado, campesinos antorchistas encabezados por su líder local, Zenón Pablo Ramírez, hirieron a machetazos a un joven.

Los labriegos interpusieron un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario de San Andrés Tuxtla. El 17 de junio, durante un ayuno en el centro de Jalapa, Guillén Tapia anticipó que el gobierno estatal intervendría para favorecer a organizaciones priístas y el primero de julio el fallo confirmó las previsiones del dirigente, cuyos seguidores intensificaron sus protestas en demanda de tierras.