Durante su finiquito –que desde 2001 conduce la SCT y Banobras– funcionarios de Ferrocarriles Nacionales suscribieron convenios que favorecen a empresas privadas. Posible daño al erario por más de 40 millones de dólares.
El funcionario responsable de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación (FNML), Enrique Rivas Zivy, aceptó que concesionarias privadas dejaran de cubrir adeudos al organismo. Asimismo, suscribió convenios que favorecen a las empresas. El manejo irregular y posible daño al erario público es de aproximadamente 40 millones de dólares.
Copias de denuncias presentadas ante las comisiones de la Cámara de Diputados, documentación oficial, correos electrónicos y copias de convenios en poder de Fortuna revelan que se dejaron de cobrar 40 millones de dólares a las empresas Transporte Ferroviario de Carga (TFM), Ferrocarril de México (Ferromex), Ferrocarril del Sur (Ferrosur), Remetsa, Cicloaceros y Ferrovalle, que resultaron beneficiadas por servidores públicos encargados de la administración y liquidación de FNML.
Conforme a la documentación, fundamentan contubernio y actos de corrupción entre funcionarios que administran la liquidación de FNML, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras) y la Secretaría de la Función Pública.
A partir de la reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, en julio de 1995, el gobierno federal permitió la apertura a la inversión privada y la concesión a algunas empresas para prestación de servicios. Así pues, la Comisión Intersecretarial de Desincorporación aprobó la reestructuración del organismo público.
El esquema de reestructuración al sistema ferroviario consistió en segmentar en tres vías troncales y por regiones el servicio que el gobierno federal otorgó en concesión a empresas privadas: pacífico-norte, noreste y sureste, así como una terminal de servicios de interconexión y maniobras del área metropolitana de México.
Pero, en agosto de 2001, la federación decretó la extinción del órgano descentralizado. Para tal propósito, la SCT designó a Banobras y a la Sociedad Nacional de Crédito. Enrique Rivas Zivy fue nombrado titular de la Delegación Fiduciaria Especial para “planear, dirigir y ejecutar acciones que conduzcan de manera eficiente, oportuna y transparente a la consolidación del patrimonio”; objetivo que no se cumplió.
El órgano desconcentrado continúo administrando y operando el resto del sistema nacional. Pero, desde hace 13 años, mantiene relaciones contractuales y extracontractuales que permiten a las empresas cobrar “el finiquito más amplio” y los adeudos generados por las cuentas pendientes relacionadas con la prestación de servicios técnicos, operativos, comerciales y de cualquier otro, incluyendo la guarda y custodia de unidades de arrastre: las locomotoras.
IP demanda a FNML
En 2004 la empresa Arrendadora Internacional (AISA) levantó la demanda 3/2004-B contra Ferrocarriles Mexicanos por incumplimiento al arrendamiento financiero. Y es que las cuentas pendientes por los servicios prestados por las concesionarias privadas y que incluían la guarda, custodia, y uso de unidades de arrastre, ascendían entonces a 40 millones de dólares.
Los convenios entre FNML y las concesionarias pretendían responder al juicio para evitar complicaciones legales y evidenciar los malos manejos de recursos públicos.
El 2 de diciembre de 1996, el gobierno federal, por conducto de la SCT otorgó la concesión de la vía general de comunicación ferroviaria del noreste a TFM. Pero, el convenio de reconocimiento de adeudo y pago firmado –el 24 de agosto de 2005– por Rivas Zivy y Efrén del Pozo Castro, de FNML, Marcoflavio Regada y Francisco Cuevas, representantes de TFM, benefició a la concesionaria con 30 millones de dólares.
En el documento, las partes reconocen que AISA interpuso una demanda mercantil en contra de FNML reclamando, entre otras prestaciones, la devolución y entrega de 113 locomotoras o el pago de rentas generadas por su uso, y que “en ningún caso” excedería la suma de 500 mil dólares.
Ante este supuesto, las partes también convinieron que el importe de las rentas que se generarían a cargo de TFM serían compensadas por la prestación de los servicios y la utilización de 69 locomotoras hasta que se lograra la venta de las mismas y su enajenación.
Asimismo, el 29 de junio de 1998 las vías ferroviarias del sureste fueron concesionadas a Ferrosur. Pero en el acuerdo firmado por Enrique Rivas y Efrén del Pozo con los representantes de la empresa, Guillermo Muñoz Lara y Francisco Jurado Martínez, las condiciones de pago fueron las mismas.
FMNL tenía derecho a compensar el importe de las rentas derivadas por el uso de dos locomotoras que formaban parte del contrato de subarrendamiento entre las partes hasta la fecha en las que Ferrosur las adquiriera o perdiera su posesión. En su caso, el convenio de reconocimiento de adeudo y pago entre las partes fue de 5 millones 379 mil 299 dólares en favor de la concesionaria.
Del mismo modo, a través de dos acuerdos firmados el 22 de junio de 1997 y el 27 de agosto de 1999, respectivamente, las vías generales de comunicación ferroviaria del pacífico norte, Ojinaga-Topolobampo y Nacozari fueron concesionadas a Ferrocarril Pacífico-Norte, ahora Ferromex.
De igual modo, el convenio de reconocimiento de adeudo y pago firmado entre Enrique Rivas Zivy y Efrén del Pozo, y Lorenzo Reyes Retana Márquez y Arturo García Santaella, ambos por Ferromex, estableció las mismas condiciones y la empresa resultó beneficiada con 5 millones de dólares.
Además, en el documento se convino que los pagos de FNML podían compensar adeudos de Ferromex con rentas y uso de bienes públicos; entre éstos, unidades de arrastre. De tal manera que la renta y uso de ocho locomotoras, que formaron parte del contrato de subarrendamiento entre las partes, pagaron el adeudo a la concesionaria.
Y la nota sigue con este trabajo exhaustivo:
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