El editorial de hoy de la Jornada:

Editorial

La SCJN ante el aborto

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso ayer el examen de los recursos interpuestos por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, y por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, contra la despenalización del aborto, lograda en el Distrito Federal en abril del año pasado. La postergación podría indicar la falta de consensos en torno de la ponencia que redactó al respecto el ministro Salvador Aguirre Anguiano, texto fundamentalista, retrógrado y misógino que no sólo propone declarar inconstitucional la referida despenalización, sino también encarcelar a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo. El magistrado dio por buenos los señalamientos de Medina y Soberanes en el sentido de que el aborto (así se realizara en las primeras 12 semanas de gestación) constituye un ataque al derecho a la vida y a los supuestos derechos humanos de un óvulo fecundado, señalamientos basados, a su vez, en posturas doctrinarias y morales que ubican el origen de la identidad humana en el momento mismo de la fecundación.

Al margen de un asunto que, expresado en términos sociales, genera una polémica insuperable, y por tanto debiera circunscribirse a los criterios de cada persona, es importante recordar que, gracias a las reformas legales aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el 25 de agosto de 2007, la sociedad capitalina consiguió un avance fundamental en los derechos femeninos y un instrumento de importancia capital para combatir un agudo problema de salud pública: las condiciones de insalubridad y clandestinidad en que se realizaban los abortos clandestinos, por las cuales morían o resultaban gravemente afectadas innumerables mujeres. Por añadidura, se asestó un golpe decisivo a las mafias de clínicas furtivas que lucraban con la ilegalidad de esta práctica.

En tal contexto, la decisión de Aguirre Anguiano de dar la razón a los sectores reaccionarios y moralistas enquistados en las instituciones nacionales –como las que buscan reinstaurar un orden católico más característico del virreinato que del siglo XXI– constituyó un llamado de alerta ante la posibilidad de que el pleno de la SCJN aseste un nuevo golpe a la sociedad, en línea con el historial de fallos vergonzosos emitidos por el máximo tribunal del país. No está de más recordar, a este respecto, la exculpación de Mario Marín, decretada por la mayoría de los ministros (Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls, Mariano Azuela, Olga Sánchez Cordero, Margarita Luna Ramos y el propio Aguirre Anguiano), por violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho, a pesar de que todo el país escuchó en su momento la conversación telefónica en que el gobernador de Puebla complotaba con el empresario Kamel Nacif para agredir a la informadora, en venganza por las revelaciones que ésta realizó sobre el funcionamiento de una red de pederastas en Cancún.

En la circunstancia presente, para invalidar la despenalización de la interrupción del embarazo es necesario el voto en ese sentido de ocho de los 11 magistrados que integran el pleno, lo que reduce las posibilidades de un nuevo triunfo de la reacción gobernante y de un nuevo atropello a las libertades individuales, al laicismo del Estado, a la salud pública y a la sensatez. Cabe esperar que los perseguidores del aborto no logren reunir los votos requeridos en la SCJN.

http://www.jornada.unam.mx/2008/08/26/index.php?section=opinion&article=002a1edi