Bajo el manto de Peña Nieto, el gran negocio de ser liquidado

PROCESO 2093
Ser funcionario público de nivel alto y renunciar al cargo o ser despedido de él no es, en México, motivo de vergüenza o desazón, sino de júbilo… por la liquidación que se recibirá. En este sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto ha realizado medio centenar de cambios entre los miembros de su gabinete (secretarios de Estado o directores de empresas estatales) y en todos los casos las liquidaciones recibidas por los salientes han sido de escándalo, millonarias en algunos casos, en un país donde el salario mensual promedio apenas supera los siete mil pesos.
Los colaboradores de Enrique Peña Nieto gozan de privilegios laborales a los cuales casi nadie en el país puede aspirar: ganan en un día más o menos lo que un trabajador mexicano promedio gana al mes; aunque la Constitución lo prohíbe (en la fracción II del Artículo 127), algunos perciben más que el mandatario federal, y cuando renuncian o son despedidos tienen programas de “ahorro” o liquidaciones muy ventajosas.
En cuatro años Peña Nieto ha realizado al menos 50 cambios de directores de dependencias gubernamentales. Tres de sus colaboradores salieron en medio de escándalos de corrupción, otros fueron desplazados, unos más contendieron por cargos de elección popular o terminaron acomodados en otro puesto. En cualquier caso, ninguno se fue con las manos vacías.
Proceso realizó 52 solicitudes de información. Por las respuestas que recibió fue posible saber que 13 servidores públicos obtuvieron abultadas liquidaciones; entre ellos, algunos de los hombres más destacados del peñanietismo.
Por cuantía, el caso más notable es el de Emilio Lozoya Austin, quien fungió como director de Pemex desde el inicio de la administración hasta el pasado febrero. De acuerdo con la respuesta otorgada por la paraestatal, a la que se le pidió precisar el motivo de separación del cargo, aquel fue despedido y se le concedió una liquidación de 1 millón 801 mil pesos.
Para sustituir a Lozoya, Peña Nieto nombró a José Antonio González Anaya –concuño de Carlos Salinas de Gortari–, quien antes había sido director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), puesto al que renunció y por el cual fue liquidado con 831 mil pesos.
El sector energético suele recompensar con generosidad a sus altos funcionarios. El pasado 25 de septiembre, la edición 2082 de este semanario publicó que el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, cobró una liquidación de 1.2 millones de pesos cuando renunció a la dirección de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Esta información se obtuvo por una filtración a la Plataforma MexicoLeaks, y por sus características se consideró que el beneficio pudo ser ilegal, pero la Secretaría de la Función Pública no anunció ninguna investigación del caso y el líder del PRI sólo se quejó de una campaña negra en su contra.
Ochoa no es el único beneficiario de una gran liquidación en la CFE, pues su antecesor, Francisco José Rojas Gutiérrez –priista de larga trayectoria que ocupó el cargo durante el primer año del gobierno de Peña Nieto–, se llevó 878 mil pesos libres de impuestos, la tercera liquidación más alta de las documentadas.
Ese tipo de liquidaciones no son aplicables en las dependencias de la administración pública, cuyo régimen está establecido en el Apartado B del Artículo 123 de la Constitución.
De acuerdo con Manuel Fuentes Muñiz, doctor en derecho especializado en materia laboral, esa práctica ocurre en organismos descentralizados, autónomos o empresas estatales que se rigen por el Apartado A del Artículo 123, es decir, el que regula el trabajo en el sector privado. Además, explica, son entidades que operan con reglas internas en las que se acuerdan ese tipo de beneficios en sus consejos de administración.
“Es un tema propiamente de autoliquidaciones porque son autorizadas por su personal”, dice Fuentes Muñiz, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana, refiriéndose a que los liquidados, hasta antes de serlo, presidían los consejos de administración.
Millones de pesos
del erario para ellos
Francisco Rojas y Emilio Lozoya quedaron fuera del gobierno, pero hay otros miembros de la élite peñanietista que, como González Anaya y Ochoa Reza, ascendieron en la estructura de poder o consiguieron cargos de elección popular.
Con base en datos obtenidos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que obtuvo Proceso gracias a las mencionadas solicitudes, pudo conocerse la siguiente información:
Enrique de la Madrid Cordero –hijo del expresidente Miguel de la Madrid– dejó el Banco Mexicano de Comercio Exterior, del que fue director general de diciembre de 2012 a agosto de 2015, cuando fue designado secretario de Turismo. Se le liquidó con 468 mil pesos.
Alfredo del Mazo Maza inició el sexenio como director del Banco Nacional de Obras y Servicios y renunció en junio de 2015. Se le liquidó con 451 mil pesos netos. Ahora es diputado federal y preside la Comisión de Presupuesto, donde se autorizan las prestaciones de los servidores públicos.
Carlos Alberto Treviño Medina, director de Financiera Rural durante los primeros 14 meses del sexenio, institución bancaria dedicada a financiar al campesinado, fue liquidado con 590 mil pesos. Hoy es director corporativo de Administración y Negocios en Pemex.
Estos casos son distintos a los de las empresas del sector energético, pues desde la Constitución se establece –fracción 13 bis del Apartado B del Artículo 123– que deben someterse al mismo régimen de la burocracia federal, por lo que no deberían tener esos beneficios.
Hay otros exfuncionarios que, por el tiempo que estuvieron en el cargo, no podían cobrar liquidaciones como las que obtuvieron del gobierno, o al menos a ningún mexicano común se le entregarían.
Alejandro Canek Vázquez Góngora –excolaborador de Manlio Fabio Beltrones y exdirigente juvenil del PRI– fue designado el 7 de diciembre de 2012 titular del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot). El 28 de febrero de 2013 renunció. La institución lo liquidó con 562 mil pesos libres de impuestos, a pesar de haber trabajado menos de tres meses. La ley dispone que la liquidación debe ser de tres meses por año trabajado.
No es el único. María de los Ángeles Errisuriz Alarcón fue directora del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos durante cinco meses en 2013. El organismo la liquidó con 446 mil pesos. Para sustituirla se designó a Alfredo Llorente Martínez, quien al cabo de 17 meses consiguió una liquidación de 717 mil pesos.
Los otros beneficiarios que iniciaron su cargo con la administración de Peña Nieto son Jesús Mena Campos, en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a quien se liquidó con 853 mil pesos en abril de 2015, y la actual diputada María Esther Scherman Leaño, liquidada con 717 mil pesos en enero de 2015 al dejar la dirección de la Lotería Nacional.
Y finalmente está el caso de Manuel Ángel Núñez Soto, exdirector del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, quien dio inicio a las obras del nuevo aeropuerto capitalino. Duró nueve meses en el cargo; lo suficiente para que lo liquidaran con 566 mil pesos.
Para Manuel Fuentes otro rasgo ­inusual de esas liquidaciones es el tiempo en que se otorgan, pues los trabajadores al servicio del Estado pueden pasar meses reclamando pagos muy inferiores, o inclusive tardan hasta 20 años en litigios laborales, mientras que en estos casos los pagos se firman de inmediato, el día de la renuncia. Mucho menos se reconoce que la antigüedad es menor a un año.
Más que el presidente
Los secretarios de Estado ganan poco más de 205 mil pesos mensuales, menos impuestos. La cantidad es alta, sobre todo si se considera que al inicio de la administración la paridad peso-dólar y peso-euro los colocaba por encima de sus pares de países con economías desarrolladas.
Por ejemplo, en Francia los ministros de Estado tienen un ingreso mensual bruto de 10 mil euros. Hasta 2013 el euro se cotizaba en alrededor de 17 pesos, de manera que un ministro francés ganaba unos 170 mil pesos, menos impuestos, mientras un secretario mexicano ganaba lo mismo, pero libre de impuestos.
En España un ministro cobraba, hasta 2013, 5 mil 805 euros, menos de la mitad de lo que cobraba un secretario mexicano. Y hasta diciembre de 2014 un secretario mexicano cobraba aproximadamente 10 mil pesos menos que uno de Estados Unidos.
La diferencia entre esas tres naciones y México es que Francia tiene sólo a 13% de su población en riesgo de pobreza; España a 28% y Estados Unidos a 15%. México tiene a la mitad de la población en estado de pobreza y extrema pobreza.
De acuerdo con el portal de Obligaciones de Transparencia (POT) –donde se coloca la información mínima que debe ser accesible al público, entre otras, la relativa a la remuneración de los servidores públicos–, Enrique Peña Nieto tiene una percepción mensual bruta de 208 mil 570 pesos.
Con los datos contenidos en los convenios de liquidación se observa que lo registrado en el POT es falso o que los ­cálculos de liquidación se hicieron sobre la base de sueldos inflados, al menos en cuatro casos.
También se pudo identificar que la clave salarial reportada en las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos no siempre es la misma para ubicar sus percepciones en el POT. El cruzamiento de datos deja la duda sobre la veracidad de lo que ahí se publica.
Como director de Financiera Rural, Carlos Alberto Treviño Medina registraba en el POT 194 mil 708 pesos, pero en el convenio de terminación de su relación laboral se asentó como su percepción bruta 257 mil pesos, o sea, 48 mil 430 pesos más que Peña Nieto.
En Bancomext, Charbel Jorge Estefan Chidiac percibía, según la información pública, 200 mil 301 pesos, pero en su convenio de terminación se tasó su ingreso en alrededor de 230 mil pesos, 22 mil 370 más que Peña Nieto.
Cuando estuvo al frente de Fonacot, Canek Vázquez tenía, de acuerdo al convenio de terminación laboral, 220 mil 493 pesos de salario mensual, esto es 11 mil 930 pesos más que Peña Nieto, aunque en el POT sólo se registraban 191 mil 708 pesos de percepción.
A su vez, José Antonio González Anaya tenía por percepción, según la información abierta al público, 203 mil 875 pesos como director del IMSS. En el convenio de terminación laboral se estableció que en realidad ganaba 229 mil 329 pesos, esto es, 20 mil 759 pesos más que el mandatario federal.
De acuerdo con el Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana, campus Puebla, “se trata de prácticas evidentemente inconstitucionales, sólo posibles con la autorización de la Secretaría de Hacienda”, encargada de autorizar las erogaciones a los funcionarios públicos.
La consulta en el POT permite ver que los secretarios de Estado y directores de entidades públicas tienen asignado un salario bajo y una “compensación garantizada” elevada. En el caso de los primeros, tienen 32 mil 813 pesos de sueldo base con una compensación de 172 mil 308 pesos. Suman 205 mil 121 pesos como percepción bruta. En total, perciben al mes casi 140 mil pesos.
El descuento parece significativo, pero no lo es tanto, pues tienen un “seguro de separación individualizado” que se adquiere con 10% del ingreso bruto. Esto es en realidad una bolsa de ahorro que cada mes recoge 20 mil 500 pesos del salario bruto, cantidad a la que se suma una aportación igual del gobierno. Total, un secretario acumula en ese fondo 41 mil pesos cada mes.
Con esos datos se realizó un cálculo, tomando en cuenta el periodo que estuvieron al frente de sus dependencias los 10 secretarios de Estado que han renunciado en lo que va del sexenio, sin considerar a José Antonio Meade y Rosario Robles, quienes por haber sido enviados a otras secretarías siguen ahorrando.
La bolsa acumulada más alta corresponde a Luis Videgaray Caso, extitular de la Secretaría de Hacienda, con 1 millón 845 mil pesos; lo sigue la extitular de la Secretaría de Salud, Mercedes Juan López, con 1 millón 568 mil.
Los exsecretarios de Agricultura Enrique Martínez y Martínez; de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud; de Educación, Emilio Chuayffet Chemor, y el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se habrían retirado con 1 millón 353 mil pesos cada uno.
Además, el de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, primero en renunciar al gabinete legal en enero de 2015, se llevó 1 millón 107 mil pesos, en tanto que el de menor monto sería Virgilio Andrade Martínez, con 697 mil pesos, pues apenas duró 17 meses en el cargo.
Lo mismo ocurre en el gabinete ampliado: Humberto Benítez Treviño, político priista de larga trayectoria que renunció en abril de 2013 en medio del escándalo conocido en redes sociales como #ladyProfeco, tuvo el seguro de separación individualizado que le permitió retirarse del cargo con 193 mil pesos en la bolsa.
Otro funcionario de escándalo, en su caso por el uso personal de helicópteros de Conagua, de la que era titular, fue David Korenfeld, quien obtuvo 1 millón 119 mil pesos por dos años y tres meses en el cargo.
En la Profeco sustituyó a Benítez Treviño el mexiquense Alfredo Castillo Cervantes, que con siete meses en el cargo consiguió despedirse con 290 mil pesos. Luego fue Comisionado para Michoacán y ahora director de la Conade.
Para hablar sobre los salarios bajos con compensaciones altas, las liquidaciones y los seguros de separación, el martes 6 se pidió una entrevista a la Secretaría de la Función Pública. No la concedieron.
De acuerdo con los datos del Observatorio de los Salarios, expuesto por su director, Miguel Reyes, el ingreso promedio nacional es de 7 mil 350 pesos mensuales. Eso es poco más de lo que gana un secretario de Estado al día y que el investigador atribuye a la corrupción, posible por lagunas legales:
“Esa corrupción oculta debe desaparecer y se necesitan reglas claras. Es inmoral que un país con más de 50% de población en pobreza y 10% de los más ricos apropiándose casi de 70% de la riqueza nacional, tenga funcionarios con salarios integrados y liquidaciones más altas que cualquiera de su mismo nivel en Estados Unidos o Europa, que tengan salarios integrados y liquidaciones en teoría más altos que el presidente de la República.”   

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