MaritzaDíazHernández (@MaritzaDiazHdz)
Atendiendo al derecho que me asiste y claramente especificado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “…La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa… Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura…”.
Soy Maritza Díaz Hernández, mexicana, madre y padre de un hijo maravilloso, al igual que muchas mujeres, asumo orgullosamente esta doble responsabilidad. Escribo este texto porque enfrento procesos legales en plena inequidad, no encuentro resultados en la “Justicia” proveniente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México por conducto del Juez Tercero Familiar de Toluca, la Primera Sala Regional Familiar de Toluca y el Juez Noveno de lo Familiar del Distrito Federal y considero que la opinión pública debe conocer los detalles del caso.
No se trata de un asunto privado, ni de un problema de relaciones personales. Se trata de un caso de interés público que involucra el cumplimiento del Interés Superior de la Infancia, de la Constitución, de los Tratados Internacionales y de la independencia del Poder Judicial en este país.
Tuve una relación de nueve años con Enrique Peña Nieto y procreamos un hermoso hijo. Enrique cumplió con algunas obligaciones parentales que incluían, entre otras, la convivencia con su hijo y la aportación para su manutención; sin embargo, los últimos meses dejó de cumplir con la mayoría de estas obligaciones sin explicación alguna.
En ese contexto y al haber agotado todo tipo de conversaciones, solicitudes, incluso súplicas para que atendiera responsabilidades mínimas indispensables (la identidad de nuestro hijo, la no discriminación, un trato justo, igualitario y equitativo, su estabilidad física y emocional, entre otras) sin tener otra opción para expresarme, me integré a las redes sociales desde marzo del 2011 y compartí información sobre el incumplimiento de las obligaciones parentales de Enrique, hasta ese momento desconocidas por la opinión pública.
Como respuesta a mis mensajes, Enrique, a través de su apoderado legal, ha emprendido acciones legales en mi contra. A continuación me referiré a información que consta en el expediente del Juzgado Noveno de lo Familiar en el Distrito Federal.
Enrique, por conducto de un apoderado, entabló (Agosto 2012) una controversia familiar en mi contra pero -a decir de los abogados- no es necesario que un padre declare por medio de una determinación judicial que debe cumplir con las obligaciones establecidas en la ley, ni para reconocer que se cumplan los derechos, que en este caso, son los derechos de nuestro hijo. La ley dicta que los derechos y obligaciones previstos en ella deben acatarse y respetarse.
Enrique tiene pleno conocimiento de que hace más de un año mi hijo y yo no vivimos en el Estado de México, no obstante, la controversia familiar fue interpuesta ante un juez que no corresponde por razón de nuestro domicilio. El Juez Tercero de lo Familiar en Toluca se declaró competente con el criterio de que cualquier persona puede tener dos domicilios, criterio que no aceptó la citada Sala Familiar, instancia que dio razones diferentes para sostener la competencia del juez, con la que no cuenta.
Los Códigos Civiles en México, establecen que este tipo de procesos deberán llevarse a cabo en el lugar de residencia de las personas. En un caso inédito en la historia de México, un Juzgado Familiar del Estado de México lleva un proceso familiar de personas que no residen en esa entidad.
Cabe mencionar, que en dicha controversia que inicio Enrique, lo único que está a discusión es el importe para cubrir la pensión alimentaria de nuestro hijo, cantidad unilateralmente fijada por Enrique, misma que fue reducida en comparación con lo que había estado aportando.
Por mi parte, he atendido la controversia y he cumplido con cada uno de los mandamientos judiciales, a pesar de las claras irregularidades ocurridas en el Juzgado Tercero de lo Familiar de Toluca:
• Emplazamiento en días y horarios inhábiles en un domicilio que no corresponde, a pesar de que se les informó cual era el domicilio en donde vivimos mi hijo y yo.
• Apenas en algunos meses han conocido del caso tres jueces diferentes, dos de los cuales fueron removidos.
• No se permitió la declaración de testigos.
• No se permitió que se desahogaran pruebas que ya habían sido aceptadas.
• Se prohibió publicar y difundir datos del proceso; entre otras.
Por otras cuestiones que nada tienen que ver con la pensión alimenticia, el 24 de octubre del 2012 presenté un procedimiento legal para que Enrique atendiera necesidades indispensables para nuestro hijo. Expuse dicho procedimiento en el Distrito Federal, lugar en el que mi hijo y yo residimos actualmente; la controversia fue enviada al Juzgado Noveno de lo Familiar del DF el cual, el 31 de enero de este año, determinó procedente (a solicitud del apoderado de Enrique y al contrario de lo que dice la fracción II, del artículo 40 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal) una conexidad e informó que esta segunda demanda también debía ser conocida por el Juez Tercero de Toluca, por lo que ordenó que se enviara de inmediato el juicio a dicho juez.
Aquí existe la grave irregularidad de que el Juez Noveno de lo Familiar en el DF entregó los autos originales, documentos base de la acción, escritos no acordados, etc. al demandado en el Juicio, a través del hijo del apoderado legal de Enrique, quien los tuvo en su poder por más de seis horas para su traslado y entrega al Juzgado en Toluca.
Además de la anterior, hay otras irregularidades:
• El sistema se cayó durante 40 minutos justo cuando presenté la demanda.
• La presenté el 24 de octubre del 2012 y fue admitida hasta el 14 de noviembre del mismo año.
• Aquí también se establece sin fundamento legal la restricción de publicar y difundir datos e imágenes del proceso.
• Se ordena la publicación de la controversia como “asunto secreto”.
• El emplazamiento se realiza en un domicilio diferente al proporcionado, que a partir del 1º de diciembre era la Residencia Oficial de Los Pinos.
• No se atiende la solicitud de medidas precautorias.
Cabe mencionar que las prestaciones que solicito están encaminadas a que se respeten en toda su amplitud los Derechos Humanos y el Interés Superior de nuestro hijo: nombre, filiación, igualdad y equidad, derechos de la niñez, seguridad, el libre desarrollo de su personalidad sin que se le afecte su estado físico, mental y emocional, al igual que la dignidad humana.
Por mi parte he emprendido distintos juicios de amparo y recursos de apelaciones en ambas Entidades. Entiendo que en México la independencia judicial ha tenido un lento avance, pero en mi caso, han pasado por encima de mis derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y los Tratados Internacionales. También he informado por escrito y he acudido a diversas instituciones: Comisión Nacional de Derechos Humanos, Procuraduría General de la República, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Senado de la República, Embajada de EU en México, etc.; quienes amablemente me reciben y se sorprenden al conocer los hechos; sin embargo no actúan.
Sorprendida y sin entender el proceder de Enrique, porque conviví con él por años, me desconcierta su actuar. Quiero pensar que por sus múltiples ocupaciones y responsabilidades no está enterado o no se le ha informado bien sobre el estado que guardan los procesos que conciernen a nuestro hijo.
Quiero decir que estoy abierta al diálogo sobre la base del pleno cumplimiento de las obligaciones parentales de Enrique a favor y en beneficio de nuestro hijo y él públicamente se declara a favor del diálogo, la conciliación y el acuerdo político, ¿Por qué no hacerlo para con un ser inocente e indefenso, que además lleva su sangre?Ambos somos adultos y apelo a la madurez que se requiere para dialogar y conciliar como padres de un hijo que ambos amamos. Actúo con prudencia porque hay temas delicados que no puedo mencionar, pero con la convicción de los derechos que tengo.
Desde mi punto de vista, un proceso legal en donde está involucrado el Presidente de México, debe ser un digno ejemplo de justicia para que los ciudadanos constaten que su mandatario es congruente en el decir y en el actuar, hecho que generará la confianza y credibilidad que México tanto requiere y reclama. Las instancias de justicia, los organismos de Derechos Humanos, las instituciones de transparencia y legalidad, etc., deben fortalecerse, los presidentes van y vienen, pero éstas Instituciones quedan, continúan y deben crecer y mejorar día a día.
A pesar de las adversidades y de lo difícil y desgastante que esto ha resultado para mí, para mi hijo, para mi familia y para nuestro entorno, seguiré firme y sin temor buscando Justicia para el ser que más amo en la vida; eternamente agradezco y agradeceré a Dios y a Enrique por su existencia. Es mi sentir, es mi instinto, mi deber y responsabilidad básica de madre el reaccionar a favor y en defensa de mi hijo, como lo hacen muchas madres en México y el mundo.
En las próximas semanas daré a conocer la eventual respuesta del padre de mi hijo y Presidente de México.
Agradezco el apoyo solidario que me han brindado miles de mujeres, sin importar estado civil, algunas de ellas madres, otras que aún no lo son, a los hijos de madres fuertes, invencibles y doblemente responsables. También agradezco a los hombres, padres que aman, defienden y protegen a sus hijos, y a todas las personas que como yo, buscan que la justicia funcione en México.
Invito a las personas de bien de este país para que apoyen esta causa, analizando y difundiendo esta información. Debemos encontrar resultados en la justicia mexicana.
Por su atención, gracias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario