viernes, 21 de abril de 2017

Felipe Calderón, el cínico que vendió México al mejor postor

Hace 7 años escribí en Contralínea los planes que el gobierno federal, políticos, empresarios nacionales, altos ejecutivos de trasnacionales y el lobby estadunidense perfilaban para México hacia 2030. La mayoría de esos perversos objetivos neoliberales y entreguistas se ha cumplido, pero falta lo peor.
Los objetivos que tenía la clase política y económica nacional y extranjera desde el sexenio pasado –y en realidad desde que Carlos Salinas de Gortari asumió la Presidencia de México– quedaron plasmados en el compilado de 14 documentos, titulado México 2030, proyecto de gran visión. Éstos consisten en abolir la propiedad pública y legalizar el despojo.
El plan transexenal fue resultado de arduas sesiones convocadas en 2006 por el panista Felipe Calderón, en medio de las protestas contra su supuesto triunfo electoral, avalado por las instituciones pero rechazado por una buena parte de los mexicanos, que demandaban masivamente el recuento de los votos.
Pese a ese tufo de ilegitimidad, y con un total descaro, el presidente electo delineó su política pública. Los 14 documentos revelaban planes totalmente privatizadores y contrarios al interés de las mayorías: sectores estratégicos y bienes de la nación serían cedidos en los entonces 24 años por seguir.
A 1 década de aquello, podemos observar que esos políticos y empresarios han avanzado dramáticamente en la imposición de su modelo de “desarrollo”, que en realidad representa un despojo indiscriminado que afecta a miles de mexicanos en forma directa.
Entre las principales áreas codiciadas en aquellos planes destacaba la energía. El proyecto de nación de Calderón Hinojosa establecía la extinción de Luz y Fuerza del Centro, lograda 3 años después de inscribirla en esos planes.
También se delineaba como una necesidad la desaparición de la Secretaría de Energía y la creación de una secretaría o instituto de infraestructura.
Y poco a poco consiguieron su privatización: el primer golpe al sector ocurrió en 2009, cuando Calderón determinó unilateralmente extinguir a la paraestatal Luz y Fuerza del Centro. Luego la Comisión Federal de Electricidad cedió silenciosamente la generación de energía eléctrica a la iniciativa privada, sobre todo extranjera.
Finalmente vendría lo impensable: la “reforma energética”, que privatizó el petróleo y el gas, considerados como la máxima riqueza nacional. Un bien que, por años, constituyó la principal fuente de riqueza de México.
La evidencia de ello la pagamos todos los días: el costo del gasolinazo se resiente en los bolsillos de todos, por poner el ejemplo más cercano que tenemos.
Pero el sector energético es apenas el inicio de las privatizaciones. Esta Semana Santa, por ejemplo, muchos habrán tenido de cerca otro de los grandes despojos que concretó Calderón y continua Enrique Peña: la zona exclusiva marítimo terrestre.
Por ello, no sólo lugareños y turistas de escasos recursos están vetados para ingresar en algunas playas. Si no que cientos de pescadores han sido expulsados de las costas, entregadas por unos cuantos centavos a las empresas del turismo.
En nombre del llamado ecoturismo, las zonas de reserva de la biósfera también han sido cedidas a la iniciativa privada. El mismo camino sigue el agua, recurso vital altamente ambicionado por la gran industria.
Así, poco a poco los derechos se transforman en servicios. Por ello, sectores que deberían ser integralmente proveídos por el Estado están en crisis, en la mayoría de los casos de forma inducida. Por ejemplo, el sector salud, que ha sido saqueado hasta más no poder. Por eso las citas con el médico general o especialista llegan cuando el paciente ya murió. Y por eso mismo no hay medicamentos y los derechohabientes tienen que comprarlos o simplemente aguantarse su enfermedad.
Este desmantelamiento del Estado de bienestar también incluye como una gran meta la privatización de la educación, la ciencia y la tecnología. En el primer caso, la “reforma educativa” que tanto defiende Aurelio Nuño ha sido, quizá, el golpe más certero contra el sector. En el segundo caso, la innovación científica y tecnológica ha servido para que corporativos multinacionales evadan impuestos y obtengan millonarios subsidios.
En este intenso proceso de privatización, particularmente han sido beneficiadas las trasnacionales extranjeras. Pero no sólo eso. En aquellos planes de Calderón y sus compinches se establecía la necesidad de legalizar el lobbyng, esa actividad de cabildeo que justamente permite a los grandes corporativos nacionales y extranjeros hacer prevalecer sus intereses en el Congreso de la Unión. El lobbyng fue legalizado en 2008.
El México 2030, proyecto de gran visión, revelaba que el país cedería a corporativos nacionales y trasnacionales el control total de la vida, el movimiento de las personas y las mercancías, así como el mundo de las ideas y el acceso a la información.
La concesión de las áreas estratégicas –salud, educación, telecomunicaciones, carreteras– y los bienes nacionales –agua, energía, medio ambiente, patrimonio cultural– se hace de manera paulatina por medio de “asociaciones público-privadas”.
En este contexto se consolidan los monopolios privados, se destruyen las paraestatales y los servicios públicos, se garantizan multimillonarios subsidios y exenciones fiscales al empresariado y se robustece el aparato punitivo contra la protesta social
Lo peor. Calderón planeó que para 2030 México sea gobernado por “mexicoamericanos” y se “integre” a Estados Unidos. Para entonces, locos como Donald Trump tendrían el poder de dictar las políticas públicas y habría “instituciones compartidas”. Anexión que serviría a Estados Unidos para usar a nuestra nación como área de control militar.
En 2030, las Fuerzas Armadas mexicanas intervendrán en conflictos internacionales por la “seguridad hemisférica” y la soberanía se habrá extinto. Según el plan calderonista, el desarrollo del país no será del tipo BRIC (Brasil, Rusia, India, China).
Y eso, sin duda, es lo que busca Calderón con su aspiración de regresar al poder a través de su esposa Margarita Zavala. El verdadero proyecto de país que tendrá la panista es la venta de los bienes y la sumisión de México.
Nancy Flores

PAN ordena a sus candidatos y dirigentes desprestigiar a Morena y a AMLO vinculándolos con Javier Duarte

Lineamientos a seguir, según el CEN del PAN.

XALAPA, Ver. (apro).-El Comité Ejecutivo Nacional del PAN instruyó al líder estatal del partido, José de Jesús Mancha Alarcón, a candidatos a las alcaldías municipales y a liderazgos panistas a desprestigiar en todos sus discursos a Morena y su líder nacional, Andrés Manuel López Obrador vinculándolos con el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, hoy preso en una cárcel de Guatemala.
La misiva de instrucción fue rubricada por Damián Zepeda Vidales, secretario general panista, quien pide a la militancia panista que “en todos los pronunciamientos públicos” sobre la detención de Duarte, se le exija aclarar y explicar sus vínculos con López Obrador.
La carta, que contiene seis puntos, fue exhibida por la diputada federal de Morena Rocío Nahle en su red social Twitter, en donde acusó una guerra sucia orquestada desde el PAN nacional para detener el crecimiento de Morena, aprovechando la coyuntura de la detención de Duarte de Ochoa en Guatemala y a quien muchas veces durante el pasado proceso electoral de renovación gubernamental se le acusó de inyectar económicamente a los candidatos de Morena a las diputaciones de Veracruz.
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Aquí el documento completo de la guerra sucia del PAN. Con la firma estampada del secretario general. Porque ahora lo niegan. Increíble!!!
Situación de cooptación de militantes de Morena que ha sido rechazada por López Obrador, pero señalada por el senador priista, Héctor Yunes y por el gobernador panista-perredista, Miguel Ángel Yunes Linares.
La misiva tiene la exigencia concreta de que candidatos y militantes panistas “no entren en polémica” con simpatizantes de Morena que exijan pruebas, y responder que esos “nexos ya están demostrados”; asimismo, se les suplica a los panistas “no profundizar en el tema”.
La carta del CEN alude también a que los discursos y pronunciamientos que aludan a los nexos Duarte-López Obrador deberán ser compartidos en sus redes sociales.

Ex Canciller de Guatemala dice que se pudo enviar a Duarte en un día, como a “El Chapo” en 1993

El ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa podría ya estar en México si Guatemala lo hubiera expulsado en vez de extraditado. El mecanismo legal de la expulsión se ha utilizado en distintos casos en ese país, uno de ellos cuando cayó por primera vez Joaquín “El Chapo” Guzmán. En ese entonces el Procurador Jorge Carpizo McGregor dijo la misma noche que fue capturado el líder del Cártel de Sinaloa que había sido devuelto a México.

¿Por qué si el ex mandatario veracruzano ingresó ilegalmente a Guatemala no fue expulsado?

El ex Ministro de Relaciones Exteriores de ese país centroamericano, Gabriel Orellana Rojas, sostiene que existe una intención mediática.

Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo). — Javier Duarte de Ochoa pudo haber sido expulsado de Guatemala a México de inmediato debido a su irregular situación migratoria, en vez de ser sometido al proceso de extradición, apuntó el ex Ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Gabriel Orellana Rojas.
“Me temo que hubo un interés, no lo descarto, de parte de las autoridades mexicanas, de que la captura se hiciera con base a la orden internacional [de PGR] y toda la parafernalia que rodea estos casos. Hemos visto que hay una carga política muy grande, y un interés de algunos sectores de tomar [a Duarte] esto como un trofeo de cacería”, dijo Orellana Rojas.
Duarte espera en un destacamento militar la primera audiencia sobre su proceso de extradición que será mañana. Un proceso que inició por petición de la Procuraduría General de la República (PGR) el 15 de abril. El ex mandatario era buscado por la Interpol en 190 países.
“No hubiera sido lo mismo que lo expulsaran por indocumentado del país [Guatemala]. Sino que había que hacer todo un asunto sobre la captura”, dijo el ex alto funcionario.
 Este proceso ha brindado al ex Gobernador de Veracruz la posibilidad de retrasar su proceso de extradición hasta un año si así lo desea mediante los recursos de amparo guatemaltecos.
Un caso de expulsión exprés sucedió con la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán en ese país en el año 1993. La misma noche del anuncio de la captura el entonces Procurador Jorge Carpizo McGregor anunció que Guzmán había sido devuelto a México.
“El Chapo” calculó mal y el Ejército de Guatemala lo capturó. Un operativo en el que participó Otto Pérez Molina, ex Presidente de Guatemala, quien hoy aguarda prisión mientras es juzgado por un caso de corrupción.
Esa fue la primera vez que se supo cómo era el Chapo físicamente. Un caso reciente fue el de Edward Lee Leblanc, alias “el gringo loco”, quien buscado para afrontar cargos de asesinato fue detenido en octubre del año pasado en Guatemala y al día siguiente deportado a Estados Unidos por estar ilegalmente en el primer país.
Por su parte, el domingo las autoridades de la PGR señalaron que Duarte entró de forma ilegal a Guatemala. Un hecho que pudo traducirse en una devolución exprés.
“Legalmente es posible expulsarlo. Es el Ministerio de Gobernación el encargado de tomar las decisiones en ese sentido”, dijo Jorge Mario García Laguardia, uno de los primeros Procuradores de Derechos Humanos en Guatemala.
Los indicios apuntan que Duarte estuvo en Guatemala desde noviembre, y hoy la Fiscal General de Guatemala Thelma Aldana Hernández apuntó a la agencia de noticias internacional AP que se investigarán la posible existencia de una red de personas y propiedades en Guatemala relacionadas al ex Gobernador.
Duarte se hospedó en el hotel Riviera de Atitlán, un recinto que da frente al turístico lago de Atitlán en el municipio de Panajachel, Sololá.
El priista habría dado documentos falsos para alojarse, según la PGR 72 horas antes, puesto que el hotel exige identificaciones a sus huéspedes.
“Él definitivamente era una persona que no tenía sus papeles en regla para entrar a Guatemala, los informes que dio migración no lo tienen. No descarto la posibilidad de que el Gobernador haya sido muy dadivoso con algunas personas y con las personas adecuadas en Guatemala”, dijo el ex Canciller Orellana.
Portar documentos apócrifos en Guatemala es un delito por el que se le pueden perseguir a los más cercanos al político veracruzano, si se les llegase a confirmar su portación, dijo Orellana.
Siete familiares de Duarte fueron hallados en la habitación 505 del mencionado hotel, entre ellos su esposa Karime Macías Tubilla.
Una persona fue detenida en noviembre con pasaportes falsos con la foto de Macías y de Duarte. Sus nombres alternos pretendían ser Gabriela Ponce Arriaga y Alex Huerta del Valle. Los documentos sirvieron de indicio para dar con Duarte.
El internacionalista guatemalteco Roberto Wagner señaló que su ingreso irregular al país representarían una salida legal para que el ex Gobernador en un momento dado buscase regresar a México.
“No es una deportación. La figura es regresarlo a lo que fue el último puerto de salida”, apuntaló.
¿Qué tanto podría tardar Duarte? Si bien tiene hasta un año, Wagner supone que será de forma rápida por la presión mediática que hay sobre el caso.
“Si hubiese sido una figura no tan mediática, alguien por temas de crimen organizado, narcotráfico, de grupos más particulares, entonces sí se presentan factores más complicados”, dijo el profesor.
Información sobre el manejo que han dado las autoridades mexicanas al caso ha salido a flote. La Fiscal Thelma Aldana Hernández ha dicho que Duarte no pudo ser detenido antes porque no existía una solicitud expresa de la PGR.

Corrupción de OHL alcanza a presidente .-Julio Hernández López

 Mordidas para campañas y políticos
 Encarcelan a involucrados
 ¿Barbas a remojar en México?

Foto
EX GOBERNADOR EN EL BANQUILLO. Funcionarios de la fiscalía de Guatemala señalaron que en caso de aceptar la extradición sumaria, Javier Duarte de Ochoa buscará que lo juzguen por el desvío de 350 millones de pesos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, debido a que sólo uno de estos ilícitos es considerado grave en MéxicoFoto Víctor Camacho/ enviado
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a próspera constructora española OHL es nuevamente acusada, junto con otras firmas empresariales, de participar en actos de corrupción para financiar, a título de comisiones subterráneas, las actividades partidistas y las campañas electorales de una parte del grupo en el poder y, al mismo tiempo, para engrosar las cuentas personales de los políticos dominantes. Gracias a esos arreglos mafiosos, el partido involucrado pudo lograr triunfos electorales, según el expediente de indagaciones. En el revoltillo de intereses oscuros, empresariales y políticos, también aparecen directivos (ya en calidad de investigados) de un diario apegado a esos grupos beneficiarios, La Razón.
Ahora, fuerzas policiacas han aprehendido a una franja de esos involucrados, entre ellos quien fue presidente, detenido en la capital del país, a quien se responsabiliza de ganar comicios y de ayudar a ganar otros, merced a estas transferencias delictivas de recursos. Además, se ha intervenido físicamente en oficinas de OHL y de otras compañías presuntamente partícipes, en busca de más pistas y pruebas respecto de operaciones fraudulentas.
No se habla, en los párrafos anteriores, de la vertiente mexicana de OHL (en la que Emilio Lozoya Austin fue miembro del consejo de administración antes de que Peña Nieto lo hiciera director de Pemex, ahora mencionado en el expediente Odebrecht) ni de las múltiples acusaciones de contubernio con funcionarios mexicanos como el secretario federal de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, pillado, al igual que otros personajes de la alta burocracia, en pláticas telefónicas sugerentes de arreglos de corrupción, en el contexto de la privilegiada asignación de obras públicas y de beneficios para los otorgantes. Tampoco se habla del presidente de México, sino de Ignacio González, quien fue presidente de la Comunidad de Madrid. Y el partido beneficiado con dinero sucio para campañas electorales y actividades políticas en general es el derechista Partido Popular, que tiene a Mariano Rajoy como presidente del gobierno de España desde 2011.
Según el juez y la fiscalía anticorrupción que llevan el caso en España (en el contexto de la llamada Operación Lezo), hay fundadas sospechas de que hubo dinero de origen irregular en las elecciones autonómicas de Madrid realizadas en 2011, en las que Esperanza Aguirre refrendó su mayoría absoluta desde el Partido Popular. En especial, se ha puesto la lupa a las operaciones financieras realizadas en el Canal de Isabel II, la empresa pública que administra lo relacionado con recursos hídricos en la comunidad de Madrid.
Las barbas cortadas en la península ibérica deberían poner las suyas a remojar a los practicantes en América de similares maniobras, en especial en México. OHL constantemente ha estado, acá, en la parcelación oscura relacionada con actos de corrupción, con especial anuencia del grupo mexiquense que controla negocios y comisiones en el estado de México y en el gobierno federal. Hay incluso, en el actual escándalo hispano, un dato en el que aparece una referencia a México, en una nota en El Español, que señala: “Según la tesis de los investigadores, el pago estaría destinado –por medio de testaferros– al ex presidente autonómico Ignacio González y responde a una comisión por el contrato millonario del tren de Navalcarnero, otorgado por la Comunidad de Madrid a la empresa de Juan Miguel Villar Mir. Según las mismas fuentes, los fondos para la presunta mordida se transfirieron desde una filial de OHL en México y han supuesto la calificación como investigado del empresario Javier López Madrid” (https://goo.gl/dLosQu).
El diario digital Bez, por su parte, señala que “uno de los efectos colaterales de la detención del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, investigado por una larga lista de delitos, fue la imputación –ahora se denomina ‘investigados’– al presidente y al director del diario La Razón, Mauricio Casals y Francisco Marhuenda”, acusados de coaccionar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no avanzara en la denuncia y consignación de los hechos ahora conocidos ( la corrupción política toca la primera playa mediática, La Razón, https://goo.gl/5zjccR ). El diario La Razón pertenece mayoritariamente al Grupo Editorial Planeta, asegura Bez.
La empresa productora y distribuidora de pinturas y otros materiales de construcción Comex ha hecho llegar a esta columna las siguientes precisiones: 1) Luis Antonio Vázquez Mota no tiene ni ha tenido cargo alguno en la empresa. El señor Vázquez Mota es uno de los más de 750 empresarios independientes con los que Comex tiene un contrato de concesión para la distribución de sus productos, y, 2) Josefina Vázquez Mota no es y nunca ha sido accionista de Comex.
Las aclaraciones de la empresa dan respuesta a las versiones periodísticas, reproducidas en esta columna el pasado miércoles, respecto de presuntas inversiones de Josefina Vázquez Mota en Comex y el papel directivo de uno de sus hermanos. Por otra parte, sigue en espera de resolución el hecho de que, como se consignó en la columna mencionada, el propio Luis Antonio Vázquez Mota, “otros hermanos y el padre de la panista (están involucrados) en hechos que a juicio de la Procuraduría General de la República pueden constituir delitos relacionados con lo que se abrevia como ‘lavado de dinero’”. Y, desde luego, falta saber el destino real de los más de mil millones de pesos que recibió Josefina para supuestos programas de ayuda a paisanos en Estados Unidos.
Y, mientras se ha producido un ataque a tiros en París, con saldo de un policía muerto, a tres días de la reñida y trascendente elección presidencial en Francia, ¡hasta el próximo lunes, con Donald Trump anunciando que en dos semanas definirá los cambios que desea hacer en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte!
Twitter: @julioastillero
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