lunes, 20 de febrero de 2012
Lapidario juicio de la ASF: México, un desastre bajo la conducción panista
Carlos Acosta Córdova
2012-02-18 16:25:54· Edicion Mexico
Desde que el PAN llegó a Los Pinos, la economía nacional ha ido en picada. Esta afirmación destaca en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2010, recientemente difundido por la Auditoría Superior de la Federación. Pero la instancia que dirige Manuel Portal Martínez elabora un diagnóstico todavía más alarmante. El desastre –estima– es completo: crecimiento mediocre, recuperación precaria, empleos por debajo de la meta programada, déficit recurrentes…
En su Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2010, divulgado el miércoles 15, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace trizas a los gobiernos panistas, al analizar 10 años de conducción de la economía: han sido un verdadero fracaso, sostiene.
El apartado sobre la revisión de las finanzas del sector público presupuestario de ese año –un legajo de 238 de las decenas de miles de páginas de las que consta todo el documento– es contundente:
De 2001 a 2010, la economía mexicana registró una tasa de crecimiento anual más que mediocre: 1.7% en promedio.
Es decir, 10 años con una economía aletargada, sin bríos. Incapaz de generar el millón de empleos que se requieren cada año, meta que se lograría con un crecimiento de 6% o más, según cualquier modelo macroeconómico. Y por lo mismo, inútil para procurarle a la población mejores condiciones de vida.
Más: el crecimiento económico promedio en el gobierno de Vicente Fox fue de 2.2%. En los primeros cuatro años de Felipe Calderón, peor: sólo ¡un 1%! pudo avanzar el producto interno bruto en promedio anual.
En su campaña por la Presidencia fue célebre la propuesta de Fox de que en su gobierno la economía iba a crecer 7%. Ni la tercera parte logró.
Reconoce la ASF en el documento que en 2010 el crecimiento fue de 5.4% –5.5%, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística–, luego de haberse desplomado -6.1% real en 2009, el peor año de la crisis financiera internacional.
Ese crecimiento fue superior al que registraron las economías industrializadas: 3.1%, pero “inferior al 6.1% que promedió el PIB de las economías de América Latina y el Caribe”.
Además, esa recuperación económica –de -6.1% en 2009 a 5.4% en 2010– fue la más pobre de entre los países emergentes y en desarrollo, dice la ASF.
Las economías de estos últimos –acota– “confirmaron en 2010 su papel dinámico en el PIB mundial, al alcanzar un crecimiento de 7.3%, como consecuencia del comportamiento de su mercado interno, de mejores términos de intercambio comercial y de la entrada de capitales por la liquidez disponible en los mercados financieros”.
No fue el caso de México, puntualiza.
Y como si no fuera suficiente, presenta una tabla comparativa –con un sesgo negativo para el país y su gobierno panista– en la que se observa que en 2010 el crecimiento del PIB de México, de 5.4%, es apenas superior al 4.4% de los países de Oriente medio y del Norte de África; idéntico al 5.4% de países del África subsahariana… pero lejísimos del 10.3% de China ó el 10.1% de la India.
O, ya en nuestra región, nada que ver con el crecimiento de 15% de Paraguay, 9.2% de Argentina, 8.8% de Perú, 8.5% de Uruguay, 7.8% de República Dominicana y 7.5% de Brasil y Panamá.
En el tobogán
No hay reposo en la crítica a la conducción de la economía en los gobiernos panistas, sobre todo del actual.
Atiza el documento de la ASF: “El crecimiento real de 5.4% que se obtuvo en 2010, aunque importante, no fue suficiente para recuperar el valor del PIB en 2008, por lo que fue menor en 1.1% real, equivalente a 94 mil 992 millones 100 mil pesos en comparación con 2008.
Y en la tabla correspondiente, que muestra el valor del PIB, año por año, se ve en efecto que, a precios de 2003, el PIB de 2008 tuvo un valor de 8 billones 915 mil 30 millones de pesos, mientras que el de 2010, con todo y el crecimiento de 5.4%, fue menor: 8 billones 820 mil 38 millones de pesos.
Con ánimo lapidario, la ASF dice: “No fue sino hasta el primer semestre de 2011 cuando el PIB a precios constantes se ubicó en 8 billones 914 mil 736 millones de pesos. Es decir, se requirieron de 2.6 años para que se registrara un nivel por arriba del PIB obtenido en 2008”.
Además de una recuperación económica pobre en 2010, ese año se confirmó lo que desde 2006 es una tendencia: la economía mexicana cada vez pierde más peso en América Latina y el Caribe.
Textual: “La economía mexicana ha disminuido su participación en el producto (PIB) de América latina y el Caribe entre 2006 y 2010: el PIB de México retrocedió 2.7 puntos porcentuales como proporción del PIB regional, el mayor decremento de los cinco países más importantes de la zona, mientras que los otros cuatro –Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela– pasaron de representar 54.2% en 2006 a 56.4% en 2010”.
Y en la tabla demostrativa se ve, por ejemplo, que mientras Brasil generaba 32.7% del PIB de AL en 2006 y pasó a 34% en 2010, México caminó en sentido inverso: en 2006 su economía representaba 27.1% de total del PIB de AL, pero cuatro años después fue de 24.4%, es decir perdió 2.7 puntos porcentuales.
Una de las razones por las cuales la economía mexicana tiene un pobre desempeño, según la ASF, es su extrema dependencia de la de Estados Unidos, es decir, la pobre diversificación de su comercio exterior.
La institución que dirige Manuel Portal Martínez no concede mérito alguno a las autoridades económicas: la recuperación de 2010 –5.4%, desde el -6.1% de 2009–, dice, rebasó toda expectativa, pues el gobierno federal originalmente previó un crecimiento de 3% para el año… pero “la recuperación observada en 2010 se basó en la sólida expansión de la demanda externa asociada al crecimiento de EU, que se benefició de los estímulos fiscal y monetario aplicados (en ese país)”.
Ese tono es reiterativo en el informe de la ASF. Otro caso:
Reconoce que “las políticas fiscal y monetaria instrumentadas por el gobierno federal y el Banco de México han sido eficaces para preservar la estabilidad macroeconómica en indicadores clave como la inflación de un solo dígito, tasas de interés a la baja, tipo de cambio estable y déficit manejable en la cuenta corriente de la balanza de pagos”.
Pero: “Al considerar el periodo de 2007 a 2010 –el gobierno de Calderón, pues–, se advierte que la posición fiscal del país se ha deteriorado al presentar recurrentes déficits (sic) en los balances tanto público como presupuestario”.
Ello se debió a que “los ingresos ordinarios han quedado rezagados respecto del incremento del gasto público, lo que ha requerido de un mayor endeudamiento para financiar dichos déficits (sic)”.
Explica que los ingresos ordinarios se incrementaron a una tasa media anual de 1.1% real entre 2007 y 2010, mientras que el gasto neto pagado lo hizo en 5.2% real en el mismo periodo”.
Sesgo acusatorio
El mensaje de la ASF es lapidario: estos gobiernos panistas gastan cuatro veces más de lo que son capaces de generar. Y necesariamente tienen que recurrir más a la deuda para financiar los déficit. Porque la economía, la actividad productiva –aletargada– no da para más.
Sin ambages la crítica: “En los últimos cinco años se aprecia un importante incremento de la deuda pública bruta –interna y externa– en sus distintos niveles de agregación. La deuda del sector público presupuestario fue la que mostró el mayor incremento, al pasar de 21.5% del PIB en 2006 a 33.1% en 2010, lo que significó un incremento de 11.6 puntos porcentuales”.
Y para darle sentido a esos números –con el recurrente tono acusatorio–, presenta la tabla correspondiente, de la que se desprende lo siguiente:
Vicente Fox, en 2006, dejó al sector público federal (que incluye gobierno federal, sector paraestatal y la banca de desarrollo) con una deuda bruta de 2 billones 337 mil 320 millones de pesos, equivalente a 22.5% del PIB.
Pero Calderón, al 2010, ya la había subido a 4 billones 445 mil459 millones de pesos, el 34% del PIB. Es decir, en cuatro años le metió a la deuda heredada de Fox otros 2.1 billoncitos de pesos más, un “aumentito” de 90.2%.
Y si se desglosa la deuda en sus componentes interno y externo, se descubren otras cosas.
La deuda interna que dejó Fox para el sector público federal fue de 1 billón 741 mil 408 millones de pesos. Calderón la fue subiendo año con año, para ubicarla en 2010 en casi 3.1 billones, un incremento de 77% o 1 billón 339 mil 477 millones de pesos más.
El caso de la deuda externa es más sintomático. Aunque como porcentaje del PIB es mucho más reducida que la interna, el brinco que ha dado es más notorio.
La deuda externa del sector público federal, al cierre del gobierno de Fox, fue de 54 mil 766 millones 300 mil dólares o 595 mil 912 millones 100 mil pesos, 5.7% del PIB. En 2010, cuarto año de Calderón, los débitos al exterior ascendían a 110 mil 428 millones de dólares o 1 billón 364 mil 569 millones 800 mil pesos, 10.4% del PIB.
Es decir, Calderón elevó la deuda externa, al 2010, en 4.7 puntos porcentuales del PIB. En pesos: le agregó casi 768 mil 658 millones más, que significa un aumento de 129% respecto de la deuda externa que le dejó Fox.
En dólares, a la deuda externa que Fox le heredó, Calderón le agregó, hasta 2010, otros 55 mil 662 millones, que significan un aumento de 101.6%.
Si a la deuda pública bruta se le restan una serie de activos financieros, queda la deuda pública neta. Sin embargo, las variaciones porcentuales y las diferencias absolutas son muy similares a las de la deuda bruta.
Las “recomendaciones”
Pero la ASF va más allá de la crítica al rápido endeudamiento del país en los gobiernos panistas.
Hace una serie de cálculos técnicos y dice que el nivel de superávit primario –que es de 0.2 cuando debía ser de 1 para que la deuda sea sostenible– “es insuficiente en un futuro para cubrir el costo efectivo de los intereses de la deuda, lo que significa que el nivel de endeudamiento del gobierno federal en los últimos años ha minado su capacidad de pago”.
Y si el país no quiere llegar a situaciones de impago, como sucedió en los años ochenta, la ASF recomienda al gobierno de Calderón “impulsar condiciones para un mayor crecimiento estable y sostenido de la economía, en un marco de competitividad y productividad, así como de mayor fortaleza en las finanzas públicas y la calidad del gasto”.
Pero una política económica carece de sentido si no tiene como fin el bienestar de la población. Y en esto han fallado de sobra los gobiernos panistas, según se desprende del informe de la ASF.
En materia de empleo, dice que aunque el PIB registró un crecimiento de 5.4% real en 2010, los empleos permanentes redujeron su participación en el mercado laboral: de representar en promedio el 88.7% en 2006, pasaron a 88% en 2009 y a 87% en 2010.
En cambio, los empleos eventuales son menos pero aumentaron más. En 2006 representaron 11.3% del todos los trabajos formales en el país, pero ya en 2010 significaron 13% del total de empleos registrados en el IMSS.
Otra vez, la sobadita y el coscorrón: “Durante 2010 se generaron 530 mil 321 plazas nuevas, de las cuales 323 mil 170 fueron permanentes (60.9%), lo que bien significó un avance relevante, el total de estas plazas se mantuvo por debajo del nivel observado en 2008”.
Más: “La crisis de 2009 alteró la composición del empleo, debido a que en 2007 y 2008 por cada 100 nuevos empleos permanentes se crearon 21 eventuales en promedio, y en 2010 esa relación subió a 64”.
Pero, en realidad, el gobierno de Calderón no cumplió ni siquiera en la mitad la meta propuesta de creación de empleos, dice la ASF: “El total generado de 2007 a 2010 fue de 950 mil 772 plazas de trabajo, lo que equivale a 41.7% de las 2 millones 282 mil 124 establecidas como meta en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012”.
En materia de salarios, los logros han sido igual de magros que en el empleo. Aunque en 2010 el salario mínimo real promedio aumentó un 0.9%: de 10.05 pesos en 2009 (53.19 pesos en su valor nominal) pasó a 10.14 pesos (55.77 nominales) en 2010.
Pero resulta, dice la ASF, que esos 10.14 pesos a los que llegó el salario mínimo real en 2010, sigue por debajo de los 10.20 pesos de 2008; no se diga de los 10.42 pesos de 2007 y los 10.48 pesos de 2006.
Lo más grave, a juicio de la ASF, es que “del total de la población ocupada en 2010 (44.1 millones de personas), el 44.4% (19.6 millones de personas) percibió un ingreso de hasta dos salarios mínimos generales, lo que equivale a un ingreso mensual nominal de 3 mil 346.2 pesos.
“Si se considera que este ingreso sea el único que recibe una familia (de cuatro personas promedio), esta cantidad se compara desfavorablemente con el valor de la línea de bienestar por persona, que al cierre de 2010 fue de 2 mil 179.4 pesos en áreas urbanas y de mil 376.2 pesos en zonas rurales, lo que significa que la familia debiera recibir un ingreso mensual de 8 mil 717.6 pesos y 5 mil 504.8 pesos mensuales, respectivamente.”
Otro hecho que muestra el deterioro del empleo y del ingreso de los hogares, dice la ASF, es el aumento de las personas que están en la economía informal, que es mayor al número de quienes cuentan con un empleo formal.
Más claro ni el agua: “En 2010, en promedio, la tasa de ocupación en el sector informal como porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) superó en 3.1 puntos porcentuales a la ocupada en la economía formal. En ese año, 34 de cada 100 personas en edad y condición de trabajar se emplearon en actividades informales, sin acceso a seguridad social, a prestaciones laborales y a una remuneración estable”.
Los datos: en 2006 había 14 millones 697 mil 372 personas empleadas en la informalidad, el 33.5% de la PEA. En el sector formal, asegurados en el IMSS, había 13 millones 573, 677 personas, el 30.9% de la PEA.
En 2010, con Felipe Calderón, los informales eran 16 millones, el 34.2% de la PEA. Es decir, 1 millón 262 mil 395 mil personas se agregaron a la informalidad, un aumento de 8.6%.
En cambio, el número de quienes se ocuparon en el sector formal sólo aumentó en 950 mil 771 personas, un
7% más.
Y así, tema tras tema, indicador tras indicador, la Auditoría Superior de la Federación se muestra implacable con la gestión económica de los gobiernos panistas, no obstante que éstos puedan presumir que han contado con sólidos equipos hacendarios, encabezados por dos secretarios de Hacienda conspicuos, de bien ganada reputación internacional: Francisco Gil Díaz, con Fox y Agustín Carstens, con Calderón.
Una guerra sin sentido
René González de la Vega
2012-02-18 16:21:21·
La Guerra de Calderón
Procurador del Distrito Federal y subprocurador general de la República en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el jurista René González de la Vega sostiene en este análisis que la guerra declarada por el gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico es una costosa estrategia de manipulación hacia los mexicanos, “una mera escenificación del gran teatro político que se justificó en un momento de debilidad gubernamental”. González de la Vega es egresado de la UNAM y doctor en derecho, miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y autor de 20 obras en la materia. Catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales desde su fundación en 1976 –centro de estudios y de investigación que en 2011 le concedió un doctorado honoris causa–, fue sin embargo excluido de su planta docente poco después de manifestar que Calderón podría ser enjuiciado por delitos contra la humanidad, en una entrevista publicada en la edición 1804 de Proceso.
Rcuerdo que en mis años de adolescencia acudí algunas veces a observar con cierta fascinación las filmaciones de westerns que se hacían por la zona de Chupaderos, cerca de la ciudad de Durango, tierra de mis mayores. Para mí –como para muchos otros– resultaba una verdad sabida que en las persecuciones entre vaqueros –los que vivían dentro de la ley– y cuatreros, siempre el caballo del bueno –sin fallar una sola vez– alcanzaba a galope tendido al caballo del malo, lo que permitía a aquél someterlo y entregarlo a la justicia. Mi padre me decía que era contraintuitivo o contra sentido pensar que había una relación directa entre la velocidad del caballo y la calidad moral del jinete. Con los años entendí que tenía toda la razón; nada tiene que ver una cosa con la otra.
Ya pasados los años acudí a la representación de una obra del teatro clásico en la que se valían de los artefactos o artilugios que utilizaron los antiguos griegos para montar sus obras escénicas, con el propósito de darle más realismo al montaje moderno. Durante el desarrollo de la pieza una grúa de madera, ubicada fuera del proscenio, levantaba a un actor que personificaba a un dios y elevándolo por las alturas, giraba y lo depositaba en el centro del escenario, como si viniera de arriba, seguramente del Olimpo. A ese efecto se le conoció más tarde como deus ex machina y significa, hoy en día, una incongruencia o falta de coherencia en la trama de la narración; estamos hablando de esos efectos tan manidos por autores y coreógrafos para introducir un factor inexplicable al hilo conductor y que logra fracturar la lógica interna de la secuencia; el abuso o la torpeza en el uso del recurso, dada su calidad externa, puede romper con una buena trama y el público muestra su descontento o desconcierto.
¿Cuántas veces nos pasó en las que disfrutando de un western veíamos azorados que unos pocos vaqueros luchaban a brazo partido –escudándose con un carromato volteado– contra una partida de indios que los asediaban con gritos y disparos, cabalgando frenéticos en derredor de ese grupo heroico que se defendía como podía y se sabía condenado a muerte? De pronto, de la nada, sin aviso previo, se escuchaba el clarín de la caballería –tal vez el séptimo de Custer– que se aproximaba exuberante por la pradera, para apoyar a sus compañeros. Seguramente, metidos de lleno en esa narración, celebrábamos la salvación espontánea e inesperada de los vaqueros de aquel ataque de los indios, pero siempre quedaba la pregunta: ¿Cómo fue?
Ambos circunstantes, el “caballo del bueno” y la cuestión del deus ex machina, rondan estos días mis pensamientos cuando leo y vuelvo a leer las noticias sobre la violencia en México. Hay quienes piensan y aseguran que el caballo de Calderón –dadas las virtudes morales de su jinete– es más rápido que el de los narcotraficantes; ese es un pensamiento contraintuitivo o carente de sentido. Hay quienes vemos en esa guerra desatada por el gobierno federal contra la delincuencia organizada –que ya cuenta bajas en todos los bandos posibles y por decenas de miles– una mera escenificación del gran teatro político que se justificó en un momento de debilidad gubernamental (2006) y se estimó necesaria para incrementar la legitimación –o sea, la gobernabilidad– del poder político. Al inicio (2006) se pensó en el viejo recurso del deus ex machina y se calculó que con un aumento de fuerza y de aparatos de guerra en la confrontación bastaría para vencer y salir airosos del problema. El “dios surgido de la máquina” bélica no funcionó como se esperaba. Ahora (2012) vivimos en el centro de una avalancha incontenible de violencia y ¡ay!, se perdió la gobernabilidad y con ello la ansiada legitimidad. Haber confiado en el recurso clásico del “dios surgido de la máquina” es un pensamiento contraintuitivo. En el centro de esta guerra, ya acosados por todos los frentes, no escuchamos ese clarín de guerra salvador ni aparece la caballería en nuestro auxilio. El Plan Mérida se concibió (2008) muy probablemente como ese factor externo que nos redimiría y lamentablemente no llegó (2012) ni llegará, al menos como se esperaba. Ese pensamiento también es contraintuitivo o sin sentido alguno.
Muchos, ante las noticias de la guerra contra el narcotráfico y todas sus demás vertientes delictivas, y ante la propaganda gubernamental manipulada para hacernos creer que en verdad hay relación directa entre eficacia del mundo causal y sentido moral de las personas, y que hay –además– un dios que emergerá de la máquina de guerra, nos mostramos auténticamente escépticos. Nos sentimos muchos –eso sí– manipulados, y vemos el terror, mientras tanto, en los rostros mexicanos. ¿Algún día terminará esta guerra? ¿Quién la gana y quién la pierde? ¿Hay alguna estrategia de guerra, o sólo nos movemos reactivamente? ¿La guerra era inminente o fue creada? Hay muchas más preguntas en el ambiente.
Se antoja necesario un análisis, aun breve y nunca completo, de todo esto que nos pasa para así, tal vez, estar en condiciones de comprender y asumir respuestas, no sólo acciones. La primera cuestión que nos asalta en nuestras cavilaciones, por razón de terror y de un mínimo de compasión humana, es la cuestión de los muertos como causa directa de esa guerra de las Fuerzas Armadas contra la delincuencia organizada. Esa manipulación propagandística indica que los caídos –mayoritariamente– eran delincuentes, por tanto se lo merecían; o bien, puede asumirse que “algo” malo tendrían o hacían y, por tanto, los asesinaron –hay “merecimientos” para ello, se insiste–. Los “daños colaterales”, como se denominan a los probables inocentes muertos en las refriegas o sin ellas, y sólo por estar en el lugar y momento equivocados, o por tener una fachada sospechosa, no “pintan” mucho en las cuentas finales y se responde que sí se han violado derechos humanos, pero en poca cantidad, como si lo cuantitativo fuera factor a considerar en estas cuestiones de los derechos.
Hay otro aspecto a estimar advertido en las grandes fosas de cadáveres encontradas en diversos predios de estados norteños: no se conoce quién o quiénes asesinaron a esas personas por cientos y después ocultaron –o trataron de hacerlo– sus cuerpos, amontonados, como veíamos en documentales sobre los campos de concentración nazis. Ahí es notable un dato que se ha dado a conocer: se trata mayoritariamente de migrantes nacionales o extranjeros, que se proponían cruzar la frontera norte. En los primeros casos de muertos en la guerra, desde luego que se sabe de crímenes atroces y de lesa humanidad que deben perseguirse y no quedar en la impunidad; en los segundos casos de las fosas, cuya excavación requiere de trabajos y maquinaria mayores, puede pensarse válidamente en actos de genocidio, dada la calidad y perfiles de las víctimas, siempre homogéneos, lo que significa sistematización, aunque se niegue.
En esta última cuestión existen –cuando menos– evidencias de omisión por parte de las autoridades en los esfuerzos de identificación de los cadáveres, investigación de los posibles delitos cometidos y sometimiento a la justicia de los probables responsables. Dicha inacción implica la integración de figuras típicas contempladas en instrumentos internacionales de los que México es parte y que permiten encausar a quienes resulten responsables de la omisión del poder, así se amenace desde el poder a quienes creen que es posible ese juicio internacional, o es –para muchos otros, incluido yo– un mero testimonio, o como se dice internacionalmente, un statement, que se necesita ahora mismo.
La propaganda que tiende a generar una “conciencia de lo real” con criterio de verdad –que pretende ser absoluta– procura distribuir culpas desde un sólo mirador y estimar que si la violencia proviene del Estado se halla justificada, en tanto la otra, de quien provenga, es inmoral. Eso podría ser verdad bajo parámetros legales y constitucionales, pero en esto se hallan ausentes, pues el Ejército no cuenta con facultades para emprender funciones de policía y, además, el principio universalmente aceptado y conocido como Posse comitatus impide el uso de las Fuerzas Armadas en el propio territorio y contra la población autóctona, y el Ejército hace lo que sabe hacer (detener, enfrentar, hacer la guerra), pero el proceso constitucional que ordena investigar los delitos, perseguirlos, enjuiciar a los delincuentes y sancionarlos, ni siquiera integra su acción ni su estrategia.
El argumento oficial esconde, además, algo que provoca azoro, pues se dice soslayadamente: si no intervinieran las Fuerzas Armadas en el conflicto, las personas iban –de cualquier manera– a morir a manos de los delincuentes; por tanto, es lo mismo matar que dejar morir. Este planteamiento no soporta el mínimo análisis moral. Simplemente se está optando por la peor de las respuestas y no por lo preferible desde una necesaria razón práctica que ahora parece tan extraviada.
Según los indicadores que se asumen para detectar falacias lógicas, en el caso mexicano podemos utilizarlos y asumir que en la lucha contra la criminalidad tratan de indicarnos como premisa 1: “si hay más fuerza habrá más muertos”; en la segunda premisa se afirma: “si hay más muertos entonces habrá menos fuerza”; por ende, se concluye con falacia: “si hay más fuerza entonces habrá menos fuerza”, eventualmente. Esto es, sigamos con la guerra, pues es moralmente correcto matar, para evitar más muertes. Eso no se sustenta ni siquiera desde un punto de mira utilitarista, que buscaría la mayor felicidad al mayor número de personas, o en sentido contrario, el menor daño al mayor número de personas, pues en cuestiones bélicas esta última presentación de la ecuación de Bentham resulta aún más evidente.
Se ha recurrido, también, al llamado sofisma populista en otras ocasiones, pues se atribuye la opinión propia de quien gobierna –síndrome de hybris de Owen– a la opinión mayoritaria de la población, y entonces todo lo afirmado debe ser cierto. Eso tendría que probarse, no sólo afirmarse.
Hemos hablado del consecuencialismo y bajo esa perspectiva se nos engaña al partir de un mero “Si A, entonces B”, pero adicionan inválidamente: “B, entonces A”. Así, llegan a la afirmación de la consecuencia, estructurando algo como: “las personas honradas no se ven involucradas en hechos de violencia” (Si A, entonces B). Sin embargo, agregan el “B, entonces A”: “si una persona se involucra en el hecho violento, no es una persona honrada”. De ahí que siempre los caídos en los hechos de violencia “abatidos por las Fuerzas Armadas” –según se dice en los propios comunicados oficiales–, sean presuntos delincuentes y merecían caer ante las armas del Estado, pues implican en sí y por sí la razón moral. Es ese caballo del malo que siempre es más lento que el del bueno. Deus ex machina.
Hemos escuchado hasta la saciedad que: 1. Alguien debía encarar a esta delincuencia, pues en años anteriores nada se hacía; y 2. La actividad antisocial y violenta es una herencia del pasado inmediato. Se encuentra en ambas afirmaciones una forzada correlación de causa y efecto, pues se piensa falazmente que si ocurre A (situación anterior) y correlacionadamente después ocurre B (violencia actual), entonces A ha causado a B. Se conoce como cum hoc, ergo propter hoc y se distingue por ser una conclusión prematura y sin bases ni evidencia; al admitirse diversas posibilidades de respuesta, amén de la presumida en la propaganda gubernamental, se toma esta presentación en tanto una falacia lógica, pues podría admitirse, por ejemplo, que B sea la causa de A, esto es, que la escalada de violencia del último lustro no es resultado de los puntos 1 y 2 anteriores, sino su causa, pues sería claro que una estrategia diferente y más eficaz para contener la violencia de años previos explicaría por qué la violencia actual no se justifica; esto es, lo que ahora se vive sería la causa para explicar la estrategia de años previos.
Simultáneamente podría ser que exista un tercer factor desconocido o no tomado en cuenta y que sea realmente la causa de la relación entre A y B. Así, podría decirse: “la escalada de violencia del último lustro responde a una decisión política para ganar legitimidad”, por lo que esa correlación entre la violencia y los supuestos 1 y 2 anotados no se establece directamente y sólo se trata de una apreciación subjetiva.
Podría ser que la trama de esta guerra contra el narcotráfico sea tan compleja, montada en una especial circunstancia temporal y espacial, y que hubiere pasado de una fase de desarrollo a otra muy novedosa, que entonces la relación entre A y B sería mera coincidencia. En cuarto lugar, puede pensarse que B sea la causa de A y, al mismo tiempo, A sea la de B, esto es, que se esté en presencia de una relación sinalagmática o sinérgica que permite catalizar los efectos. En todo caso debe probarse primero el punto 1 que asevera que en fases anteriores del narcotráfico nada se hizo en décadas anteriores para combatirlo y parece, en demostración de lo contrario, que hay evidencia de respuestas concretas del Estado en ese sentido; y después el punto 2 que infiere herencias de violencia que debían atenderse; no obstante, los indicadores más duros de la estadística muestran que los índices delictivos, al concluir la primera mitad de la primera década del siglo, mantenían una tendencia a la baja.
Hoy se habla de un supuesto “efecto cucaracha”, como signo de éxito en la lucha contra la criminalidad; tan se han logrado las metas de esa lucha –se dice– que los delincuentes cambiaron de lugar huyendo como cucarachas. Eso es otra falacia, pues los expertos no ignoran que en materia de criminología el delito no es erradicable por decisión unilateral, ni por decreto, como sucede con algunas enfermedades. Pensar en que el delito se cancela es una ingenuidad mayor; se le controla, pero no se le desaparece.
En cuestiones de criminalidad, dadas las circunstancias de control, el delito no se desvanece, sólo se transforma o se mueve, y esto, sin los cálculos adecuados, puede resultar peor que la situación anterior. ¿Es posible evitar el robo de vehículos a un 100% en una zona determinada? La respuesta podría ser afirmativa mediante los operativos pertinentes, pero debe siempre preverse que la delincuencia no desaparecerá y tan sólo cambiará, por ejemplo, dejando de robar automóviles, para ingresar al robo de casas-habitación. La cuestión entonces es: ¿qué es preferible en el control?
Para la empresa criminal es conveniente un clima distorsionado, convulso, sin cohesión social y, además, violento. Es claro que un clima social así no le conviene a ningún estado de derecho que actúe de manera racional. Cuando se expresa desde las tribunas gubernamentales que la opción es maniquea: “dejamos a la delincuencia actuar y volteamos para otro lado o la enfrentamos con toda nuestra fuerza”, se colocan las cosas en una situación de muy difícil solución. Implica un todo o nada; la afamada “suma cero” de la teoría de juegos de Nash, que dicta que “uno gana todo y el otro pierde todo”, como si se tratara de una partida de ajedrez o de un juego de futbol. En la vida real donde se presentan conflictos no se responde de esa manera, pues no sólo los riesgos crecen en vez de disminuir, sino que se prolonga un altercado, sin una noción clara de triunfo o derrota.
Debe reflexionarse en torno a las respuestas dadas para combatir a la delincuencia, basadas casi exclusivamente en la presencia y actuación de las Fuerzas Armadas. Con todo el respeto que merecen éstas, es necesario decir que cuando se les utiliza para actuar en el orden de la seguridad pública, es decir, como policías, su trabajo resulta incompleto, pues las organizaciones castrenses “sirven para lo que sirven”, esto es, la fase de detención, confrontación y estrategia militar con todo lo que implica. No obstante, las secuelas jurídicas exigibles que imponen la debida persecución, enjuiciamiento y sanción conforme a la ley de los delincuentes quedan fuera del proceso, y de ahí esa sensación social de inusitada violencia acompañada por una evidente impunidad, según ya habíamos argumentado.
No es descabellado, sino necesario, repensar la estrategia militar. Por supuesto que llegados a este punto de confrontación y pérdida de control social en diversas zonas del país, ese cambio estratégico habrá de ser paulatino y no súbito. La cuestión sobre si era necesaria la intervención del Ejército y la Armada en funciones policiales debió ser tomada en consideración en su momento (2006) y no en éste (2012) en el que se ha llegado, en algunos lugares, a puntos de no retorno, al menos por ahora.
Entre las acciones a asumir de manera inmediata, pues la concurrencia de ciertos circunstantes conspiró para el fortalecimiento de la criminalidad y el avance de la violencia, se hallan, por ejemplo, la revisión a la política fronteriza, tanto en el norte como en el sur, pues la migración –a partir del 9/11– se colocó como tema atractivo para la empresa criminal, dados los altos costos que implicaron las medidas de alta seguridad tomadas por los gobiernos involucrados. Asimismo, la proliferación de casas de apuestas en las principales ciudades –y el caso Monterrey es paradigmático– ha dado pie para que las organizaciones criminales se apoderen de esta actividad con toda su secuela de extorsiones, delitos asociados al vicio, violencia y lucha entre bandas delictivas con consecuencias nefastas, como el incendio intencional del casino Royale, en esa ciudad norteña.
La “monserga” del argumento en favor de los derechos humanos es otro de los clichés de venta del producto gubernamental, pues siempre se argumenta: los delincuentes violentan los derechos de sus víctimas; pues sí, es verdad, en eso consiste un delito, en la vulneración de derechos de manera criminal y, además, no porque alguien violente la regla de convivencia, emerge una autorización para que el Estado violente los derechos. Con esto nos situamos como país en la ilógica presencia de la ecuación: dos errores producen un acierto.
Que no nos confundan: la no intervención de las Fuerzas Armadas y la utilización de otras medidas menos radicales en estos menesteres no implica pactar nada ni sucumbir ante los criminales ni asumir una actitud resignada e impotente. Es, simplemente, buscar que la razón impere por encima de la fuerza. El Estado está obligado a actuar racionalmente y no impulsado por emociones o por motivaciones beligerantes injustificadas; eso parecería más bien un gobierno de los Neanderthal.
Es la hora llegada de reflexionar sobre las diversas experiencias mexicanas –no colombianas, no norteamericanas, no sicilianas– en materia de delincuencia organizada y asumir una posición más parecida a la de Ulises, que se valió de inteligencia, astucia e imaginación, que a la de Hércules. El gobierno de Hércules no puede prosperar, pues sólo es un mito.
Nada de monopolios en comunicación: López Obrador
Jenaro Villamil
20 de febrero de 2012 · 6 Comentarios
Destacado
MÉXICO, D.F., (apro).- “Nada de monopolios en comunicación, sin expropiar cadenas”, se comprometió Andrés Manuel López Obrador en la entrevista colectiva que sostuvo con los comentaristas de la barra de análisis informativo semanal del programa MVS Noticias, conducido por Carmen Aristegui.
Denisse Dreser le cuestionó a López Obrador qué haría frente al poder que han adquirido las televisoras en el país y el aspirante presidencial señaló, de una manera más detallada que en otras ocasiones, que él está a favor de tener muchas cadenas de televisión, de fomentar la competencia, pero que no va a expropiarle ningún canal a Televisa.
Dreser también lo cuestionó por su cercanía con René Bejarano y Dolores Padierna. López Obrador afirmó que ellos no forman parte de su equipo, que hace años no tiene contacto con ellos. “No respondo a intereses creados”, sentenció.
Por primera vez, López Obrador hizo una reflexión sobre el papel de las redes sociales en internet. Indicó que todavía no tienen una penetración suficiente para contrarrestar la influencia de los medios masivos de comunicación en prácticamente toda la población. Contó una anécdota: en un mitin en Jilotepec, Estado de México, ante 3 mil personas, preguntó quiénes se habían enterado del episodio de Enrique Peña Nieto (sin mencionarlo por su nombre, ante las prohibiciones de la “veda” electoral) en la Feria Internacional del Libro.
“Sólo 200 personas de 3 mil levantaron la mano. Todavía es muy fuerte la influencia de la televisión”, indicó López Obrador.
Balconeo de Gastos Pendejos en Texcoco
por Mineko Kia
Afortunadamente (para facilitar denunciarlos), la derecha representada en México por el PRI y el PAN está dejando una huella muy profunda y dolorosa en el país y la información de sus robos y atropellos que se presenta en los balconeos son datos verificables en páginas como el IFAI.
Afortunadamente (para facilitar denunciarlos), la derecha representada en México por el PRI y el PAN está dejando una huella muy profunda y dolorosa en el país y la información de sus robos y atropellos que se presenta en los balconeos son datos verificables en páginas como el IFAI.
En contra-parte, también es una fortuna que contemos con información verificable sobre AMLO, misma que nos permite argumentar en todos los aspectos sobre su persona y sobre su trayectoria como político.
Salir a las calles a difundir el Proyecto de Nación que encabeza AMLO, combinado con toda la documentación que se cuenta para argumentar porqué ya no se debe votar por aquellos que están sangrando (literal y metafóricamente) a nuestro México es lo mejor para contra-restar la nueva cargada de guerra sucia que, por supuesto, ya es evidente en contra del candidato de la izquierda mexicana.
Las herramientas las tenemos y son bastantes, aprovechémoslas. La derecha tiene el dinero para comprar todo: desde encuestas hasta lealtades; nosotros tenemos la inteligencia, el ingenio, la creatividad, la congruencia y la razón, esta última que se impone con el tiempo y en México han sucedido ya muchas tragedias como para no permitir acompañarnos de ella.
| La información viene de fuentes del mismo gobierno |
| La preparación del balconeo atrajo la atención del pueblo |
| Se le hicieron explicaciones en lenguaje sencillo a la gente de lo que se les estaba presentando |
| La gente se empezó a juntar... |
| Televisa no les va a mostrar esto joven! |
| Los comentarios de "ya ni la chingan" y "que poca madre" se empezaron a escuchar |
| El pueblo NO es apático...pero NO lo informan por eso no esta enterado de estos dispendios |
| Los compañeros repartieron REGENERACION y el mensaje del movimiento, sobre todo cuando se explico que AMLO eliminaría estos dispendios, fue muy bien recibido |
| Cuando se le habla al pueblo "con los pelos de la mula en la mano" se obtiene credibilidad y la gente esta dispuesta a escuchar el mensaje del movimiento obradorista |
| Nuestro pueblo esta ávido de información, SI le interesa "la cosa publica"...y un pueblo informado NO va a ser victima de la guerra sucia |
Las fotos, repito, fueron de Mineko. La táctica de los balconeos es excelente para demostrar lo rateros que son en el PRI y el PAN. Esta es un arma letal para contrarrestar la guerra sucia, para difundir el mensaje del movimiento obradorista, etc. Es una verdadera LASTIMA que en el movimiento NO se utilice mas a fondo esta arma. Tenemos la información disponible. El PRIAN NO puede refutarla pues viene del IFAI y de Compranet. Estos balconeos deberían de estar ocurriendo cada fin de semana de aquí a julio y el PRIAN quedaría tan desacreditado que ni sus acarreados votarían por ellos. Se les esta ofreciendo la clave de la victoria en bandeja de plata. Si no la utilizan, luego no anden chillando si el PRIAN consuma con éxito su fraude.
Acuérdense:
Solo el pueblo puede despertar al pueblo!
Se perdieron $4 mil 548 millones por concesionar la fibra oscura a Televisa
ASF pidió fincar responsabilidades a funcionarios involucrados
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Lunes 20 de febrero de 2012, p. 27
La concesión por 20 años para la explotación de la red de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al consorcio Megacable-Televisa-Telefónica no generó ningún beneficio para el Estado, e incluso se calcula una pérdida de 4 mil 548 millones de pesos, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) concesionó la red, a pesar de que conocía la no conveniencia de otorgarla, debiendo presentar argumentos y objeciones a CFE para no hacerlo. La CFE, dueña de la red, también”, expuso.
La entrega de la red –anunciada en 2009 por Felipe Calderón– no se justificó, porque la unidad de negocios que la CFE tiene para comercializar servicios de transmisión de datos (carrier), CFE Telecom, sí genera utilidades, indicó la ASF.
En un cálculo hecho a partir de contratos previos de CFE Telecom, la auditoría considera que de haber mantenido la red en propiedad de la paraestatal habría generado ingresos por 5 mil 431 millones de pesos, pero las empresas sólo pagarán 883 millones, por lo que solicitó el inicio de responsabilidades administrativas contra los funcionarios que aceptaron entregar la red de fibra oscura a particulares, en perjuicio del Estado.
Al revisar el daño al erario, la auditoría reveló que tanto la SCT como la CFE se deslindaron de aprobar la concesión e incluso afirmaron que la opinión a favor la dieron la Comisión Federal de Competencia y Nacional Financiera, que contrató dos despachos de abogados por 10 millones de pesos, y a Transparencia Mexicana como testigo social por 757 mil pesos.
También la SCT afirmó que el visto bueno a las prebases lo dieron el CIDE –a través de Judith Mariscal y Ernesto Flores-Roux–, las cámaras de Telecomunicaciones por Cable y de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y el consultor de The Competitive Intelligente Unit, Ernesto Piedras. Además incluyó el estudio Industria de las telecomunicaciones en México; diagnóstico, prospectiva y estrategia, de Federico Kuhlman, del Centro de Estudios de Competitividad.
Como parte del informe de la auditoría a la Cuenta Pública 2010, refirió que en los criterios de adjudicación se consideraría el importe determinado por el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), más 3 por ciento.
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Lunes 20 de febrero de 2012, p. 27
La concesión por 20 años para la explotación de la red de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al consorcio Megacable-Televisa-Telefónica no generó ningún beneficio para el Estado, e incluso se calcula una pérdida de 4 mil 548 millones de pesos, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) concesionó la red, a pesar de que conocía la no conveniencia de otorgarla, debiendo presentar argumentos y objeciones a CFE para no hacerlo. La CFE, dueña de la red, también”, expuso.
La entrega de la red –anunciada en 2009 por Felipe Calderón– no se justificó, porque la unidad de negocios que la CFE tiene para comercializar servicios de transmisión de datos (carrier), CFE Telecom, sí genera utilidades, indicó la ASF.
En un cálculo hecho a partir de contratos previos de CFE Telecom, la auditoría considera que de haber mantenido la red en propiedad de la paraestatal habría generado ingresos por 5 mil 431 millones de pesos, pero las empresas sólo pagarán 883 millones, por lo que solicitó el inicio de responsabilidades administrativas contra los funcionarios que aceptaron entregar la red de fibra oscura a particulares, en perjuicio del Estado.
Al revisar el daño al erario, la auditoría reveló que tanto la SCT como la CFE se deslindaron de aprobar la concesión e incluso afirmaron que la opinión a favor la dieron la Comisión Federal de Competencia y Nacional Financiera, que contrató dos despachos de abogados por 10 millones de pesos, y a Transparencia Mexicana como testigo social por 757 mil pesos.
También la SCT afirmó que el visto bueno a las prebases lo dieron el CIDE –a través de Judith Mariscal y Ernesto Flores-Roux–, las cámaras de Telecomunicaciones por Cable y de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y el consultor de The Competitive Intelligente Unit, Ernesto Piedras. Además incluyó el estudio Industria de las telecomunicaciones en México; diagnóstico, prospectiva y estrategia, de Federico Kuhlman, del Centro de Estudios de Competitividad.
Como parte del informe de la auditoría a la Cuenta Pública 2010, refirió que en los criterios de adjudicación se consideraría el importe determinado por el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), más 3 por ciento.
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