Y estos fraudes ¿quién los investigó?

"Homenaje" al copetes :

Con la pena-Fisgón

A medida de un pederasta-Rocha

Oferta de empleo-Hernández

Astillero

Asesino solitario (de alianzas)

Responsable soy yo: G.M

FC, último en enterarse

Julio Hernández López

Fernando Gómez Mont pinta a Felipe Calderón como un personaje tan ausente, distante y mal informado en materia de política interior que habría sido el último en enterarse de los amoríos de su secretario de gobernación con el PRI y sus consecuencias abortadas.

En un extraño giro dado a su original postura de mantener “bajo reserva” los motivos de su malabarista renuncia a la militancia panista, pero no a la máxima silla de Bucareli, el secretario G.M. hizo ayer declaraciones no pedidas por nadie para precisar que la causa de su dimisión fueron las alianzas perreánicas y concretamente la de Oaxaca, pero que estas maniobras fueron realizadas nada más por él, un secretario aprontado que supuso que en su abanico de facultades estaba la de pretender influir en los asuntos internos de los partidos y condicionar candidaturas a gubernaturas a partir de consideraciones subjetivas como sería su enojo o indisposición porque Gabino Cué había sido un fiel denunciante de la condición espuria del licenciado Calderón y ahora pretendía erigirse en aspirante a la sucesión elitista bajo banderas comunes entre las que iría la del PAN.

Él solito habría hecho todo, según las palabras que por sí mismo soltó telefónicamente ayer a Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excélsior (quien al final de la llamada hubo de preguntar al funcionario si lo platicado era publicable, pues la deposición fernandina había sido intempestiva y sin precisar si era para fines públicos o de mera precisión en privado). Secretario de gobernación con tanta iniciativa que hizo cambalaches de máximo nivel sin tomar en cuenta la opinión y decisión de su presunto jefe institucional, el ignorante (en esa materia) Felipe que hasta enero habría de conocer la verdad (¡Oh: de las producciones García Luna a las Telenovelas Gomón!), y que de pronto se encontró frente a hechos consumados a los que el sorprendido esposo de la señora Margarita ya no podía dar marcha atrás, preocupado –así lo dijo el afamado miembro de la cuadra jurídica del jefe Diego– por esas traiciones y enredos pero sabedor, oh, sí, de los juegos perversos de la fatalidad que le colocaban a él, Felipe (casi siempre) Cumplidor, en la circunstancia irremontable de haber sido beneficiado por el voto de los priístas para sacar en el congreso los empeños de la nueva fiscalidad santannista pero no poder ahora retribuir el gesto cerrando el paso a las alianzas contranatura que, caray, tan avanzadas llevaba a esas alturas otro personaje autónomo, libérrimo, de conocida independencia de criterio, el estadista César Nava que tan claramente ha establecido una sana distancia entre Los Pinos y el PAN.

Secretario elástico, Gomón, que se sintió facultado para pignorar las decisiones del PAN en materia de alianzas, prometiendo a los priístas que no se asociarían en zonas ya antes muy defendidas por el calderonismo, como ha sido el ulisismo que se ha sostenido en el poder no sólo a base de sangre y fuego locales, sino de arreglos mafiosos en la capital del país con los aliados pinoleros que canjeaban reconocimiento a su “legitimidad” por complicidad e impunidad en Oaxaca. Vaya confesiones de un endeble secretario de gobernación que en su afán por contrarrestar los obuses en su contra disparados desde Los Pinos para responsabilizarlo del incumplimiento de promesas electorales al partido tricolor (ayer, las columnas institucionales de dos diarios nacionales, Bajo Reserva y Trascendió, publicaron similares explicaciones pinoleras del episodio del todavía encargado de Bucareli) hizo saber a quienes lo suponían, pero no podían comprobarlo, que los recursos oficiales y la representación pública son usados para negociar temas de estricta incumbencia partidista, intercambiando en esos tianguis de elite los votos de bancadas legislativas por arreglos de índole partidista y comicial. Gómez Mont debería renunciar a su cargo nomás por esas confesiones y por pretender ahora hacerse pasar por el fallido Mario Aburto de las alianzas perreánicas. Pero el libreto acordado es el sacrificio del alfil de Bucareli (ahora ciudadanizado y, en ese carril, aspirante a 2012) para mantener con vida al presunto Rey incumplido y mortecino.

Astillas

Javier Duarte ha solicitado licencia a su curul federal para estar en condiciones de que su titiritero rojo, Fidel Herrera, lo convierta en guardaespaldas sexenal. El tramposillo Fidel impondrá a su favorito en el PRI, tratará de cerrar el paso al gordillista Miguel Ángel Yunes (inflando a Gerardo Buganza) y usará a Dante Delgado como elemento divisor que al final convalidará el negocio jarocho tan cantado... Cesarín Nava y Juan Molinar Horcasitas coincidieron ayer en un hotel del DF con Mario López Valdés, el candidato del priísta Juan S. Millán a la gubernatura de Sinaloa al que el actual administrador comercial del estado, Jesús Aguilar Padilla, no quiere como aspirante priísta a la sucesión. Malova, como llaman al senador, podría dejar el bando tricolor para convertirse en nuevo adalid de la democracia postulado por una alianza perreánica, sobre todo porque Manuel J. Clouthier júnior no parece tener la enjundia suficiente para enfrentarse en aquella tierra emblemática al poder verdadero, el del cártel dominante y sus aliados priístas. En Culiacán, mientras tanto, dejaba la presidencia municipal el candidato oficial al relevo en el gobierno estatal, Jesús Vizcarra Calderón, socio comercial y político del gobernador saliente, Aguilar Padilla... En Oaxaca asoma la mano dura, ensangrentada, de Jorge Franco (represor estelar en 2006), que renuncia a la presidencia estatal del PRI en busca de relevar a su cómplice Ulises Ruiz (esa renuncia, ¿instrucción de URO o presión de Franco para cerrar el paso al presunto favorito, Eviel Pérez Magaña?)... Y, mientras la Corte desecha otra iniciativa vaporosa de Juanito Sabines en Chiapas, ¡hasta mañana, con Ciudad Juárez, Cananea, Chalco y Angangueo en la ebullición social!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

Las lacras de Dios

• Haz patria; mata a un pederasta• Procampo, Sinaloa y Vive México

La esperanza y el miedo, mi estimado, son inseparables. Extraordinario el diagnóstico para descubrir el hilo negro del gravísimo problema y de las nefastas secuelas de la temeraria guerrita de Felipe Calderón contra el organizado crimen que, además de contabilizar 17,000 muertes comoGuiness para este (des)gobierno, ya desató las lenguas eclesiásticas que aúllan para que la ilustre clase política y los actores sociales unan esfuerzos contra el crimen.

Estupendo.

La CEM, que agrupa a los hombres de las faldas largas, vocifera (un poco tarde) que hay que unirse contra el crimen… a lo que se les debería puntualizar a estas lacras que ojalá como roncaran, durmieran. Por supuesto que es necesaria la unión de fuerzas para evitar el crimen como los que cometen los degenerados sacerdotes católicos que violan a niños y que gracias a un par de simpáticas relaciones con personajes de la cúpula en el poder logran eludir las acciones de la justicia.

El aberrante caso del enfermo mental —a quien habría que honrar con aquello de haz patria, mata a un pederasta— Rafael Muñiz López, párroco de San Pedro Apóstol en la tierra de Fidel Herrera, ha desencadenado un escándalo de las divertidas razones por las cuales los abogados defensores de estos violadores de niños logran complicar la ruta de la ley para encerrarlos. Aunque en el fondo, my friend, las cosas no son tan complicadas y el lobo siberiano sí es como lo pintan.

Sobre todo porque a raíz de la acción penal ejercitada en su contra el año pasado, el juez Paul Martin, quien presume muy atractivas relaciones en el interior del TSJDF, donde hace algunas lunas ocurren entretenidas cositas, logró un amparo para el degenerado sacerdote que distribuía fotografías de pornografía infantil con bebés de meses de nacidos hasta los 17 años desde su computadora, porque lo hacía con un círculo cerrado de personas.

Chingón.

Para el disfuncional juez la red cibernética, o sea el Internet… es para un círculo cerrado de personas y no se acreditó que fuera un distribuidor y delito contra la moral pública que desde ahí se distribuyeran fotografías de abusadores de niños como parte de una red de pornografía que abarcaba varios países. Y con esto se está tratando de cerrar el viciado círculo legal para que este disoluto cura pueda regresar a Veracruz y seguir con sus imperdonables prácticas, arropado por la tan preocupada y ocupada iglesia católica (con minúsculas).

El detallín de este caso trastoca poderosos intereses jarochos y capitalinos cuyos hilos han generado que el mismo Norberto Rivera esté al tanto del decadente hobby del sacerdote Muñiz López, que se suma a la lista de protegidos de estas lacras de Dios que deben estar de fiesta con la noticia de que el otro engendro, Jean Succar Kuri, está cerca de dejar el penal de máxima seguridad para regresar a su oficina, perdón, a la cárcel municipal de Cancún, desde donde podrá sin problema alguno retomar sus peligrosas prácticas.

Estos dos emblemáticos casos de sujetos depravados que abusan, violan y transforman la vida de inocentes niños muestran la verdadera cara de la justicia en este país. La que existe para los podero$os que logran la justicia con gracia para sus clientes en un México en ruta vertiginosa de descomposición.

En un México que contabiliza 17,000 muertos, ciudades sin ley, corrupción y botones surrealistas como que la Secretaría de Agricultura subsidie sus programas para el campo (Procampo) con dedicatoria para la familia del titular Francisco Javier Mayorga, para Carlos Beltrán Leyva y la del célebre Chapo del sexenio: Joaquín Guzmán Loera.

Hoy esta noticia que debería ser un absoluto escándalo (en un país que no fuera bananero) es parte de la imagen del Vive México. Esa misma que en Sinaloa regala al alcalde de Culiacán en una traviesa fotografía en una misa con una bola de revoltosos narcotraficantes y con la leyenda urbana de su simpática relación conIsmael El Mayo Zambada, personaje con el cual Jesús Vizcarra no tiene interés en deslindarse de manera contundente, pública y notoria… no se nos vaya a enojar, yes?

En un México donde para Vivir Mejor, mejor hay que emigrar. Donde sin brújula da tumbos el barco de gran calado y su emocionado capitán que ya recibe lo duro, lo tupido de aliados, tirios y troyanos, my friend, ante su descomunal fracaso en todos los frentes que amenaza con ser el tiradero político, social y de seguridad... pero del siglo.

gomezalce@aol.com

El doble juego de Calderón

Álvaro Delgado



MÉXICO, D.F., 15 de febrero (apro).- En su afán de achacar únicamente a Fernando Gómez Mont el pacto con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para avalar la cascada de impuestos que estamos pagando los mexicanos a cambio de evitar alianzas electorales entre Acción Nacional (PAN) y la izquierda, los panistas atribuyen a Felipe Calderón dejadez y desgobierno.

Y ambas son, en efecto, características manifiestas de Calderón, pero también lo es su obsesión por el control, nacida de la extrema desconfianza en sus colaboradores --que es desconfianza en sí mismo--, y de ello existen pruebas en demasía a lo largo de su gestión gubernamental y en su carrera política.

Es ya memorable la carta que escribió Carlos Castillo Peraza a Calderón, en mayo de 1996, sobre su temperamento desconfiado, publicado en la revista Etcétera, y en otra que publicó Proceso en octubre, fechada en octubre de 1997, en la que describe su afán por el control. Tales características se han acentuado en el cargo que le confirió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en 2006.

La renuncia de Gómez Mont a su militancia mostró, además, al PAN como un partido de clara autonomía e independencia ante Calderón, lo que también es erróneo, porque está documentado el uso de la estructura gubernamental con fines facciosos, como imponer a César Nava en sustitución de Germán Martínez, otro producto neto del dedazo, que así como llegó fue echado por su jefe.

Apenas el sábado, en la sesión del Consejo Nacional, Nava tuvo un arrebato de independencia al proclamar que ni el PRI ni cualquier otro partido incidirán en sus decisiones: “Que quede claro –pontificó--, no será el adversario quien determine la estrategia y las definiciones electorales de Acción Nacional, seremos nosotros, anclados en las robustas raíces que nos legaron nuestros antecesores y montados en las alas de las mejores causas libertarias que nos han inspirado.”

Pero esos dos factores --la supuesta ignorancia de Calderón de lo que negoció el secretario de Gobernación y la proclamada autonomía del PAN-- no dan credibilidad al aserto oficialista de que Gómez Mont pactó por su propia cuenta con el PRI y que, al no poder cumplir con su palabra de evitar las alianzas de su partido con la izquierda, renuncia a su militancia para, según él, lavar su honor.

Los propios panistas admiten --en voz baja, claro-- que Calderón no sólo estuvo al tanto de las negociaciones con el PRI sobre el paquete económico 2010 --que aprobó alzas al IVA, ISR, gasolinas y gas, no se nos olvide--, sino que fue el principal promotor de las alianzas electorales desde la debacle del PAN en 2009.

Desde octubre del año pasado, al mismo tiempo que negociaba su paquete presupuestal para 2010, que incluía un impuesto “antipobreza”, instruía a sus allegados a trazar una ruta para evitar otra derrota tan contundente como la padecida, y comenzaron los escarceos y las negociaciones con la cúpula perredista controlada ya por Los Chuchos, la derecha en la izquierda.

En el cálculo de Calderón y sus allegados emergió que un triunfo en Oaxaca, llevando como candidato a Gabino Cué, implicaría “darle oxígeno” a Andrés Manuel López Obrador, lo que no gustó, pero se impuso la idea de que era posible un trato con el oaxaqueño: Apoyo del PAN a cambio de “olvidar” la usurpación.

Este trabajo político de Calderón y el PAN en dos pistas, que de suyo no implican sino estrategias en la lógica de la conquista y retención del poder, entraron en conflicto cuando el PRI percibió que las alianzas implicaban un riesgo para barrer a sus adversarios en las 15 elecciones estatales del mítico 2010, entre ellas las 12 gubernaturas que pavimentaban su regreso al poder presidencial.

Tendiendo en sus manos la mayoría en la Cámara de Diputados, el PRI hizo lo que le dio la gana con el paquete presupuestal, y concedió a Calderón los ansiados aumentos de impuestos, que Nava trató de atribuirle sólo a ese partido con aquella declaración del miércoles 21 de octubre.

Pero, además de transferirle al PAN los costos políticos de los aumentos, el PRI le arrancó a Calderón, personalmente y a través de Gómez Mont, el compromiso de que el PAN no se aliaría con el PRD, particularmente en Oaxaca. Los priistas se ufanaban que así sería.

Pronto el doble juego de Calderón hizo crisis: Se materializaron las alianzas del PAN y el PRD en Durango y Oaxaca, previa declaración de Cué de que de ganar tendrá una relación “institucional” con él, y el PRI comenzó a hacer duros reclamos por el incumplimiento de la palabra gubernamental, sobre todo ante la propuesta de reforma política oficial.

Con oficio político, el PRI fijó una posición inequívoca en la instalación del periodo de sesiones en la Cámara de Diputados a través de Rubén Moreira, hermano del gobernador de Coahuila, en donde Calderón ha padecido la mayor muestra de repudio, el 11 de noviembre, al inaugurar un estadio en Torreón:

“El jefe del Ejecutivo debe saber que estafar es sabotear deliberadamente los acuerdos. Estafar es la preeminencia de la intolerancia. Es dejar el papel que al gobernante le otorga la Constitución para convertirse en un simple vocero partidista, abandonando su responsabilidad como jefe del Estado mexicano.”

Los pronunciamientos de Gómez Mont contra las alianzas, que calificó de “fraudes electorales”, y su posterior renuncia a su militancia --que sólo cobrará barniz de dignidad si se va del cargo-- sólo pusieron de relieve justamente el doble juego de Calderón, a quien el mismo PRI de siempre le cobrará su osadía.

Desprovisto de autoridad moral, política y aun autoridad a secas, Calderón no tiene armas para enfrentar a Ulises Ruiz, Mario Marín, Fidel Herrera y otros ejemplares priistas que, además, les debe que siga en el cargo…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

Tijuana: los soldados torturadores

Gloria Leticia Díaz



MÉXICO, D.F., 15 de febrero (apro).- Tras recuperar su libertad luego de 80 días de arraigo en Tijuana, Baja California, Ricardo Castellanos Hernández logró que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) finalmente atendieran su queja y comenzaran a investigar a los soldados que lo torturaron.

Él y otros 10 policías municipales de Tijuana fueron arrestados por órdenes del secretario de Seguridad Pública local, el teniente coronel Julián Leyzaola, y por el director de la Policía Municipal, el capitán Gustavo Huerta. El grupo de uniformados fue conducido a la II Zona Militar en septiembre de 2009, donde fueron torturados y obligados a firmar declaraciones que los vinculaban con el crimen organizado (Proceso 1722).

El 5 de noviembre último, en el marco de la 137 Sesión Ordinaria de Audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), varias organizaciones sociales expusieron el caso de los policías municipales de Tijuana y los de otros agraviados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En los otros casos las víctimas son dos policías ministeriales, 25 policías municipales y cuatro civiles. En ambos, los agraviados están presos en el penal de alta seguridad de El Rincón, Nayarit, procesados por presuntos vínculos con el narcotráfico y secuestro, respectivamente.

Las organizaciones que interpusieron la queja fueron: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) y el Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos de Baja California (OCDH-BC).

En aquella ocasión, Luis Castellanos, hermano de Ricardo, viajó a la sede de la CIDH en Washington y participó en la audiencia denominada Seguridad Pública y Derechos Humanos en Tijuana, Baja California. Ahí denunció que ni la CNDH ni la PGR habían atendido la denuncia que implicaba a elementos de la II Zona Militar (Proceso 1724).

Un mes después de la audiencia, el 6 de diciembre, Ricardo Castellanos fue puesto en libertad, junto con sus 10 compañeros, quienes estaban arraigados en el hotel Tijuana Inn.

Ese día, relata, “alrededor de las 10 de la mañana llegó un agente del Ministerio Público y nos hizo firmar un documento que no pudimos leer, y nos dijo que nos fuéramos. Al salir, señoras y niños que esperaban la visita, así como agentes federales, nos aplaudieron. Estos últimos sabían que los militares habían cometido una arbitrariedad contra nosotros, pues así nos lo hicieron ver durante el arraigo”.

El día del arresto, el 16 de septiembre, Ricardo fue trasladado a la II Zona Militar por indicaciones del capitán Gustavo Huerta. En ese lugar sus captores le vendaron los ojos y le inmovilizaron pies y manos, incluso lo envolvieron en una cobija.

Con voz entrecortada, relata: “No tengo duda de que los torturadores fueron militares. Me golpearon en todo el cuerpo y me colocaron una bolsa en la cara para asfixiarme; perdí el sentido en varias ocasiones, pero era despertado al parecer por una descarga eléctrica…”.

Después, del 20 de septiembre al 6 de diciembre, cuenta, estuvo esposado de pies y manos; incluso dormía sobre la alfombra de la habitación donde estuvo cautivo. Perdió 10 kilos.

Ya en libertad, acompañado por Silvia Vázquez Camacho, del OCDH-BC, Ricardo acudió el 10 de enero pasado a la delegación de la PGR para conocer su situación jurídica. “Estoy libre bajo reservas de ley, un término que me incomoda porque –dice– fui torturado y arraigado por un señalamiento falso”. Él y Vázquez Camacho se quejan porque, insisten, ni la denuncia que presentaron ante la PGR ni la queja interpuesta en la CNDH contra los militares que lo torturaron fueron atendidas.

Dos semanas más tarde, el 28 de enero, ambos se reunieron con el segundo visitador de la CNDH, Luciano Silva Ramírez, para formalizar la queja y para que peritos del organismo le aplicaran el Protocolo de Estambul. El propósito: certificar las secuelas físicas y psicológicas de la tortura que recibió Ricardo Castellanos. Durante la entrevista estuvo presente la abogada Mayra López, de la CMDPDH.

Las omisiones de la CNDH

Durante la reunión con el visitador Silva Ramírez, Ricardo Castellanos Hernández pidió la intervención del órgano de control interno de la comisión para que procediera contra el visitador de Tijuana, Iván Curiel Villaseñor, cercano al ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, por no integrar su queja mientras estuvo en las instalaciones militares y en el hotel.

Según Castellanos Hernández, cuando Curiel lo visitó en la II Zona Militar a petición de sus familiares, él le entregó un escrito en el que le describía su situación:

“Los soldados me estaban torturando y le pedí que procediera. Después, arraigado en el hotel, me enteré por mi familia de que ese funcionario dijo que yo no quería actuar en contra de los militares. Entonces lo mandé llamar. Y él argumentó que se había confundido, pero que había enviado mi testimonio a las oficinas de la CNDH en México.”

Sin embargo, dice Castellanos Hernández a la reportera, en la reunión con Silva Ramírez se enteró de que no había antecedentes de su queja, pues Curiel nunca mandó su testimonio. La abogada de la CMDPDH destaca que la omisión de la CNDH en el caso de Ricardo podría no ser la única. “Eso hace suponer –dice– que algo similar pudo haber ocurrido con las más de 2 mil quejas presentadas contra el Ejército en los últimos tres años”.

De manera simultánea, personal de la PGR inició una denuncia penal contra los militares que lo agraviaron. Al día siguiente, el 29 de enero, Vázquez Camacho, Castellanos Hernández y la abogada López se reunieron con el encargado del área jurídica de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, Carlos de la Torre.

Castellanos Hernández sostiene que el arraigo y las secuelas que le dejó la tortura no pueden superarse. “Durante seis años fui muy feliz en mi trabajo como policía municipal. Cuando me detuvieron no tenía miedo, pues pensaba que todo se iba a aclarar; nunca imaginé que los militares torturaran. Yo creía en ellos, me sentía más seguro cuando patrullaban Tijuana”, dice.

Y se explaya: “Esos hechos dañaron la estructura familiar, y financieramente fueron fatales. Yo era el sostén de mi familia y ahora no tengo trabajo. Mi prestigio quedó por los suelos. Lo que quisiera es que se limpiara mi imagen, que se dijera que nada de lo que se informó sobre mí era cierto, pero sobre todo quiero paz y tranquilidad para mi familia.

“Estaría conforme con saber que los militares que me torturaron, quienes deberían estar tras las rejas, no volverán a hacerlo, ni siquiera contra personas que sí sean responsables de algún delito.”

Otro de los casos denunciados en la sesión de la CIDH en noviembre pasado, el de los civiles Ramiro López Vázquez, Orlando Santaolaya Villarreal y los hermanos Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez, también fue desatendido por la CNDH, que los consideró “sin materia”.

Los cuatro civiles, detenidos el 16 de julio del año pasado en las playas de Rosarito durante un operativo militar, fueron torturados por elementos de la II Zona Militar y del 28 Batallón de Infantería. Permanecieron en los cuarteles hasta el 31 de julio. Luego fueron trasladados al penal de máxima seguridad de El Rincón, en Nayarit, acusados de secuestro y delincuencia organizada.

Los familiares de las víctimas presentaron una queja ante la CNDH el 17 de julio. Y el 30 de octubre siguiente, el entonces segundo visitador , Mauricio Ibarra Romo –quien fue sustituido por Luciano Silva Ramírez al término de la gestión de José Luis Soberanes Fernández–, les notificó, mediante el oficio CNDH/2/2009/3313/Q, que el caso estaba cerrado.

En el documento, cuya copia tiene Proceso, Ibarra señaló que “si bien a los indiciados el personal militar les practicó examen médico en cuyos dictámenes determinó que no mostraban lesiones por tortura, en dos de ellos se estableció que presentaban diversas lesiones, por lo cual el agente del Ministerio Público de la federación, al analizar las constancias de la indagatoria, considerando la probable comisión de actos delictuosos por el personal castrense, dio vista de la averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/1577/09/M-V a su similar adscrito a la II Zona Militar, en Tijuana, Baja California”. El Ministerio Público militar inició la indagatoria 27M/27/2009.

Asimismo, “estimó pertinente dar vista de los hechos al titular de la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena para que los haga del conocimiento de la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, para que investigue y resuelva lo que procede”.

Mayra López resalta que durante el encuentro con el visitador Silva Ramírez, quien sustituyó a Ibarra Romo, “se le pidió reabrir el expediente” porque, dice, la respuesta del entonces visitador no aclara cuáles fueron las actuaciones de la CNDH. Además, argumenta, someter a los agraviados a un juicio militar sólo los revictimiza”.

Respecto del seguimiento de los casos presentados el 5 de noviembre en la CIDH, la abogada de la CMDPDH señala que el gobierno mexicano ha pedido dos prórrogas a las solicitudes de información que le hizo el organismo interamericano, el 23 de noviembre y el 7 de diciembre de 2009, sobre 42 ciudadanos que fueron torturados por militares en Tijuana, sobre la figura del arraigo (fundamentación jurídica, controles judiciales, autoridades que lo ejecutan y los lugares destinados para ello), así como sobre las autoridades que investigan las denuncias de tortura.