La secretaría de Gobernación se hace pendeja :

Estén pendientes de alguna comunicación, responde funcionario de la dependencia



Periódico La Jornada
Sábado 19 de diciembre de 2009, p. 8
La Secretaría de Gobernación (SG) ha impuesto “tácticas dilatorias para establecer la mesa de negociación con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)”, advirtió Eduardo Bobadilla, secretario de Trabajo de esa organización gremial. “Están retrasando a propósito la cita”, comentó.

Después de tres emplazamientos frustrados en Bucareli durante la semana que concluye, el sindicato advirtió que continuará en la ruta jurídica para derogar el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), pero también en la exigencia del pago proporcional de aguinaldo para los cerca de 23 mil trabajadores que no han cobrado su liquidación.

El plazo legal para el pago de la gratificación anual vence el 20 de diciembre, pero hasta anoche no había ninguna cita formal con el gobierno federal.

El subsecretario de gobierno de la dependencia, Gerónimo Gutiérrez, se comunicó con la dirigencia del SME el jueves y sólo les indicó –de acuerdo con los representantes sindicales consultados– que “estuvieran pendientes” de alguna comunicación oficial.

El titular de la secretaría, Fernando Gómez Mont, se encuentra temporalmente inactivo, en recuperación, tras una intervención quirúrgica y posiblemente se incorpore hasta el mes entrante.

En Gobernación señalaron que no hay una fecha precisa para el establecimiento de la pretendida mesa de diálogo, en la que participarían incluso cinco mediadores propuestos por el sindicato de electricistas.

De igual forma, advierten que la postura de la administración calderonista continúa inamovible en rechazo a la petición de los trabajadores y ex trabajadores de LFC (unos identificados con Martín Esparza y otro bloque con Alejandro Muñoz) para que la recontratación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea colectiva y no a través de la selección y capacitación a cargo del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Lo anterior, aun cuando la segunda etapa de liquidación de trabajadores de LFC no ha tenido el éxito esperado por las autoridades y el grupo de Esparza advierte que no está interesado en aceptar las indemnizaciones y convertirse –como propone el gobierno federal– en empresas y/o cooperativas para fungir como provedores de bienes y servicios de la CFE.

Del recurso de revisión, tras el fallo de la juez de distrito, se supo que el equipo jurídico del SME lo interpondrá el miércoles de la semana próxima en un tribunal colegiado, justo cuando vence el plazo anunciado por la STPS para la segunda etapa de liquidaciones.

Los abogados, encabezados por Néstor y Carlos de Buen, así como Raúl Carrancá, tienen la certeza que la juez federal Guillermina Coutiño cometió evidentes errores en su resolutivo, especialmente al acreditar al SME personalidad jurídica para este litigio, no así a los trabajadores que son, precisamente, representados de este sindicato.

Además, existen evidencias en el veredicto de la juez acerca de la transgresión legal al someter los derechos consagrados en la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123 constitucional.

“La juez tuvo miedo de aceptar que el decreto de extinción de LFC es inconstitucional; además, dejaron la LFT muy por debajo de la Constitución”, afirmaron fuentes del SME.

¿ Quién protegía al "Jefe de Jefes" ?

Salvador García Soto
Serpientes y Escaleras
19 de diciembre de 2009

Sin restarle méritos a la acción de la Secretaría de Marina, que era la única que podía o capturar o abatir como lo hizo a Beltrán Leyva —pues en el Ejército y en la PGR contaba con círculos de protección que le habían permitido escapar ya en varias ocasiones de operativos para capturarlo, el último el fin de semana pasado en la narcoposada de Tepoztlán— la celebración del Presidente debería complementarse con un desmantelamiento igual de contundente de la red de corrupción política, económica y policíaca que permitió al jefe del cártel de los Beltrán Leyva hacer de Cuernavaca y otros municipios morelenses territorios donde se movía con total impunidad


No fue gratuito que no se haya dado aviso ni al Ejército ni a la PGR ni a otras áreas federales, que ya habían fracasado en otros intentos de captura del capo, presuntamente porque desde adentro de sus estructuras se filtraba información que avisó a los Beltrán

Detrás del “golpe contundente” que presumió desde Copenhague el presidente Felipe Calderón, tras la muerte en un tiroteo de Arturo Beltrán Leyva, hay todavía muchas interrogantes que no debieran agotarse en el triunfalismo gubernamental por la caída de una de las cabezas principales del narcotráfico en México: ¿Quiénes protegían al jefe de jefes, qué autoridades federales, estatales y municipales le permitieron operar en los últimos años y construir un emporio a la vista de todos en Morelos?


Sin restarle méritos a la acción de la Secretaría de Marina, que era la única que podía o capturar o abatir como lo hizo a Beltrán Leyva —pues en el Ejército y en la PGR contaba con círculos de protección que le habían permitido escapar ya en varias ocasiones de operativos para capturarlo, el último el fin de semana pasado en la narcoposada de Tepoztlán— la celebración del Presidente debería complementarse con un desmantelamiento igual de contundente de la red de corrupción política, económica y policíaca que permitió al jefe del cártel de los Beltrán Leyva hacer de Cuernavaca y otros municipios morelenses territorios donde se movía con total impunidad.


¿Sabía algo el gobernador Marco Antonio Adame o su antecesor Sergio Estrada Cajigal, en cuya administración El Barbas llegó a Morelos y lo volvió su centro de operaciones? ¿No se enteraron los últimos alcaldes de extracción panista de Cuernavaca, y el recién llegado priísta Manuel Martínez Garrigós, de que en su ciudad se ubicaban varias casas de seguridad donde los Beltrán Leyva vivían y operaban la mayor parte del tiempo?


Las policías locales y estatales estaban infiltradas y le pasaban información al narcotraficante, a quien avisaban de operativos federales que en varias ocasiones intentaron capturarlo. Apenas el 9 de mayo pasado, el gobernador Marco Antonio Adame tuvo que destituir a su procurador Francisco Coronato Rodríguez y a su secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca, en medio de acusaciones de que brindaban protección a los Beltrán Leyva. El 21 de mayo designó a Pedro Luis Benítez como nuevo procurador.



Protegido de la pgr

Antes del intento de captura del sábado pasado, cuando el Ejército irrumpió en una residencia de Tepoztlán donde se presume que estaba Arturo Beltrán Leyva, hubo varios operativos fallidos para capturarlo. En uno de ellos, la Policía Federal Preventiva (PF) estuvo a punto de detenerlo también en una casa de Cuernavaca en mayo de 2008. En aquella ocasión, un “pitazo” impidió la detención en un operativo del que estuvo al mando el comisionado de la Policía Federal Édgar Millán.

Unos días después, el 7 de mayo de aquel año, Millán fue asesinado a tiros por sicarios cuando llegaba a su domicilio en la colonia Guerrero y se asegura que su identidad y hasta su domicilio fue filtrado entonces por el también agente de la PFP, Édgar Ballardo, a la postre también ejecutado en un café a pesar de que era supuesto “testigo colaborador” de la PGR.




Beltrán Leyva había logrado tal nivel de infiltración en la PGR que hasta el subprocurador de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, llegó a tenerlo en su nómina. Ramírez Mandujano, colaborador cercano de Eduardo Medina Mora, ya estaba siendo investigado por aceptar dinero de los Beltrán Leyva cuando fue enviado por Medina Mora, en agosto de 2008, como representante de la PGR ante la Organización de Naciones Unidas para el combate al narcotráfico, con sede en Viena, Austria. De ese tamaño era el poder que llegó a tener Beltrán en la PGR.




En el operativo para capturarlo hay testimonios de vecinos del exclusivo conjunto residencial donde vivía, que afirman haber visto descender de un helicóptero a “marinos que parecían Rambos extranjeros”. La Secretaría de Marina afirma que fueron “cuerpos de Infantería” especializados los que iban a detenerlo y, ante la agresión de Beltrán Leyva que nunca quiso rendirse, terminaron abatiéndolo a tiros hasta dejar destrozado el cuerpo y el departamento donde se resguardaba.




La DEA afirmó que participó en las “labores de inteligencia” que permitieron a los marinos mexicanos —¿sólo mexicanos?— ubicar al capo y armar la sigilosa operación para detenerlo. No fue gratuito que no se haya dado aviso ni al Ejército ni a la Procuraduría ni a otras áreas federales, que ya habían fracasado en otros intentos de captura del capo, presuntamente porque desde adentro de sus estructuras se filtraba información que daba aviso a los Beltrán.




La contundencia de la que habló el presidente Calderón en este golpe, quedó demostrada no sólo por la manera en que se implementó el operativo y la fiereza con la que los miembros de la Marina pelearon hasta someter y abatir al capo y a sus escoltas. Incluso, se podría hablar de ciertos excesos, al mostrar el cuerpo destrozado y tapizado de billetes a los medios, como una forma de escarnio público y de propaganda para la guerra federal contra el narco.



Pero falta ver si la misma contundencia se muestra en lo que debiera seguir a este indudable golpe a uno de los principales cárteles. ¿Se van a investigar a fondo las redes de protección y corrupción que cubrían a Beltrán Leyva?


La pregunta también es si a este “golpe contundente” seguirán otros a otros cárteles del narcotráfico para que esto no parezca una guerra parcial.

Porque en lo que va de la administración calderonista —lo mismo que en el sexenio de Vicente Fox— con todo y su fuerte guerra antinarco, no queda totalmente claro si Joaquín El Chapo Guzmán es el narcotraficante más buscado o el menos encontrado.

Morelos, una preocupación para el PAN

Periodistas de EL UNIVERSAL
Bajo Reserva
19 de diciembre de 2009
En el PAN hay una gran preocupación por el asunto de Morelos. La razón es una, pero de mucho peso. Se trata de un estado gobernado por Acción Nacional desde hace 10 años y, en ese tiempo, los reales del narco se han dejado sentir en la entidad. Hoy se sabe que ya se amarra una reunión entre el gobernador Marco Adame Castillo y la cúpula panista, encabezada por el diputado federal César Nava Vázquez. La idea es conocer de viva voz del mandatario estatal la situación que prevalece en Morelos, y el entorno político, policiaco e incluso social que permitió que los capos de una de las organizaciones del narcotráfico más violenta y sanguinaria, fincaran su imperio en ese estado, con el cobijo, muy seguramente, de autoridades de distintos niveles. El nombre de su antecesor, y también panista, Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, comienza a ser mencionado en este caso.


El procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, puso el dedo en la llaga: la espiral de violencia que se podría desatar tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva luego del cruento enfrentamiento en una zona residencial de Cuernavaca. Por lo pronto, nos dicen, las Fuerzas Armadas se encuentran en una suerte de alerta máxima. Se espera que en las próximas horas el presidente Felipe Calderón se reúna con los integrantes de su gabinete de Seguridad para diseñar la estrategia de contención de la escalada de represalias que con toda probabilidad se avecina.


En el gobierno de la ciudad de México es ya fuerte el rumor de próximos cambios en el gabinete de Marcelo Ebrard. El murmullo que corre en los pasillos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento es que Martí Batres deja la cartera de Desarrollo Social, luego de un alejamiento de su jefe, con quien ya no tiene interlocución alguna, nos aseguran. Miembros del gabinete pregonan en la sede del gobierno capitalino que entre Ebrard y Batres hay un rompimiento político que tuvo su origen durante el pasado Congreso Nacional del PRD. En ese marco, seguidores de Martí Batres, incluyendo a su hermana Lenia, abuchearon al jefe de Gobierno. Nos comentan que el secretario de Desarrollo Social ya tiene redactada su renuncia y sólo esperaba el regreso de Ebrard de Copenhague, a donde asistió a la cumbre sobre el cambio climático, para presentarla al mandatario.


Sabedores de que la reunión de Copenhague terminaría en fracaso, en las últimas horas el presidente Felipe Calderón y su secretario de Medio Ambiente, Juan Rafael Elvira Quesada, se afanaron en la búsqueda de una bitácora de trabajo entre las potencias para pavimentar la siguiente reunión, en México. Su intención era anticipar una agenda que impida otro fracaso dentro de un año.

Apunte final: la Comisión de Mediación que colaboró en la localización de Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes, podría reintegrarse. El EPR solicitó a este grupo seguir con su labor de coadyuvancia ante el gobierno federal para dar con el paradero de sus militantes desaparecidos en mayo de 2006. La Comed se desintegró en mayo de 2009, por considerar que la Secretaría de Gobernación no contribuyó al establecimiento de las condiciones para dar seguimiento al caso.

El payasito de Milenio... Pobre cuate.

Obra pública de Gaby Cuevas, manchada por la corrupción

Redacción/SDP | 18 de Diciembre, 2009 - 17:22
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En la auditoría se encontraron presuntas irregularidades y observaciones de la Administración Delegacional del periodo 2006-2009, en mil 81 contratos de adquisiciones y servicios, así como de obra pública.
Envía..Grupo Fórmula, dio a conocer que en la delegación Miguel Hidalgo, la Contraloría Interna anunció la revisión de presuntas irregularidades y observaciones en contratos, servicios y obra pública, contratada por la administración de Gabriela Cuevas, la cual terminó su gestión el pasado 30 de septiembre del año que está por terminar.
A través de un comunicado de la Coordinación de Asesores, la delegación entregó a la Contraloría Interna de la Miguel Hidalgo, los documentos correspondientes al estudio contratado con la empresa TAO y Asociados S. C., mismo que tuvo una erogación para la Administración Pública de 10 millones 925 mil pesos.
En el documento se encontraron presuntas irregularidades y observaciones de la Administración Delegacional del periodo 2006-2009, en mil 81 contratos de adquisiciones y servicios, así como de obra pública, contratados por la Delegación Miguel Hidalgo en ese periodo de gestión, para que llegara al Órgano Interno de Control, para que éste a su vez, en el ámbito de su competencia, se evalué su contenido, y, en su caso, se realicen las investigaciones y los procedimientos en contra los responsables al servicio público.
En las fojas del documento hay resultados cuantitativos, que en los procedimientos de adjudicación directa de la delegación Miguel Hidalgo 2006-2009, en un 58% tienen incumplimientos presupuestales, el 31% por incumplimiento en cuanto a procedimientos, el 19% por incumplimiento jurídico. En cuanto al procedimiento de invitación, a por lo menos tres proveedores, el incumplimiento presupuestal es de 57%; el de procedimiento del 23% y el jurídico de un 30%. Pero también en el rubro de licitaciones públicas se incumplió con el 58%, el del procedimiento del 28% y en lo jurídico el 32%.
Como parte de los expedientes que fueron investigados se encuentran los de las vialidades de Palmas y Reforma, así como el del Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional, por sus montos presupuestales y el interés público que han generado.
Ahora, habrá que esperar que la delegación Miguel Hidalgo, espere que la Contraloría Interna, termine su auditoría y proceda en consecuencia.

Tan fácil que hubiera sido cumplir la palabra :

Función Pública inhabilita a guardería ABC... ¿ Y ya ?

Medio año después del incendio en el que murieron 49 niños, en Hermosillo, la empresa queda imposibilitada de contratarse durante cinco años y es condenada a pagar una multa de un millón 644 mil pesos

El Universal
Ciudad de México Viernes 18 de diciembre de 2009
15:35
Más de medio año después del incendio de la guardería de Hermosillo, Sonora, que causó la muerte de 49 niños, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dictó la inhabilitación de la empresa ABC, por lo que ni ésta ni sus propietarios podrán celebrar ningún contrato con el gobierno federal.

Un comunicado de la SFP reporta que el gobierno federal notificó su sanción a la Guardería ABC, que incluye una multa de mil salarios mínimos del Distrito Federal y que suma un millón 644 mil pesos.

La Secretaría de la Función Pública señaló que la sanción aplicada a la Guardería ABC es la mayor que permite la ley a una empresa.

Los cinco años de inhabilitación cobrarán sus efectos al prohibírsele a la Guardería ABC presentar propuestas y celebrar contrato alguno con las dependencias y entidades de la administración pública federal.

El castigo "impide a todos los socios de la empresa, incluso en otras sociedades, o como propietarios de otras asociaciones, hacer negocios con el gobierno", durante los cinco años de la sanción.

Respecto de la multa, ésta se aplicó "por la inobservancia de diversas normas de protección civil", en el inmueble que ocupaba la guardería.